En el ensayo que presenté como aspirante a ocupar el cargo de consejero general del Instituto Federal Electoral, propuse la creación de una nueva institución a la cual denominé "Instituto para la Comunicación Democrática", con el fin de que se constituyera como un organismo desconcentrado dependiente del Consejo General del IFE, pero con autonomía de gestión y plena capacidad profesional, para coadyuvar con este último en el cumplimiento de las múltiples reformas a la Constitución y la ley electoral en materia de medios de comunicación.

Las nuevas obligaciones que asume el IFE en lo que toca a la necesidad de administrar los tiempos oficiales del Estado durante las jornadas democráticas de todo el país, constituirse en el canal exclusivo para el pautado de los mensajes de los partidos políticos e instituciones electorales en la radio y la televisión, así como la responsabilidad de monitorear a los medios electrónicos con el objeto de verificar el cumplimiento de los tiempos y las nuevas reglas constitucionales y legales para la distribución de los tiempos entre los partidos, suponen un reto de gran envergadura para instrumentarse en tan corto plazo, ya que el proceso electoral federal del 2009 comienza formalmente el próximo mes de octubre y no tardan en presentarse diversos procesos democráticos locales en varias entidades de la república mexicana.

La reforma electoral en materia de medios de comunicación contiene un capítulo que entraña un alto grado de complejidad logística y técnica, en el cual el IFE se obliga a monitorear la totalidad de las trasmisiones en radio y televisión de mensajes políticos de campañas y precampañas, tanto de procesos electorales nacionales y locales, a fin de verificar su apego a la ley, pero con la obligación adyacente de informar quincenalmente a la opinión pública de los resultados del monitoreo. Hace unas cuantas semanas el consejero electoral, Benito Nacif, declaró que dicho monitoreo podría costarle al IFE alrededor de un millón de pesos por día de monitoreo, utilizando 200 de las Juntas Distritales del propio Instituto para realizar el trabajo.

Es cierto que la nueva tecnología de las comunicaciones nos permite hoy en día hacer un monitoreo de esa magnitud sin grandes complicaciones técnicas. De hecho, existe un sinnúmero de empresas que prestan esos servicios de monitoreo a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión, a los candidatos en campaña y a cualquier persona que lo solicite. De ahí que haya una gran experiencia acumulada que puede aportar a una solución técnica y logística que no sea tan demandante de recursos económicos. El problema consiste en pretender que el IFE se desempeñe como una empresa privada y, sobre todo, que se recarguen sus funciones ejecutivas cuando su prioridad de atención es la organización y desarrollo de las jornadas democráticas nacionales y de aquellas que se puedan convenir con los estados de la Federación.

De ahí que propugnemos por la creación de una institución ad hoc para no comprometer las capacidades naturales y, sobre todo, la estructura operativa interna de una institución cuya responsabilidad fundamental es conseguir la certeza y credibilidad de los resultados electorales derivados de la competencia democrática por el poder público o la representación nacional.

El Instituto para la Comunicación Democrática podría asumir de forma desconcentrada las tareas relativas al monitoreo de las trasmisiones de radio y televisión, procesar la información recibida e informar al IFE de las irregularidades e incumplimientos normativos detectados, a fin de que éste pudiese iniciar los procedimientos de atribución de responsabilidades en ese ámbito. Pero más que eso, el Instituto para la Comunicación Democrática podría constituirse en el vigilante imparcial y acreditador de la limpieza relativa de la comunicación durante las campañas y precampañas de los partidos y candidatos, integrado por profesionales de la comunicación elegidos por el Consejo General del IFE, a propuesta de su consejero presidente.