Durante el último periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión recién concluido, se aprobaron importantes ordenamientos tendientes a garantizar el desarrollo del proceso electoral nacional del 2009, de acuerdo con el nuevo marco de instituciones y procedimientos electorales definidos por las reformas constitucionales en la materia, como la nueva ley de medios de impugnación. Los diputados y senadores también aprobaron reformas constitucionales para darle un nuevo formato al informe presidencial y terminar con el llamado "veto de bolsillo", que no era sino la omisión voluntaria y no sancionada que podía realizar el Ejecutivo al no publicar una ley o decreto aprobados por el legislativo. Sin embargo, no fue posible conseguir la aprobación de una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados, que resultaba de vital importancia para el gobierno de Felipe Calderón y que en buena medida justificaba la negociación global por una nueva relación, más transparente y democráticamente evolutiva, entre los poderes de la Unión; se trata de la facultad del Ejecutivo para poder enviar dos iniciativas de trámite preferente al Congreso por cada periodo ordinario de sesiones. La reforma en comento, obligaría a los legisladores a dictaminar, discutir y aprobar o no las iniciativas preferentes, antes de la conclusión del periodo ordinario o extraordinario de sesiones, con lo cual se evitarían los debates inútiles y las estrategias dilatorias de algunos partidos para bloquear las iniciativas duras del Ejecutivo en lo que sería la plena realización de su programa de gobierno a través de la ley.

Lo paradójico del caso es que la reforma mereció la aprobación del Senado de la República dentro de lo que parecía un paquete global previamente negociado, sin obtener la mayoría calificada requerida por tratarse de una modificación al texto constitucional, en la Cámara de Diputados. Las causas de dicha falta de mayoría fueron, por un lado, las fallas en la coordinación parlamentaria del PAN que no pudo defender la votación con la totalidad de sus diputados, muchos de ellos ausentes del Salón de Sesiones durante esos momentos, y, por otro lado, lo que se expresó como una negociación parcial de último momento que excluyó una parte fundamental de la reforma originalmente negociada, la cual consistía de incluir la igualmente iniciativa preferente de las fracciones parlamentarias. Parecería absurdo y quizá incongruente otorgar prioridad en las iniciativas a quien ya de suyo la tiene, como es el caso de los legisladores que en forma exclusiva discuten y aprueban las leyes en las que converge su consenso. No obstante, el espíritu de esa parte de la reforma, la de conceder también iniciativa preferente a los grupos parlamentarios de los partidos representados en el Congreso, más que la competencia de preferencias con el Ejecutivo, tenía por objeto limitar de una manera sutil el derecho de iniciativa individual que tienen los diputados y senadores, en aras de discutir y aprobar preferentemente aquellas iniciativas que contaran con el consenso de los grupos parlamentarios y por lo tanto, con mejores condiciones para su trámite rápido y posterior aprobación. La medida también hubiera contribuido a evitar la saturación de iniciativas que ni siquiera son consideradas a discusión y que van a parar al cajón del rezago, suponiendo una extraordinaria pérdida de tiempo en detrimento de la correcta y amplia discusión de las iniciativas trascendentes para la vida nacional. Por otra parte, la iniciativa preferente para los grupos parlamentarios, hubiera tenido un efecto positivo en algo que es fundamental para consolidar un régimen plural con oposición leal al sistema, la disciplina de partido.

Así es que, sin iniciativa preferente tanto para el Ejecutivo como para los grupos parlamentarios, seguiremos teniendo en México un tortuoso y lento proceso legislativo, víctima susceptible de chantajes y presiones como el prolongado debate para la reforma energética.

Otras reformas negociadas previamente y que no fueron aprobadas por la cámara de origen, especialmente las cúpulas de PRI y del PAN en el Senado de la República, fueron las modificaciones a la Ley de Radio y Televisión, para facultar a las autoridades competentes a cancelar las concesiones de radio y televisión frente a violaciones graves a las reglas constitucionales en materia de comunicación electoral. Sin duda, los coordinadores de las fracciones parlamentarias le tuvieron miedo a una reforma que los hubiera puesto mal ante los medios masivos de comunicación y que hubiera comprometido sus aspiraciones políticas a futuro. En suma, reformas inconclusas y negociaciones confusas.