Por desgracia nunca había tenido tanta pertinencia el viejo dicho de que, "después del niño ahogado tapar el pozo", pero también, lamentablemente las dimensiones que va asumiendo el pozo de la inseguridad no hacen previsible, a corto plazo, que pueda ser tapado. Como se comentó en la reciente reunión del Consejo Nacional de Seguridad, años de indolencia y de inacción han permitido que la delincuencia organizada, y la delincuencia sin más, hayan extendido su presencia en amplios territorios de la geografía nacional. Pero sobre todo que se han extendido debido a la impunidad y la ineficacia, de larga data para contener y combatir al delito, e indudablemente merced a las redes de corrupción.

No es nueva la demanda ciudadana por imponer el imperio de la ley y garantizar la seguridad de su vida, su familia, sus bienes, su seguridad. Lo novedoso es que este reclamo se hace hoy airado, pero bajo una nube de miedos crecientes ante el desamparo en que el ciudadano común viene quedando.

Nadie duda de que los acuerdos obtenidos en la reunión aludida representa un primer paso para lograr los fines que en ella se plantearon, pero son pocos los que confían en que estas medidas puedan tener eficacia, sobre todo, en el corto plazo. Sin embargo, el descuido que se sigue manteniendo sobre el fundamental aspecto de la prevención hace nugatorio cualquier esfuerzo en el largo plazo.

Las sociedades más seguras no deben su felicidad a la excelencia de su sistema normativo y ni siquiera a la excelencia de las autoridades que lo aplican, sino a la excelencia de sus ciudadanos y su grado de civilización.

Un sabio consejo japonés expresa que si se quiere combatir la malaria, en vez de matar mosquitos, hay que desecar los pantanos. En el caso de las conductas antisociales y de la delincuencia hay que obrar de la misma manera: más importante, más rentable y más eficiente que la persecución del delito es la prevención de estas conductas, lo cual no exime de la investigación, persecución, procesamiento y cumplimiento de la sentencia de los delincuentes.

Independientemente de que se logren avances en el diseño y operación de una eficaz política criminal, desde la policía, la investigación de los delitos, hasta la sentencia de quienes hayan sido declarados culpables, debe insistirse en la importancia y la necesidad del aspecto preventivo.

La prevención es una acción que requiere de un esfuerzo concertado de todos. Bajo la rectoría del estado se requiere de una conjunción de acciones entre los diversos niveles de gobierno y esferas de la actividad del Estado, interactuando con la sociedad para desarrollar las acciones de educación, cultura, deporte y recreación, especialmente orientada a la población en edad escolar. Es necesario enfatizar que un aspecto no suficientemente cuidado en este ámbito es la oportuna y eficiente transmisión de una estructura axiológica que inculque en la conciencia individual los valores de respeto a las reglas de la convivencia. Esta tarea debe ser refrendada por programas específicos, en la enseñanza básica y media.

El objetivo de la prevención es impedir el nacimiento de delitos atacando sus causas; es resolver los desajustes y desequilibrios que influyen en la comisión de conductas antisociales. La ley y la justicia son elementos esenciales del sistema valorativo de la comunidad, que necesitan coordinación y articulación en el sistema valorativo de cada familia y de cada grupo social, para extenderse a la sociedad en su conjunto. Por ello la prevención es corresponsabilidad para establecer formas de interacción que permitan construir la conducta equilibrada, individual y colectiva. En ello concurre de manera significativa la participación de los medios de comunicación social. La información para la formación de la opinión pública, responsable y madura; así como la participación de los medios, al proporcionar cultura y recreación, deben tener una orientación que fortalezca la estructuración valorativa de sus espectadores, sobre todo los más jóvenes. Sin una participación proactiva de los medios de comunicación de todo tipo, la política pública de prevención quedaría seriamente expuesta en sus resultados.

Prevenir es, en suma, anticiparse. Su costo-beneficio es inconmensurable con el costo de la punición. La aplicación del derecho punitivo es la razón última del Estado y, en su caso debe ser eficaz y oportuna. Las leyes más severas, más jueces, más policías y más cárceles sin un programa nacional serio y responsable de prevención del delito puede significar más reclusos, pero no necesariamente menos delitos.