Opinión
Eduardo Andrade Sánchez
La función reguladora del estado

Organización Editorial Mexicana
10 de diciembre de 2008

EL ÍNDICE DE MORTANDAD LLEGÓ A 10.91 MUERTES DIARIAS VINCULADAS CON LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LO QUE VA DEL SEXENIO.

Tiene toda la razón Carlos Slim al proponer que se fije un límite a las exorbitantes tasas de interés que cobran los bancos pues el libre juego del mercado en este rubro, demuestra su incapacidad para la ordenación y funcionalidad de la intermediación financiera. No debemos olvidar que junto a la dimensión política del Estado, derivada de ser una condensación centralizada del poder en una determinada sociedad, está su faceta de sujeto instrumentador y regulador de actividades económicas. Su aspecto político, centrado en el concepto de "poder", se explica y legítima por su finalidad: organizar la vida del conjunto para satisfacer sus necesidades, lograr el bienestar colectivo o el bien común, como quiera llamársele. Todo ello supone un orden normativo que haga posible esa organización y actividades concretas ejecutadas por el Estado encaminadas al fin propuesto. Estas dos funciones aparecen en la realidad juntas, aunque conceptualmente se les pueda separar; en la práctica el Estado realiza tanto funciones de regulación como de administración concreta. No es exclusivamente un poder normativo que dicte disposiciones y las haga cumplir, sino también un sujeto que actúa en la realidad social y administra los bienes de la colectividad.

La función que hemos denominado reguladora opera mediante la actividad legislativa; ésta es la capacidad del Estado para dictar normas de observancia general consideradas legítimas debido a la necesidad del conjunto de acatarlas por el bien que ello le representa. La autoridad centralizada que caracteriza la forma estatal, se manifiesta mediante el establecimiento de un orden normativo que puede hacer respetar en virtud de disponer de medios coactivos. La regulación normativa de la sociedad se desenvuelve en dos ámbitos principales: el de la normación de determinadas relaciones de carácter personal dentro del campo estricto de los atributos intrínsecos del ser humano y, el referido a las cosas y a las relaciones de los hombres en función de tales cosas o satisfactores, vitales o superfluos. Desde las más remotas legislaciones existe un conjunto de normas que se refieren a aspectos propios de la personalidad, entre éstas, en el ámbito penal, la preservación de la vida, de la integridad corporal y del honor, o bien en el Derecho Civil las normas relativas al estado y capacidad de las personas. Pero, además, se encuentran, en los dos campos jurídicos mencionados, los preceptos relativos a la regulación de aspectos económicos, por ejemplo, las normas que protegen la propiedad en el ámbito penal y, en el civil, prácticamente todo lo que se refiere al régimen de las cosas, las sucesiones y las obligaciones. Incluso los asuntos considerados estrictamente personales, como los relacionados con el parentesco, pueden dar lugar a normas que tienen que ver con la satisfacción de necesidades y, en consecuencia, con el ámbito económico: pensemos en la obligación de otorgar pensión alimenticia.

Esta reflexión nos muestra como la legislación regula, en cualquier Estado, una gran cantidad de relaciones económicas; más aún, la mayoría de las normas tienden a regular aspectos de esta índole, por ello no debe excluirse la posibilidad de determinar legalmente un máximo a los cobros de interés bancario, antes de que produzcan un efecto devastador en nuestra economía.

eandrade@oem.com.mx
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