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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se vio envuelto en una polémica tras la difusión de un video en el que dos de sus colaboradores le limpian los zapatos en público, momentos antes de ingresar al Teatro de la República en Querétaro para la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución. Las imágenes muestran a Amanda Pérez Bolaños, directora de Comunicación Social de la SCJN, agachándose para limpiar una mancha en el calzado del ministro, seguida por otro colaborador que hace lo mismo en el otro zapato. El ministro permaneció de pie durante la escena, lo que generó críticas en redes sociales por considerarse un acto de prepotencia y contradicción con los principios de austeridad que ha promovido la Corte.
En respuesta a la controversia, Aguilar explicó que el incidente fue resultado de un accidente en el que su compañera derramó café y nata sobre sus zapatos, y que ella intentó limpiarlos por iniciativa propia. Afirmó que, al percatarse de la situación, le pidió que no continuara y le ofreció una disculpa, reiterando su respeto hacia ella. Subrayó que este hecho no refleja su actuar institucional ni personal, y negó tener actitudes de superioridad o soberbia.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado a la inversión pública y privada como eje de su estrategia de desarrollo, con el objetivo de acelerar el crecimiento económico sin comprometer el bienestar social mediante proyectos de infraestructura que generen empleo, mejoren la conectividad y eleven la calidad de los servicios públicos, particularmente en zonas históricamente rezagadas. Bajo este modelo mixto —con visión de largo plazo y alto impacto social— la administración federal prevé movilizar cerca de 5.6 billones de pesos hacia 2030 en sectores como energía, salud, agua, educación y transporte; tan sólo este año se añadirían alrededor de 722 mil millones de pesos en infraestructura, equivalentes a 2 por ciento del PIB, sin desplazar el gasto destinado a programas sociales.
En este contexto, el Hospital General Tláhuac del ISSSTE se perfila como un caso de referencia para el análisis gubernamental sobre la viabilidad de este esquema. Ubicado en el suroriente de la Ciudad de México, el complejo atiende a más de 1.4 millones de derechohabientes y destaca por su infraestructura de más de 34 mil metros cuadrados, 378 camas, 42 consultorios y ocho quirófanos, además de operar con aisladores sísmicos, certificaciones internacionales y sistemas automatizados que garantizan continuidad en servicios críticos.
Con más de 150 mil consultas, unas siete mil cirugías y más de un millón de estudios diagnósticos al año, el hospital ofrece especialidades —como hemodinamia, neurocirugía, quimioterapia y oncología pediátrica— que antes se concentraban en el sector privado; no obstante, especialistas advierten que mantener un complejo de este nivel exige inversión sostenida en tecnología, personal y mantenimiento, lo que vuelve inviable replicarlo únicamente con recursos presupuestales sin presionar otras prioridades del gasto público.
El primer mes del año estuvo marcado por claroscuros en materia de seguridad en el estado de Guanajuato; enero cerró con 138 víctimas de homicidio doloso, la cifra más baja en los últimos ocho años, sin embargo se registró uno de los ataques más violentos en la entidad, con 11 víctimas mortales en un ataque ocurrido en Salamanca. Los datos duros muestran que la estrategia Confía, implementada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha permitido una disminución de casi 50 por ciento del delito de homicidio doloso de acuerdo con los datos de la Mesa Nacional de Seguridad en la que trabajan de manera conjunta autoridades estatales con el gobierno federal.
En el municipio de Tijuana, Baja California, se inauguró ya el Centro Integral para la Atención de Niños con Autismo en las instalaciones de Caliente, un proyecto altruista impulsado por la doctora Noemí Cabrales y respaldado por la iniciativa privada. De acuerdo con Juan Carlos Hank, el complejo ofrecerá servicios integrales que incluyen equinoterapia, atención psicológica, actividades de siembra de plantas y espacios terapéuticos diseñados para estimular el desarrollo emocional, cognitivo y social de los menores; esto para generar un entorno seguro, inclusivo y terapéutico que permita a las familias acceder a herramientas que contribuyan al bienestar y progreso de sus menores hijos.
