Pese a que hace años que los gobiernos estatales y federales priistas se fueron con impunidad por sus crímenes, las y los pobladores de la región ocho del estado siguen padeciendo la otrora perversa estrategia para sofocar movimientos sociales y guerrilleros. El daño fue escandaloso y enorme.

No hubo durante toda la “guerra sucia” construcción o ampliación de carreteras, red hidráulica, electrificación, escuelas, centros de salud o programas sociales. A la población la estigmatizaron y miles de hectáreas en la sierra y sus habitantes fueron castigados y para ellas y ellos no hubo opción para desarrollo.

A la par de llevar recursos a la sierra, programas sociales, obras como Sembrado Vida y construcción de caminos artesanales, la 4T apuesta al fortalecimiento de la memoria histórica y la justicia transicional, pues nunca debemos olvidar lo que ahí pasó y hay que garantizar que no vuelva a suceder.

Por eso es relevante que el 18 de abril de 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 98VG/2023 sobre casos de violaciones graves a derechos humanos, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

La recomendación plantea, además de una disculpa pública, la obligación de que representantes del Estado Mexicano realicen un diagnóstico de las necesidades de las víctimas, garantizar una reparación integral, erigir sitios de memoria y modificar calles y espacios públicos que llevan los nombres de los perpetradores, así como retirar sus monumentos.