---

  En el curso del periodo reformista del Estado mexicano hemos recorrido un buen trecho del camino hacia la legitimación democrática del poder, sin embargo, todavía no se ha trazado en México el sendero que pueda conducirnos sin reservas ni excepciones a un genuino estado de derecho. Ello sólo puede lograrse a mi parecer asegurando una democracia plena, la gobernabilidad y una verdadera legalidad.

El Derecho Constitucional moderno concibe a la democracia y al gobierno de leyes como dos elementos indisociables. Ello exige contar con un marco jurídico que, al mismo tiempo, reconozca un conjunto mínimo de reglas claras y eficientes vinculadas a la forma de elegir representantes e integrar órganos de representación popular, así como a los medios para controlar y limitar a dichos órganos, garantizando en todo momento el pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.

La democracia, en opinión de Michelangelo Bovero, exige ante todo que esté asegurada la igualdad entre todos los ciudadanos en el goce de los derechos fundamentales, no sólo los de libertad, sino también de los más elementales derechos sociales -a la supervivencia, a la salud, a la educación, etcétera- y exige sustancialmente que sus mecanismos institucionales -las reglas del juego, el sistema electoral, la configuración de los poderes públicos, sus funciones y relaciones recíprocas- estén estructurados de tal manera que puedan producir decisiones políticas con el máximo consenso y con la mínima imposición. En suma, para él, la vida pública de un colectivo puede ser considerada democrática si y sólo si las decisiones políticas no caen desde lo alto sobre las cabezas de los ciudadanos, sino más bien son el resultado de un juego en el cual participan, y controlan, los mismos ciudadanos.

La efectividad del constitucionalismo moderno depende hoy en día de lograr reducir por vías jurídicas e institucionales las tensiones que se manifiestan normalmente entre las normas y los derechos de los individuos, así como entre los órganos políticos -Ejecutivo y Legislativo- y los jurisdiccionales; así como de alcanzar el equilibrio entre estos dos principios. Equilibrio que sólo puede asegurarse mediante un profundo cambio en materia de legalidad y legitimidad.

Nuestra Constitución vigente desde hace más de ocho décadas correspondió fehacientemente al sistema presidencial prevaleciente hasta hace apenas algunos años en el país. Sistema que se basaba en una limitada competencia política y que estaba conformado principalmente por normas asociadas al mismo. Sin embargo, al irse produciendo cambios en el régimen electoral mexicano, tendientes a alcanzar un régimen de competitividad plena, y al producirse las transformaciones políticas en nuestro régimen presidencialista, se hizo urgente modificar algunas leyes conforme a la nueva realidad. No obstante, los esfuerzos de adecuación normativa, no fueron suficientes. Todavía en la actualidad existe un enorme desequilibrio entre la eficacia mostrada por las leyes electorales -la cual permitió incluso la alternancia política- y la ineficacia que sigue manifestando el resto de nuestro ordenamiento jurídico para responder a la nueva realidad política del país.

Las razones de la ineficacia del orden jurídico son muchas y muy complejas. No obstante, según los especialistas, existen tres factores que revisten especial importancia: la cultura jurídica, la práctica y el diseño constitucional.

El problema en materia de cultura y práctica jurídica se centra en el exceso de requisitos formales y tecnicismos procesales que complican los litigios, elevando los costos y el tiempo de resolución de los mismos, la existencia de obstáculos para acceder a la justicia, así como la poca credibilidad que el público en general tiene del sistema jurídico. Esta imagen sólo puede cambiarse mediante la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico, haciendo valer la ley hasta generar un proceso gradual, pero sostenido, de transformación cultural.

El problema en materia de diseño constitucional no es menos preocupante. La Constitución vigente en México y la mayoría de sus reformas han sido diseñadas considerando un Poder Ejecutivo sin contrapesos efectivos, no sólo por las desviaciones de hecho, sino también por las de derecho. De ahí que para garantizar un efectivo equilibrio entre los poderes y, por esa vía, un genuino gobierno de leyes, sea indispensable no sólo superar los factores extralegales del presidencialismo ni sujetar el ejercicio de la función presidencial a las facultades atribuidas por la Constitución al Presidente, sino además revisar nuestra Constitución.

La nueva realidad del país y las elecciones federales del 2012 nos obligan a repensar nuestro proyecto de nación, nuestra Constitución y las reglas de relación entre los poderes.