Opinión
Eduardo Andrade Sánchez
Gobierno marxista

Organización Editorial Mexicana
8 de abril de 2008

DIA 495. EL INDICE DE MORTANDAD INICIA LA SEMANA CON UN NUEVO MÁXIMO HISTORICO DE 8.17 MUERTES DIARIAS EN PROMEDIO VINCULADAS CON LA

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EN LO QUE VA DEL SEXENIO.

La referencia del título de esta colaboración no tiene que ver en este caso con la administración venezolana encabezada por Hugo Chávez sino, paradójicamente, con el Gobierno de derecha que impera en nuestro país el cual, sin que se afilie ideológicamente a las tesis del filósofo y economista alemán, se encarga de demostrar la validez de las mismas.

Carlos Marx sostenía que "El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía", y la reacción de Felipe Calderón y su Secretaría de Relaciones Exteriores ante el anuncio de la eventual expropiación de Cemex en Venezuela no hace sino confirmar tal aseveración.

No es extraño que un gobierno surgido del PAN tenga una marcada vocación empresarial ni es censurable que las secciones consulares de México en el extranjero auxilien a ciudadanos mexicanos cuyos derechos puedan verse afectados en el país donde se encuentra la representación diplomática; pero entre eso y envolverse en la bandera nacional -como hace Eduardo Sojo que "con todo" quiere defender a Cemex- como si se afectara el interés del pueblo de México con una expropiación legítimamente acordada por otro país, media un abismo. Ojalá con el mismo celo que este gobierno asume la defensa de esa cementera como si fuera de su propiedad y no la de un respetable particular, pero particular al fin, el Gobierno mexicano defendiera la propiedad y el control de la industria petrolera para el sector público nacional.

Calderón olvida y sus colaboradores parecen ignorar que la decisión soberana de un país que aplica una medida expropiatoria conforme a su orden jurídico interno, no debe ser oficialmente denostada o puesta en entredicho en primer lugar, porque ello implica una indebida intromisión en la política interna de otro país que está prohibida por el artículo 89 constitucional el cual recoge los principios aplicables a la política exterior, pero, además, por razones prácticas las autoridades de México no deben desconocer la historia ni renunciar a su derecho soberano para aplicar medidas de la misma naturaleza cuando así resultase procedente; pero, por supuesto, el actual Gobierno resulta más papista que el Papa y desconoce que incluso los países marcadamente capitalistas conservan la institución de la expropiación por causa de utilidad pública y si no, que le pregunten a los mexicanos cuyas propiedades están siendo afectadas en Estados Unidos para construir el muro fronterizo. No obstante, en este último caso la diplomacia calderónica guarda medroso silencio porque su contraparte no es Chávez sino Bush.

El Gobierno venezolano, si actúa dentro de su propia ley tiene todo el derecho de afectar la propiedad privada que estime conveniente y los particulares de cualquier nacionalidad, el de recibir la indemnización correspondiente. Si lo solicitan los propietarios de Cemex el cónsul mexicano debe estar al pendiente de que se respete éste último derecho, pero nuestras autoridades no tienen justificación para hacer un reclamo de Estado a Estado en virtud de un acto aplicado por el gobierno de Venezuela en ejercicio de su soberanía.

eandrade@oem.com.mx
Columnas anteriores
Columnas

Cartones