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De los pendientes en materia de seguridad que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atenderá en breve, será el de poner orden en los cuerpos de vigilancia auxiliar, una corporación que, por décadas, ha operado sin estar regulada y cuyos ingresos millonarios son manejados de manera discrecional por los directores que han pasado en administraciones priistas y ahora en manos de Morena.
Nos dicen que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, envió ya un diagnóstico a la mandataria estatal para modificar la estructura de los CUSAEM (Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México), por lo que está en espera que se convierta en realidad. Lo que es un hecho, son los cambios que a principios de febrero se realizarán al interior de la institución en áreas administrativas para sanear adeudos que se tienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hablando del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tomó protesta este jueves 15 de enero a Juan Hugo de la Rosa García como nuevo secretario de Movilidad, en sustitución de Daniel Sibaja González, cuya renuncia se anunció desde la semana pasada, en un ajuste de gabinete que también incluyó el nombramiento de Joel González Toral al frente de la Junta de Caminos estatal, así como de Leo Larraguivel como director del Registro Civil y David Silva Miranda como titular del Instituto de la Función Registral.
Nos cuentan que detrás de estos cambios está un empresario misterioso, al que ligan como operador financiero del hijo de un importante político mexicano que está retirado en Chiapas y que logró enfrentar con su discurso de resentimiento a los pobres con la clase media y los ricos de este país. Que hace una semana le llegó por WhatsApp la petición de renuncia a Daniel Sibaja, directo del número de este hombre, incluso sin consultarlo con Delfina Gómez, quien no tenía intenciones de quitarlo. Allá en Toluca se habla mucho de que nadie puede controlar los impulsos de este personaje que sigue haciendo negocios y política al amparo del poder, un poder más elevado que el de la maestra y sus cercanos.
Ha causado muchas críticas que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, haya dispuesto que para su informe los asistentes deben registrar cualquier dispositivo electrónico que lleven consigo, incluidos los celulares particulares. En específico, los invitados y medios deberán enviar su identificación oficial el tipo de equipo móvil que utilicen, la marca, el modelo, el número de serie y hasta ¡la factura! De lo contrario, advierten, los dispositivos podrían ser confiscados.
La reforma electoral está por detonar la alianza cuatroteísta pues, además del tema de la distribución de los recursos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde serían los más afectados con la eliminación de los legisladores plurinominales. Los enterados aseguran que los ecologistas son los que más se han quejado por esas disposiciones, pero los reclamos han sido ignorados por el impulsor de la ley, Pablo Gómez; quien por su paso por la UIF incluso les habría mandado a decir que bajen los ánimos, pues ninguno de los líderes del PVEM pasaría una revisión de esa oficina.
El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, afirmó que la administración estatal mantiene una ofensiva jurídica —litiga, integra expedientes y presenta demandas— para frenar que “servidores públicos y empresas se sirvan del gobierno” en un escenario de recursos limitados, y aseguró que la instrucción del Gobernador es sostener un gobierno transparente, humano, cercano, comprometido y que dé resultados. En ese marco, dijo que el estado no puede quedar sometido a intereses particulares y que se pasará “de una etapa de deuda oculta y saqueo” a otra de “reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”, mientras el propio gobierno documenta un universo de litigios contra la entidad y montos reclamados multimillonarios. Que pronto comenzarán a saltar los nombres.
