El Estado mexicano firmó la Convención en 1980 y la ratificó en 1981. Con ello se comprometió a presentar informes periódicos y el primero de ellos fue evaluado hace más de cuarenta años.
Más del 45 por ciento sufrió violencia en la infancia y el 14 por ciento refirió haber sido agredida sexualmente. De acuerdo con la ENDIREH, el estado de Veracruz ocupa el séptimo lugar por maltrato en la atención obstétrica.
Ha pasado casi un mes desde que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocido como CEDAW, emitió observaciones y recomendaciones al gobierno de México. Nuestro país es uno de los 189 Estados del mundo que ha signado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por lo que periódicamente presenta un informe para que esta instancia de la Organización de las Naciones Unidas evalúe sus acciones.
En 2025 tocó presentarlo en su décima emisión. Si bien el Comité se congratuló por la elección histórica de la primera Presidenta de la República, así como por la reforma constitucional que incorpora el derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia, manifestó preocupación porque nuestro país tiene graves inconsistencias para implementar en los hechos este tipo de reformas legislativas.
En el marco de numerosos temas, recomendó al Estado mexicano una inversión efectiva y sostenible en los derechos de las mujeres y en programas de igualdad de género. Externó su preocupación en materia de violencia de género contra mujeres y niñas, debido a su incremento y al papel que juegan en ello agentes estatales y organizaciones criminales.
Agregó que, en vez de atender con prontitud y eficiencia, la respuesta y atención es deficiente por parte de la autoridad. También las reducciones presupuestales a los de por sí precarios servicios esenciales de protección (albergues y centros de justicia), complejizan la grave situación.
Estas recomendaciones vinieron a mi mente hace unos días ante la virulencia de información relacionada a personal del Centro de Justicia de la Mujer de Veracruz (CEJUM), debido a hechos acontecidos en la capital del estado. No es la primera vez que este Centro genera contenido noticioso e indignación entre la población.
Ello no se debe a la delicada tarea que por ley debe cumplir esta institución para procurar justicia para las veracruzanas, sino a deficiencias y falta de perfil que luce su personal; por la ausencia de voluntad política de los gobiernos en turno para hacerlo funcionar debidamente asignando a profesionales expertas, presupuesto suficiente y el mandato de que cumpla su tarea debidamente.
Desde su creación, el CEJUM ha carecido de planeación estratégica y ejecución eficiente en sus funciones. Tal como señala la CEDAW en sus recomendaciones al Estado mexicano y las instituciones gubernamentales al servicio de las mujeres, ese Centro no brinda atención con prontitud y eficiencia sino con deficiencia.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), más del 68 por ciento de las mujeres en Veracruz de 15 años y más han experimentado violencia a lo largo de su vida. La violencia sexual ha sido sufrida por el 44 por ciento.
La situación de las veracruzanas, por decir lo menos, es delicada. Y no se trata de revictimizarse. Ahí están las cifras oficiales. Mientras se siga improvisando y haciendo apología de la mediocridad, la falta de estrategia para encauzar a una institución que debería ser crucial para la integridad y los derechos de las veracruzanas seguirá cobrando vidas.
No sé si es más preocupante esto o la falta de empatía y el exceso de misoginia de la sociedad civil: cuando la virulencia mediática termine nadie volteará a observar que el CEJUM debe funcionar con eficiencia, pues en ello va la vida y seguridad de muchas veracruzanas. Es duro saber que eso a nadie le interesa.
