* Iniciativa Mérida, EPR, operativos, los pendientes del Gabinete de Seguridad

* Guerrilleros bombardean mediáticamente a Mouriño; ¿se legaliza contrabando documentado?

* Kessel y Reyes Heroles no convencieron al Senado; niegan privatización y no les creen

Alentado por el esperado anuncio del diputado Antonio Javier López Adame, presidente de la comisión investigadora de los contratos de la empresa Ivancar con Pemex, que deslindó de cualquier responsabilidad a Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación encabezó ayer una sesión del gabinete de seguridad en la que se analizó una estrategia para el estado de Sinaloa, con la participación del gobernador de esa entidad, Jesús Aguilar Padilla. Se agregó a la agenda el tema del asesinato -que no ejecución- del coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Edgar Eusebio Millán Gómez. Un tercer asunto fue el diálogo imposible con el EPR, además de la propuesta de recorte al financiamiento de la Iniciativa Mérida por parte de miembros del Capitolio.

Al final de la reunión sólo hubo un pronunciamiento condenatorio por el asesinato del policía que apenas hace tres meses había estado en Tijuana para dirigir el operativo que se implementó en esa ciudad fronteriza y que poseía valiosa información sobre grupos delincuenciales, mientras que los demás puntos quedaron pendientes de resolver para hoy, cuando se vuelvan a reunir en Chihuahua con la probable asistencia del presidente Felipe Calderón, además de los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Francisco Saynes Mendoza, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos.

El punto más complejo, sin duda, tiene que ver con el frustrado intento de diálogo con el grupo guerrillero, ahora "beligerante", EPR, toda vez que la Segob aceptó dialogar con éste aunque impuso condiciones que no fueron aceptadas, lo que motivó un comunicado por parte de esa organización que ahora se presenta como Partido (¿?) Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, PDPR-EPR. Pero ojo, al final colocan como responsable de ese comunicado a una "comandancia general del ejercito popular revolucionario" CG-EPR.

Dicho comunicado, que debería preocupar a los integrantes de la llamada Comisión de Intermediación, que integran, entre otros, el arzobispo Samuel Ruiz, la senadora Rosario Ibarra y el abogado Juan de Dios Hernández Monge, parece confirmar lo que en este espacio se consignó ante el primer comunicado, o sea, que el EPR no desea tener diálogo alguno con el Gobierno sino, tal parece, sólo someterlo a un "jaloneo" mediático para debilitar aún más al secretario Mouriño.

Ahora, con un lenguaje que -se comenta- podría suscribir íntegramente Andrés Manuel López Obrador, no sólo por aquello de "presidente ilegítimo", el EPR señala sus nuevas condiciones "y las del país" para establecer su posicionamiento, y como si fuera una entidad formal, ratifica a cada miembro de la comisión para la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007. Más adelante el EPR pretende convertir a "sus" comisionados en sus voceros y no sólo en testigos sociales, como fue la contrapropuesta del Ejecutivo.

En este punto, el gobierno calderonista bien podría aprovechar la oportunidad para enmendar el error de haber caído en el "diálogo" con una fuerza guerrillera que no tiene cara visible y que exige el sometimiento a la ley de quienes, al amparo de una actitud opositora y de reclamo social, reconocen haber saboteado y destruido instalaciones vitales para la seguridad nacional del país como las de Petróleos Mexicanos. Primero el EPR lanzó bombas y luego pidió diálogo, una actitud que diversos analistas comparan con la del Frente Amplio Progresista, que primero asaltó las tribunas del Congreso y luego exigió el debate público nacional, lo cual debe ser definitivamente desterrado de las costumbres políticas, y la sesión del Consejo de Seguridad que tendrá lugar hoy puede ser muy útil en ese sentido.

Sobre lo que, definitivamente, el gabinete de seguridad no tendrá ingerencia alguna, es en el anunciado recorte al presupuesto sugerido para la Iniciativa Mérida, por mucho que el presidente Calderón pretenda lo contrario, como lo dejó ver ayer al reunirse con el diputado local y presidente de la Asamblea Estatal de California, Fabián Núñez, ya que el tema se discute en el Capitolio según lo confirmó ayer el presidente del Subcomité para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Eliot Engel, al adelantar que se pretende reducir ese gasto en 200 millones de dólares.

La pregunta que flota en el ambiente es ¿qué sector de los destinados a recibir de esa partida asumirá el mayor recorte? Ello si, acaso, en México persiste el interés por contar con ese magro aporte para luchar con un problema del tamaño del de la delincuencia organizada y el contrabando de armas desde Estados Unidos. En todo caso, serán también los fabricantes de armas estadunidenses los que sufrirán con el recorte, cuando ya se había programado la cantidad de armamento y equipo que iba a ser adquirido por las entidades oficiales mexicanas participantes del también llamado Plan México.

Definitivamente se trata de un golpe político de los representantes demócratas al republicano presidente de Estados Unidos, George W. Bush, al que también están condicionando el presupuesto restante a la repatriación de los soldados que se encuentran en Irak. Así las cosas, no hay que sorprenderse si ese discurso se agria aún más, hasta el punto de desaparecer totalmente esa partida que, inconvenientemente para México, se encuentra inmersa en el presupuesto de la guerra unilateral que ese país sostiene con Afganistán e Irak, lo que nos hace aliados del agresor y pasivos ante los agredidos. Aquí también, México tiene la oportunidad de proponer una alternativa con una participación directa que no enturbie sus relaciones con otros países, pero de una proporción que demuestre las verdaderas intenciones norteamericanas de combatir el crimen organizado internacional.

LA SECCION DE ADRIANA

***El pasado 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se concretan varios cambios en materia del marco legal para las importaciones. Si bien es correcto considerar -como lo explican las autoridades- que se trata de medidas que apuntan a la modernización del sector, lo cierto es que algunas de estas acciones incentivarán el contrabando documentado. En particular, la eliminación de los padrones sectoriales de importación va a dejar más vulnerada y al descubierto la ya de por sí endeble situación de sectores como el juguetero, el del calzado, el textil y el de ropa frente a las acciones de contrabando. Al eliminar los padrones sectoriales, se abren las facilidades para importar estas mercancías sin tener que pasar filtros. La ola de importaciones irregulares, que ya es grave, seguramente se va a agudizar, ya que existen comercializadoras fantasmas, sin oficinas formales ni instaladas, ni bodegas especiales que solamente operarán importaciones irregulares, afectando directamente a las empresas nacionales formalmente establecidas.

Empresarios de los sectores antes mencionados han manifestado su preocupación por la eliminación de estos padrones sectoriales, pues si bien se agiliza la tramitología para las empresas, se incrementa el riesgo de que haya seudo negocios que aumenten sus importaciones subfacturadas. Dichos padrones servían de control de los importadores, mediante una serie de datos que permitían ubicar a la empresa físicamente. Obviamente, esto ayudaba en las operaciones para realizar decomisos exitosos de contrabando. El hecho de que se elimine la obligatoriedad del registro en los padrones abre la puerta para que se pierda el control de la identidad de los importados y de las empresas que, al carecer de éste, ven el camino libre para importar mercancías de manera desleal. Es poco alentador para las empresas nacionales y formales observar cómo las instancias del Gobierno federal no sólo pierden de vista esta situación, sino que incluso la avalan. La Comisión Federal de Competencia, encabezada por Eduardo Pérez Motta, lejos de reconocer las difíciles condiciones de operación de las empresas jugueteras y del calzado, entre otras, así como las limitantes para operar en contra del contrabando y la importación desleal, empujan esta nueva legislación aludiendo una presunta modernización, que obviamente omite una visión integral en materia legal y de eficiente protección para las empresas. Las argumentaciones de funcionarios de la Secretaría de Economía y el propio Pérez Motta, obviamente no tienen completa la información, tanto en materia legal como de operación del mercado importador; su visión supuestamente "modernizadora" abandona a su suerte a las empresas y abre las puertas a las grandes importaciones ilegales.

***Más de lo mismo. Negaron privatización y los senadores no les creyeron, así puede calificarse la presencia de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y del director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, ante legisladores encabezados por Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, acompañado por el líder del Senado, Santiago Creel. Como aquel domingo 30 de marzo, cuando ambos funcionarios presentaron el diagnóstico del sector energético en el que colocaron como prioridad que la iniciativa privada extranjera invierta en la paraestatal, bajo el "disfraz" de que México necesita el apoyo de "empresas especializadas". Ni cuando la secretaria Kessel llevó copias del decreto expropiatorio del general Lázaro Cárdenas, para quien quisiera tener una, le fue bien ni a ella ni a Reyes Heroles. Los perredistas Graco Ramírez, Pablo Gómez y Arturo Núñez, al igual que Dante Delgado, de Convergencia, pusieron en jaque a la titular de la SE y al director de Pemex, pues los mencionados legisladores coincidieron en que "se dice fortalezcamos a Pemex, pero privaticemos a Pemex".

***En Berlín, el líder nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, se reunió ni más ni menos que con la canciller Angela Merkel -quien el próximo martes iniciará una gira por América Latina, que incluye a México-, donde dijo que la democracia en Latinoamérica enfrenta la amenaza populista y aún existe el riesgo de un regreso autoritario. Mensaje que el albiazul dirigió ¿a quién?

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