SCJN da doble revés al gobierno de David Monreal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el reglamento estatal de Zacatecas con el que el gobierno ha retrasado la municipalización del servicio de tránsito; además, invalidó un artículo de la Ley de Protección de Datos Personales por invadir la competencia federal.

En el primero de los casos —Controversia Constitucional 191/2025— el pleno votó a favor del proyecto de la ministra Estela Ríos González, que da la razón al Ayuntamiento de Río Grande, el cual impugnó los plazos prolongados impuestos por el estado para atender su solicitud de transferencia del tránsito y seguridad vial.

La controversia fue promovida por el alcalde de Río Grande, Mario Córdova Longoria, y la síndica Gabriela Alvarado Vaquera, en contra de actos del Ejecutivo estatal, al considerar que se condicionó la entrega del servicio al cumplimiento de requisitos previstos en un programa estatal de transferencia, que los ministros consideraron inconstitucional.

En su análisis, la ministra Ríos González subrayó que “las leyes estatales no pueden hacer nugatorio el ejercicio de una facultad constitucional”, en referencia a la atribución de los municipios para prestar el servicio de tránsito y vialidad. Añadió que, aun cuando el estado asuma temporalmente esta función, el municipio “en cualquier momento puede solicitar reasumir dicha competencia”.

El fallo sienta un precedente para otros municipios de Zacatecas que buscan la municipalización del tránsito, como Jalpa, Fresnillo y Jerez.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN también invalidó parcialmente la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al resolver la Controversia Constitucional 254/2025 promovida por el gobierno federal.

La impugnación fue presentada contra el Poder Ejecutivo estatal y la Legislatura de Zacatecas por haber aprobado una norma que vulnera la competencia exclusiva de la Federación en materia de partidos políticos y sindicatos.

En específico, se invalidó la fracción III del artículo 3, que establecía al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) como autoridad garante del acceso a la información de los partidos políticos estatales, mientras que para los sindicatos designaba al Centro de Conciliación Laboral del Estado.

En el análisis de fondo, la ministra ponente explicó que el artículo 41 constitucional faculta únicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales de partidos políticos, sin distinción entre registros nacionales o locales.

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Conforme a los artículos 6 y 73 de la Constitución, así como a la Ley General de Transparencia, dichas atribuciones corresponden exclusivamente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.