Señalan a responsables históricos de crisis del Issstezac

Un grupo de pensionados responsabilizó a administraciones pasadas por autorizar prestaciones sin respaldo financiero y advirtió que la crisis del Issstezac no puede recaer en jubilados.

Edificio del Issstezac — Pensionados y derechohabientes presentaron un escrito para documentar decisiones y omisiones que derivaron en la crisis del Issstezac y evitar la repetición de prácticas negligentes. / Foto: Raúl García / El Sol de Zacatecas

Raúl García

Pensionados, jubilados y derechohabientes del Issstezac entregaron un “escrito de responsabilidad histórica” a autoridades estatales y federales con el propósito de documentar decisiones y omisiones legislativas que, aseguran, originaron la crisis actual del sistema de pensiones en Zacatecas.

El escrito dirigido a la Legislatura del Estado, al Congreso de la Unión, al Senado de la República, a la Auditoría Superior del Estado y al propio Issstezac, “con fines de esclarecimiento institucional, memoria legislativa y garantía de no repetición” en torno a la evolución del Instituto.

El documento está suscrito por cinco pensionados, jubilados y derechohabientes, representados por la firma de abogados JR Studio Legale, quienes manifiestan el interés público de dejar constancia documentada de decisiones y omisiones legislativas de sexenios previos.

En particular, señalan los periodos encabezados por Ricardo Monreal Ávila y Miguel Alonso Reyes, en los que —afirman— se instauró y consolidó el pago de aguinaldos a jubilados sin respaldo financiero, práctica que califican como negligente.

Los promoventes aclaran que la intención no es sancionar, sino que el documento sirva como un “ejercicio de verdad pública, memoria institucional y responsabilidad política estructural”.

Esta necesidad se ve forzada por el hecho de que ambos extitulares del Ejecutivo estatal continúan ejerciendo cargos de representación popular, lo que implica que siguen interviniendo en la deliberación legislativa.

Añaden su propósito de evitar que las decisiones de pasados gobernantes “sean utilizadas por el actual gobierno para justificar su desconocimiento de derechos adquiridos, el desacato de resoluciones judiciales o la transferencia de responsabilidades institucionales hacia personas pensionadas y jubiladas”.

Graves dichos

El escrito hace énfasis en la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual reconoce que el origen irregular de algunas prestaciones no faculta al Estado para desconocer derechos ya incorporados al patrimonio jurídico de las personas.

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Además, califican como “jurídicamente gravísimas” las descalificaciones públicas del gobernador David Monreal, del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, y del director del Issstezac, Ignacio Sánchez, en contra del fallo de la SCJN, al considerar que desconocen abiertamente sus efectos vinculantes.

Agregan que dichas declaraciones no son simples opiniones, sino “actos de autoridad en sentido material”.

El documento también advierte una contradicción institucional, al señalar que mientras en el discurso público el gobierno justifica la omisión de prestaciones por la quiebra del Issstezac, en su propio Plan Estatal de Desarrollo reconoce la obligación del Estado de encabezar su rescate y realizar aportaciones extraordinarias para garantizar la seguridad social.