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  Al arribar a la mitad del mandato del presidente Felipe Calderón es evidente que el país padece una crisis de múltiples dimensiones, que requiere de respuestas trascendentes. La crisis económica, que parece ir agotando su ciclo en el ámbito productivo y de comercio, profundiza sus efectos en el empleo y el salario, ampliando los márgenes de la pobreza. No menos grave es la crisis de seguridad y la presencia y poder del crimen organizado, que no termina de ser cercado, a pesar de los importantes golpes que ha recibido. A ello hay que sumar la crisis ambiental e hídrica, cuyas consecuencias reales no terminan de dibujarse. Ello por citar sólo los fenómenos que aparecen en la cresta de la ola.

Las medidas anunciadas por el Presidente, en el acto convocado ex profeso para dar a conocer a la opinión pública el estado que guarda el país, no dejan de ser un catálogo de buenas intenciones, en las que particularmente nadie puede estar en desacuerdo. Pero son insuficientes y limitadas. Lo que requiere el país es un verdadero golpe de timón que reoriente la política económica y no sólo atienda al déficit fiscal; refuerce la política ambiental e hídrica y reformule la política de seguridad (de inteligencia, policial y de procuración y administración de justicia). No son suficientes los esperados cambios en el gabinete para que este giro que se requiere pueda darse. Se precisa de voluntad de concertación y recoger los planteamientos que las principales fuerzas opositoras en el Congreso han señalado. Se requiere ampliar y modificar el catálogo de iniciativas del Ejecutivo, así como también diseñar su instrumentación.

En este viraje que se requiere, un tema insoslayable es la atención al campo, que se encuentra presente en los nudos de las problemáticas que he señalado. En efecto, en el campo se presenta una triple problemática; una crisis alimentaria, una crisis ambiental y una crisis de seguridad.

La falta de políticas sociales, productivas y ambientales ha generado la pérdida de la capacidad productiva de amplísimos territorios geográficos y sociales de nuestro país, privilegiando la importación de productos básicos por sobre la producción nacional. Se carece de asistencia técnica, semillas mejoradas, precios de garantía, abasto, tecnificación y asesoría para la producción y comercialización de los productos.

La pobreza, unida a la acción irresponsable de empresas y particulares que inducen al arrasamiento de bosques y selvas, al uso de fertilizantes y pesticidas y a la degradación de suelos y aguas, no sólo tiene efectos inmediatos sobre éstas, sino que contribuye a los fenómenos mundiales del cambio climático y el calentamiento global, que pueden llevar a una catástrofe mundial.

Pero también la falta de apoyos al campo, que ha generado el abandono de tierras cultivables o a su pauperización, han abierto márgenes para la intromisión del crimen organizado. El narcotráfico ha sustituido a la acción de un Estado indolente y se beneficia con las necesidades y el trabajo de los campesinos en la producción y comercialización de estupefacientes. Se ha documentado ampliamente que cerca del 20 por ciento de las tierras cultivables del país hoy son controladas por el narcotráfico.

El problema de la seguridad nacional tiene entonces una doble vertiente en el México rural: se expone la soberanía alimentaria, por un lado, mientras, por el otro, crece la presencia del crimen organizado.

La mínima lógica señalaría que para combatir los cultivos ilícitos deben ofrecerse alternativas productivas a los campesinos del país, no asumirlo en esta dimensión es poner la carreta delante de los bueyes, como hace unos días expresara un dirigente campesino del país.

El campo mexicano y el país, en general, reclaman cambios profundos. Estos no serán posibles sin la construcción de una alternativa ideológica, política y social, con un profundo contenido ético y que proponga soluciones y alternativas a favor de los sectores más pobres y desposeídos del país, que son hoy la mayoría.