La temporada de huracanes inició el 15 de mayo en el Pacífico y el primero de junio en el Atlántico y ambas concluirán el 30 de noviembre. Las principales afectaciones a la población y su entorno se derivan de la potencial precipitación de agua de lluvia y de los vientos huracanados que se pueden presentar en las costas.

Con el cambio climático, las tormentas tropicales y los huracanes se han hecho más intensos y su capacidad destructiva ha aumentado. Si tomamos en cuenta que la infraestructura en el mundo, y particularmente en México se diseñó con parámetros anteriores que incluso datan del siglo XIX y XX, cuando la ingeniería civil no contaba con suficientes datos estadísticos para conocer las tasas de retorno de tormentas atípicas, hoy existe más vulnerabilidad y riesgo de padecer desastres por estos fenómenos meteorológicos.

Por lo anterior, es indispensable prevenir, mitigar y, en su caso, atender durante y después las emergencias que se presentan en forma de inundaciones, derrumbes, deslaves, socavones, corte de vías de comunicación, etc. Los gobiernos de todos los órdenes deben tener establecidos planes y programas para la prevención y atención de los desastres naturales ya que su naturaleza es la consecución del bien común.

También es necesario que todos los municipios, estados y la Federación realicen obras de infraestructura bien planeadas, con estudios completos, permisos y proyectos ejecutivos autorizados debidamente. No se vale que a los particulares les exijan todos los requisitos que establecen las normas técnicas, ambientales y de planeación mientras que al gobierno se le excluye de cumplirlas.

Se requieren planes de protección civil y buen presupuesto para las dependencias que están involucradas en la atención de emergencias. Lo importante es la integración de una plantilla de personal profesional y experimentado que siga en su puesto pese a los cambios de administraciones.

Para prevenir, atender y realizar en su caso la reconstrucción de infraestructura o para ayudar a las personas afectadas por un huracán o lluvias atípicas es indispensable contar con una bolsa de recursos que estén a la mano y no dependan de que el gobierno tenga que buscarlos recortando otras actividades también importantes, por lo que es muy lamentable que desde hace seis años haya desaparecido el Fonden.

Finalmente, es necesario que México tenga una pujante iniciativa privada y particularmente empresas constructoras que conozcan bien los lineamientos para construir responsablemente, las reglas de operación de los programas de reconstrucción y cuenten con certeza jurídica para que, en caso de atender una emergencia, reciban el pago justo de las obras realizadas para abrir un camino, atender un deslave o restablecer el funcionamiento de la infraestructura afectada.

Si se sigue privilegiando el derroche de recursos en ocurrencias y malas obras y se sigue despreciando la planeación, el orden y la prevención creyendo que tener fideicomisos es tener recursos ociosos, cada año será más penoso prevenir, atender y reconstruir la infraestructura afectada por fenómenos meteorológicos cada vez más devastadores.