Entre otros temas, el migratorio se ha convertido en tópico electoral en Estados Unidos, acarreando nuevos ingredientes a este añejo debate. Hace unos días Barack Obama, candidato a la Presidencia de ese país, declaró en entrevista al diario El Mercurio, de Chile, que en caso de ganar la elección plantearía una reforma migratoria desde el primer año de gobierno.

Hay que recordar que existe un debate legislativo en el país del norte, desde hace dos años, que pareciera no tener solución por las posturas enfrentadas en posiciones irreductibles en las Cámaras estadunidenses, pero ello responde entre otras cosas a que la Cámara de Representantes es más representativa localmente, en donde los parlamentarios ven todos los aspectos de la inmigración en sus propios distritos, mientras que el Senado, que se elige a nivel estatal, tiene una visión más global del problema. Si bien se afronta un reto histórico de la regularización de 12 millones de inmigrantes indocumentados, que en su mayoría son latinoamericanos, el debate legislativo es obstinado: mientras el Senado impulsa un proceso de legalización y de permisos temporales, la Cámara de Representantes aboga por reforzar la frontera y endurecer la persecución penal.

Si una década atrás era posible vaticinar un progresivo aumento de migrantes hacia países desarrollados en busca de trabajo y oportunidades, hace cuatro o cinco años era ya absolutamente previsible pensar en un aumento todavía mayor de esta población inmigrante, tanto por el lógico deseo de llevar a sus familias (reagrupación) como por las circunstancias y dinámicas políticas, económicas y sociales de algunas regiones del planeta cuya degradación obliga a miles de sus ciudadanos a huir hacia zonas del norte, donde el desarrollo económico puede ofrecerles quizá alguna posibilidad de supervivencia. No obstante de existir indicadores que marcan estas tendencias en nuestro continente, parece que no se toman las medidas necesarias para afrontar política, social y administrativamente lo que se deriva de los flujos migratorios.

En ese marco, los países receptores tienen por supuesto el derecho de planificar los flujos migratorios para evitar todo tipo de desequilibrios. Pero tienen también la obligación de hacer compatible esta planificación con la flexibilidad derivada de momentos extraordinarios que demandan generosidad y compromiso ético, y tienen el deber de dar respuestas justas y humanas a los retos que presentan las migraciones del nuevo siglo, con un enfoque global que afecta de manera particular a la política exterior y a las estrategias de cooperación al desarrollo. Pero, si eso será importante para adelantarse a lo que pueda venir en el futuro, lo urgente es ahora solucionar con dignidad para las personas esta permanente acumulación de indecisiones, medias tintas y discriminaciones en la política migratoria. Si no se hace con altura de miras y con el sentido de humanidad por delante, se tomarán nuevos vuelos y acabaremos viendo miles de deportados a nuestro país. No sólo están en juego unos 32 mil millones de dólares que los migrantes envían anualmente a sus familiares en el continente, sino el futuro de casi 12 millones de trabajadores indocumentados en la Unión Americana.

Para enfrentar esta nueva lógica se requiere una estrategia que supere la visión limitada del control de flujos migratorios. Así como un catálogo de políticas activas en nuestro país, la búsqueda de instrumentos eficaces de carácter binacional para dar respuesta a la gama de situaciones que, día a día, se repiten. En caso contrario, se estaría prolongando el tiempo para afrontar el horizonte colectivo de la sociedad mexicana desde la altura de mira e inteligencia.

Lo cierto es que este problema no puede quedar sujeto solamente a la posibilidad de un acuerdo legislativo del Congreso estadunidense. El Estado mexicano debe establecer condiciones de bienestar a su población, lo cual tendrá impacto en los flujos migratorios.