La lección central es que el debate de tarifas debe estar subordinado a una estrategia integral. Un gobierno transformador no puede quedarse en la superficie del problema sino ir al corazón del sistema.
La democracia directa debe servir para corregir el rumbo y para que la ciudadanía sienta que su participación cuenta. ¿Cómo evitar que se degrade en disputa de aparatos? ¿Cómo fortalecer una cultura de rendición de cuentas cotidiana?
La discusión pública por el aumento del pasaje en Xalapa abrió una pregunta que va mucho más allá de una tarifa, ¿cuál es el papel del Estado para garantizar un transporte eficiente y asequible, sin negar la realidad de los costos ni la inversión privada? Cuando la movilidad cotidiana se vuelve incierta o impagable, no se encarece sólo un traslado, sino que se fractura un derecho que sostiene a los demás. Se vuelve más difícil llegar al trabajo, a la escuela, a una consulta médica, a un trámite o a un encuentro familiar. Si moverse cuesta demasiado, la vida se estrecha.
En un proyecto de transformación, la movilidad no puede tratarse como un servicio cualquiera, sometido únicamente a la lógica del mercado. El transporte público es infraestructura social porque ordena la ciudad, define oportunidades y decide si el tiempo de las personas se usa para vivir o para sobrevivir. En el transporte se expresa, sin maquillajes, la desigualdad, quien tiene auto compra minutos; quien depende del camión paga horas.
Por eso hay que nombrar el tema correctamente, no es sólo transporte, es derecho a la movilidad. Y ese derecho implica condiciones mínimas —seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad—. Cuando un Estado reconoce la movilidad como derecho, cambia el punto de partida. La pregunta deja de ser ¿cuánto puede pagar la gente? y se convierte en otra, de fondo, ¿qué combinación de regulación, planeación, inversión y subsidios se requiere para que nadie quede excluido?
También hay una verdad incómoda que no se resuelve con discursos, que operar transporte cuesta. Cuesta combustible, refacciones, llantas, salarios, seguros, mantenimiento y renovación de unidades. Negarlo conduce a dos salidas igual de injustas, tarifas que expulsan a quienes menos tienen o deterioro del servicio que castiga a quienes no tienen alternativa. Si el transporte se precariza, lo pagan los mismos de siempre, quienes se suben todos los días.
Cuando el Estado se limita a autorizar tarifas —sin rediseñar el sistema, sin ordenar rutas, sin exigir estándares, sin transparentar costos, sin integrar soluciones— termina administrando conflictos en lugar de resolverlos. Y en política pública, administrar conflictos es la forma lenta de acumular malestar.
El papel del gobierno no es estar a favor o en contra de alguien. Es cumplir el mandato popular de poner en el centro el bienestar cotidiano, con soluciones técnicas y con justicia social. Eso exige una mirada completa que va desde la planeación urbana hasta la regulación del servicio; desde la seguridad vial hasta el trato digno; desde la renovación de unidades hasta la manera en que se define una tarifa con transparencia y criterios sociales.
Por eso conviene mirar experiencias que han avanzado. Ciudades que mejoraron su movilidad con arquitectura institucional y decisiones sostenidas. Integraron redes, construyeron corredores de alta capacidad, profesionalizaron la operación, aplicaron control de calidad, incorporaron tecnología y diseñaron financiamientos más inteligentes. En esos modelos, el precio del pasaje no camina solo, va acompañado de una estrategia que busca equilibrio entre viabilidad operativa y accesibilidad social.
Aquí es donde la Cuarta Transformación debe mirarse al espejo con responsabilidad. La 4T se sostiene —en su núcleo— sobre una idea de izquierda democrática, primero los derechos, primero la gente. Si ese principio se cree de verdad, garantizar movilidad digna no es opcional. Es una obligación ética frente a quienes pagan con horas de vida el desorden del transporte; frente a quienes destinan una parte desproporcionada de su ingreso a trasladarse; frente a quienes viven en la periferia y cargan con la desigualdad en forma de trayectos interminables.
El pueblo votó para que el gobierno tome responsabilidad, medie, regule, invierta y construya soluciones que resuelvan el día a día. En otras palabras, para que el poder público responda. Y esa respuesta en movilidad debe ir de la reacción al diseño; de la tarifa aislada al sistema integrado; del conflicto coyuntural a la política pública con justicia social. Eso no divide sino que honra el mandato. Y cuando un gobierno cumple ese papel, no se enfrenta a nadie; le cumple a la gente.
Pero el deber de cumplir no se agota en lo cotidiano. También se expresa en cómo entendemos la rendición de cuentas, y ahí vale mirar lo que ha vivido el país con la revocación de mandato, un instrumento que coloca una idea poderosa sobre la mesa. El pueblo no sólo elige, también evalúa. No sólo otorga confianza, también puede retirarla. En una democracia que se asume del lado de los derechos, ese principio debería fortalecer la vida pública.
Por eso fue relevante lo ocurrido en Oaxaca con el primer ejercicio estatal de revocación. La información pública disponible coincide en lo esencial, la participación aproximada de 30%, por debajo del umbral de 40% para que el resultado sea vinculante. Esa realidad —sin triunfalismos ni dramatismos— deja la enseñanza que la democracia directa se construye con legitimidad.
La lección no es para festejar ni condenar. Es para preguntar con honestidad: ¿qué nos está diciendo la ciudadanía cuando participa menos de lo requerido? ¿Qué nos advierte cuando un segmento significativo expresa inconformidad, aun si el resultado no obliga jurídicamente? La revocación, como mecanismo impulsado desde la lógica de la transformación, nos pone frente a un dilema que vale oro democrático, si el pueblo tiene derecho a evaluar, entonces hay que aprender a escuchar lo que no siempre es aplauso.
Si la Cuarta Transformación se asume como una apuesta por ampliar derechos y devolver centralidad al pueblo, esa promesa —si es auténtica— tiene implicaciones éticas. El espejo de la revocación ya mostró algo que conviene tomar con seriedad, la transformación exige una virtud política indispensable para gobernar a nombre del pueblo, la humildad de aprender del pueblo, incluso cuando el mensaje no sea cómodo.
Si queremos un país donde la vida cotidiana sea más justa, hay que empezar por lo que sostiene esa vida, por ejemplo el derecho a moverse sin miedo y sin ruina. Y si queremos una democracia más profunda, hay que sostener los mecanismos que permiten al pueblo hablar y ser escuchado, no sólo en campañas, sino en el ejercicio mismo del poder. De eso se trata gobernar con mandato popular, que los derechos se noten en la calle y que la voluntad ciudadana se respete en las instituciones.
