Opinión
Derecho Familiar
Julián Güitrón Fuentevilla
Derecho penal familiar

Organización Editorial Mexicana
17 de agosto de 2008

Tercera y última parte

RESUMEN...

En las dos entregas anteriores hicimos hincapié en la importancia que tiene el Derecho Penal Familiar y nos referimos a algunas partes del Código Penal vigente para el Distrito Federal, subrayando algunas hipótesis, que hoy concluiremos, refiriéndonos de manera general del artículo 1° al 365 de la legislación citada, en los delitos vinculados con la familia o sus miembros. Ante las peticiones que por distintos medios electrónicos y telefónicos hemos recibido de nuestros distinguidos lectores, a continuación nos referimos a nuestro concepto de Derecho Familiar; a destacar su naturaleza jurídica, afirmando con criterios e investigación científica que aquél es un tercer género, diferente al privado y al público, y al mencionar el Derecho Penal Familiar, hemos enunciado el contenido de su parte general y que más adelante la hacemos con la especial. Entendida ésta como la que se refiere a los diversos delitos que regula el ordenamiento penal, los tipos que describe para que la conducta u omisión venga a adecuarse y a constituir uno de los elementos fundamentales del delito, como es la tipicidad.

CONCEPTO DE DERECHO FAMILIAR

El Derecho Familiar es tan importante, que hoy en día es indiscutible su separación del Derecho Privado y del Derecho Civil, para emerger como un nuevo género que protege a la familia. Para nosotros, el Derecho Familiar es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los miembros de una familia entre sí y los que éstos tienen con otras familias, con la sociedad y el Estado.

¿CUAL ES LA NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO FAMILIAR?

El Derecho Familiar tiene una naturaleza jurídica distinta al Derecho Civil, fundamentalmente porque no se le aplican las teorías en que se apoya el Derecho Civil, como son la autonomía de la voluntad, la de la exteriorización de la voluntad, la de la representación, del mandato del poder, la de las modalidades del acto jurídico, la de la renuncia de derechos privados, la de la enajenación, cesión, comercialización, venta, compra, etcétera, de derechos privados. Tampoco se aplica al Derecho Familiar la teoría de las nulidades del Derecho Civil, como es la inexistencia, la nulidad absoluta o la de la nulidad relativa. La no intervención del Estado en relaciones particulares y que sí es vigente en el Derecho Familiar. Otro principio es que la ley regula la relación familiar y no la voluntad particular. También debe considerarse que la ley determina el contenido de las potestades en Derecho Familiar, por ejemplo, con relación a los hijos de los cónyuges, y en el privado, es la voluntad particular la que manda. En cuanto a los efectos de los actos del Derecho Familiar, éstos surgen aun en contra de la voluntad de sus autores, como ocurre en la filiación, en el matrimonio, en los testamentos, en los intestados, en la tutela, en la adopción, en cambio en el Derecho Civil no se da de esta manera.

Porque los actos del Derecho Familiar exigen certeza y duración, en ellos interviene el poder público que no tolera limitaciones que provengan de los particulares. La voluntad privada es impotente por sí sola para crear la relación familiar, que es distinta a todas las demás. La teoría de la prescripción no se aplica al Derecho Familiar, incluso, si los deberes familiares se abandonan, no se cumplen o se ejercitan mal, se pierden como sanción y no se adquieren como derecho.

La teoría del patrimonio de Derecho común, explotación, liquidación, etcétera, no se aplica al Derecho Familiar Patrimonial; por ejemplo, el patrimonio de familia, la sociedad conyugal, la de gananciales, la separación de bienes, los alimentos o las pensiones. Asimismo, debe considerarse la inclusión de normas de Derecho Familiar en las constituciones políticas de los diversos países del mundo como se da en México y en otros, y que en cuestiones de Derecho Civil no hay estas declaraciones específicas.

EL DERECHO FAMILIAR ES UN TERCER GENERO

Debe destacarse que dentro de la trascendencia del Derecho Familiar, la aportación para considerarlo como un tercer género, distinto al Derecho Privado y al Derecho Público, es una aportación de Antonio Cicú, quien sostuvo que este Derecho "no forma parte del público, ni del privado, sino que es un nuevo género, autónomo e independiente de los enunciados".

Dada la trascendencia del Derecho Familiar, nos vamos a permitir someter a la consideración de nuestros distinguidos lectores, nuestra tesis sobre el Derecho Familiar Penal, basada en el estudio y análisis que hemos hecho del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la ciudad-capital.

DERECHO FAMILIAR PENAL

Desde nuestro punto de vista, siguiendo los principios doctrinales, las normas positivas vigentes respecto a los delitos, a la ubicación del delincuente como miembro de una familia, a las responsabilidades, a las penas y a las medidas de seguridad, sostenemos que el Derecho Familiar Penal es un conjunto de normas jurídicas que protegen y tutelan a la familia, cuando por medio de actividades ilícitas realizadas por sus miembros o en contra de su familia, se alteran las relaciones familiares, poniendo en peligro o dañando a la célula básica por excelencia.

PARTE GENERAL

Basamos nuestra exposición en dos partes fundamentales del Derecho Familiar Penal, que son la Especial y la General. Incluimos en la Parte General el delito, las penas, los responsables, los autores, los cómplices, los encubridores, los diferentes grados de ejecución, a las circunstancias, eximentes o atenuantes de responsabilidad, la extinción de la responsabilidad penal, civil y familiar.

PARTE ESPECIAL

La Especial, que como ya lo habíamos mencionado, incluye delitos en cuanto a la aplicación personal de la ley; las diferentes formas de comisión; las causas de exclusión del delito; el trabajo a favor de la víctima o a favor de la comunidad; la sanción pecuniaria, la suspensión o privación de derechos, destitución e inhabilitación para el desempeño de cargos, comisiones o empleos; el tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; la aplicación de penas y medidas de seguridad; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; del Libro Segundo, en su parte Especial, en el Título Primero, que se refiere a los delitos contra la vida y la integridad corporal; las lesiones; el aborto; la procreación asistida, inseminación artificial y manipulación genética; los delitos de peligro para la vida o salud de las personas y en los delitos contra la libertad personal, el secuestro; el tráfico de menores; la retención y sustracción de menores o mayores incapaces y en los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo sicosexual; el abuso sexual; el incesto y del Título Sexto de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, cometido contra las personas mayores y menores de 18 años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta; específicamente la corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir la conducta; entre otros la explotación laboral de menores o personas con discapacidad física o mental; de delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria; los cometidos en contra de un integrante de la familia, específicamente la violencia familiar; los cometidos contra la filiación y la institución del matrimonio; la bigamia; las amenazas; los delitos contra el patrimonio como el robo; el encubrimiento por receptación y las disposiciones comunes a ellos; en el Capítulo de los delitos contra el servicio público, cometido por servidores públicos, el Derecho Penal Familiar aparece cuando se hace un uso ilegal de atribuciones y facultades, se trafica la influencia o cuando hay denegación o retardo de justicia y prevaricación, así como la evasión de presos y la falsedad ante autoridades. En los delitos cometidos por particulares ante el Ministerio Público, autoridad judicial o administrativa, destacan además del fraude procesal, la falsedad ante autoridades; el encubrimiento por favorecimiento, así como los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión que originan una gran responsabilidad, así como cuando por parte de quien presta un servicio médico hay abandono, negación o práctica indebida de aquél. También hay responsabilidad de directores, encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias. En cuanto a las vías de comunicación, existe el delito de violación de correspondencia que, como dijimos, caen en el ámbito del Derecho Penal Familiar.

LOS ANTERIORES ENUNCIADOS CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES DELITOS RELACIONADOS ESPECIFICAMENTE CON LA FAMILIA

El artículo 12 del Código en cuestión, al referirse a la validez personal y edad penal, ordena que sus normas se aplicarán a todas las personas a partir de los 18 años de edad; sin embargo, con la reforma al 18 constitucional, hay que subrayar que este precepto tiene que modificarse, porque aquél al cambiar el sistema tutelar por el garantista, con relación a los menores de edad, les imputa a éstos responsabilidad penal de los 12 a los 18 años de edad; con la consideración de que, de los 12 a los 14 años, no serán acreedores a sanciones de prisión. En las formas de comisión del delito, el artículo 16 ordena que en los delitos de resultado material, habrá responsabilidad penal si quien tiene la custodia de la vida, la salud o la integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo, no actúa correctamente. Dentro de las causas de exclusión del delito, el artículo 29 dice que "se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se causa un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación...". En ese aspecto del trabajo a favor de la víctima o de la comunidad, el artículo 36 dispone que éste "se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario de labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y la de su familia...". Dentro de la sanción pecuniaria, es importante destacar el concepto de multa; cuando la ley dice días multa, significa que cada uno equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de cometer el delito; y el límite inferior es el equivalente al salario mínimo diario vigente al momento de cometerse el delito. En este sentido, al hablar del derecho de la reparación del daño, el artículo 45 destaca que si no hay víctima u ofendido, tienen derecho a aquél o aquélla sus herederos, derechohabientes, en los términos del derecho sucesorio, calificado por nosotros como el Derecho Familiar Patrimonial. Al respecto, el artículo 46 obliga a que los tutores, curadores y otros, respondan por los delitos cometidos por inimputables que estén bajo su autoridad. Al hablar de sociedades o agrupaciones, por delitos cometidos por socios o gerentes, el precepto en cita exceptúa de esa responsabilidad a la sociedad conyugal, en virtud de que en el caso concreto, cada cónyuge debe responder con sus bienes, es decir, los que le son propios, para reparar el daño que hubiere causado. También debe subrayarse la preferencia en cuanto a la reparación del daño por lo que se refiere a las obligaciones alimentarias. La suspensión de derechos, como consecuencia de la pena de prisión en Derecho Familiar, se refiere a los de tutela, curatela y albacea, entre otros. Por lo que hace a inimputables o que no lo sean pero estén disminuidos, la ley determina en el artículo 63, que éstos deben ser entregados a sus familiares o a quienes tengan obligación de hacerse cargo de ellos, a condición de que reparen el daño. En la aplicación de penas y medidas de seguridad, los criterios para individualizar la pena comprenden, según el artículo 72, los vínculos de parentesco, así como los de amistad. En este caso se incluye el supuesto de auto de formal prisión contra personas mayores de 70 años de edad o con mala salud, que deben quedar en prisión preventiva en su hogar familiar. Cuando hay una suspensión condicional de la ejecución de la pena, para gozar de este beneficio el sujeto debe abstenerse de causar molestias al ofendido o a sus familiares, según lo ordena el numeral 89. En los delitos contra la vida y la integridad corporal, los artículos 125 y 126 ordenan lo siguiente: "Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Sin concurre alguna atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad". El artículo 126 dispone: "Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a diez años de prisión; el juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles de su conducta". En cuanto a las lesiones, si se causan a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, pareja permanente -homosexuales, adoptante o adoptado-, se le aumentará en una mitad la pena que corresponda, según las lesiones inferidas. (artículo 131) Cuando se trate de incapaces o personas sujetas a la patria potestad y se les lesione, se incrementará la pena con dos terceras partes del antes mencionado, incluso suspender o perder los derechos familiares. En el aborto, como lo saben nuestros distinguidos lectores, pronto se desatará una gran polémica, porque el proyecto oficial del máximo órgano judicial, elaborado por uno de sus integrantes, ha sido dado a la luz pública, y en él se declara inconstitucional la reforma que se hizo al Código Penal del Distrito Federal el año pasado, en materia de aborto. Justo es aclarar que hoy sólo se conoce una de las once opiniones del máximo órgano, mañana se requerirán cuando menos ocho de los once integrantes de aquél, para que proceda la derogación de la ley del aborto del Distrito Federal. En delitos de procreación asistida e inseminación artificial, la ley dispone en el artículo 153 que se requiere querella, es decir, denuncia personal, cuando entre los sujetos activo y pasivo del delito exista matrimonio, concubinato o relación de pareja. En cuanto a la manipulación genética, si como resultado de ésta hubiere hijos, el activo debe reparar el daño, pagar alimentos, así como para la madre, según lo ordena el Derecho Familiar, contenido en el código Civil del Distrito Federal. En cuanto a delitos que ponen en peligro la vida o la salud, el Derecho Familiar castiga con pérdida de la patria potestad o de la tutela, si se diera esa hipótesis, según el artículo 156. Si fuere el caso de entregar un expósito, en calidad de ascendiente o tutor, a quien sea menor de 12 años y que esté bajo su potestad o custodia, se perderán todos los derechos familiares y los bienes de aquél; no habrá sanción, según el artículo 158 del código punitivo, para la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema pobreza o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial, como lo hemos señalado. En el delito de secuestro, el Derecho Penal Familiar también aparece, al subrayar que quien "intimide a la víctima, sus familiares o a sus representantes durante o después del secuestro para que no colaboren con las autoridades competentes, se le impondrá de uno a ocho años de prisión. Incluso, destaca el 167 del Código en cuestión, que se requiere querella, de parte sobre todo de la ofendida, si el secuestro se comete por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina, concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado y parientes por afinidad hasta el segundo grado. El tráfico de menores, artículo 169, su retención, artículos 171 y 173, también mencionan a los ascendientes, a los descendientes y a otros familiares. En la violación que se regula en el artículo 174, se destaca que si entre el activo y el pasivo de la violación hay un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, el delito se persigue por querella de parte. En el abuso sexual, la pena que se impone es la misma de la violación aumentada en dos terceras partes, si intervienen ascendientes con descendientes o a la inversa, entre hermanos, tutor y pupilo, padrastro, madrastra, hijastro, "amasio de la madre o del padre" contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra aquéllos, se pierde la patria potestad y la tutela, así como los derechos sucesorios. En el incesto, los hermanos y ascendientes consanguíneos en línea recta, que lo sepan y copulen entre sí, recibirán una pena de cárcel hasta de seis años, según el artículo 181. En la corrupción de menores, según el numeral 185, se sancionará con pena de cárcel a quien acepte o promueva que su hijo, pupilo o personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela, menores de 18 años de edad, o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o el de resistir la conducta, trabajen en cantinas, tabernas, bares, centros de vicio, discotecas o cualquier lugar donde se afecte su sano desarrollo físico, mental o emocional. Cuando se explota laboralmente a menores y hay parentesco, como lo ordena el 190 Ter, se sancionará al padre, tutor o curador, incluso con la pérdida de la patria potestad, si se les induce, a través de la explotación laboral, a crear un beneficio a favor de aquellas personas. Cuando no se cumple una obligación alimentaria, la pena es de cárcel, así lo señalan los artículo 193 al 197. En estos preceptos, surgen las hipótesis de Derecho Penal Familiar también. Un capítulo completo se dedica a la violencia familiar, así como los delitos contra la filiación y el matrimonio; la bigamia y como lo señalamos anteriormente, contra la seguridad de las personas. Para quien de nuestros distinguidos lectores tuviera interés en esta materia, enunciaré los artículos que se refieren a este tipo de delitos: 200, 205, 209, 220, 224 fracción IV, 243, 246, 268, 290, 291 fracción VII, 307, 320 fracción V, 321, 322, 327 y 333.

CONCLUSION

Sé que he abusado de la paciencia de mis distinguidos lectores, por lo que les pido una amplia disculpa, sin embargo, como ustedes lo han constatado, el Derecho Penal Familiar es una realidad y más que los jusfamiliaristas, los penalistas están obligados a conocer todo a lo que nos hemos referido en este artículo.

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR

La participación de los más distinguidos juristas, que hoy en día, a nivel nacional e internacional se dedican al estudio del Derecho Familiar, nos han confirmado su participación y presencia en el evento citado. Unos, sólo en Ciudad Universitaria, en el auditorio Jus Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM; de las 9:00 a las 14:00 horas; otros, en el gimnasio-auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de las 16:00 a las 21:00 horas. Empero la gran mayoría nos honrarán dictando conferencias magistrales en una y en otras sedes, para beneplácito de los congresistas y el mejoramiento y proyección del Derecho Familiar. Recuerde que sus conferencias y ponencias tendrán como fecha límite de recepción el próximo 28 de septiembre; requisito sine qua non, las mismas de aprobarse, serán impresas en la Memoria respectiva.

Si usted tiene interés en participar, comuníquese con el rector de la Universidad Interamericana de Morelos, contador público certificado José Alberto Pérez Apaez, al (777) 3 63 30 10 o con la Dra. Leoba Castañeda Rivas, presidenta del congreso al (55) 56 22 19 64.
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