* Intercambio de golpes

* Promesas y aniversario

* La goliza y la estrategia

Es posible que la batalla pase desapercibida para la mayor parte de los mexicanos, pero la realidad establece que en torno a la nueva ley de medios, el Estado se encuentra bajo una fuerte presión. Y que las televisoras especialmente, suponen que al paso del tiempo, serán capaces de poner a las fuerzas políticas de nueva cuenta, bajo su férreo control.

Pero en tanto esto sucede, el intercambio de golpes se desarrolla a todo vapor. Y resulta fácil de identificar.

Cuando el señor Emilio Azcárraga decidió responder al primer mensaje de Javier Corral, entendido como una señal salida desde el poder mismo, se inició el desdoble de fuerzas. Y apareció como nuevo participante en el conflicto, el exsubsecretario de Comunicaciones, Jorge Alvarez Hoth, por supuesto como aliado de las televisoras.

Esta batalla ha llevado a posiciones cada vez más duras. Pero las televisoras le apuestan al paso del tiempo para debilitar al poder político.

Pero la estrategia podría estar equivocada. Tanto como la presencia en el combate del exfuncionario foxista. El pasado mes de diciembre, el día 13, durante la última sesión en el Senado de la República, todos los partidos aprobaron un punto de acuerdo por demás singular y que para muchos pasó totalmente desapercibido, pero que no es otra cosa que una demostración del por qué de la lucha.

En el citado punto de acuerdo, promovido por el PRD pero respaldado por todos los partidos, se aprobó el inicio de una investigación sobre la forma en que Unefon alcanzó sus títulos de concesión.

Esta empresa, por supuesto forma parte del grupo de empresas que tiene a Televisión Azteca como gran eje.

Y el problema es por demás sencillo, pero de gran importancia.

En la licitación realizada al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo fue en pocas palabras, algo irregular. La Cofetel permitió que se evadieran las normas establecidas en el proceso para la entrega de las concesiones. Y con ello, originó un problema legal gracias al cual ahora Unefon ha demandado al gobierno por algo más de tres mil millones de pesos.

Unefon concursó y ganó una licitación. Pero declaró no tener el monto de la contraprestación establecida por la ley. Pidió una prórroga que de manera ilegal se le entregó. A cambio, se estableció el compromiso del pago de intereses. Y ahí se inició el pleito.

Unefon pagó algo más de 500 millones de pesos. Y una vez obtenido el título de la concesión, se lanzó al pleito legal no sólo para no pagar, sino para reclamar el pago del dinero entregado al gobierno y los intereses por ese pago.

El pleito ha llegado hasta nuestros días. Pero habrá que aclarar que el señor Jorge Alvarez Hoth, el último día del gobierno de Vicente fox, entregó a Unefon una cantidad cercana al total recibido de parte de la empresa.

Hubo una diferencia que "quedó pendiente". Y que ahora sirve para la gran demanda que ha llevado el asunto a niveles superiores. Hay fallos a favor de la empresa por el cobro indebido de intereses, sin que se cuantifique el monto a pagar.

Pero lo importante no es eso, sino que en el punto de acuerdo aprobado por los senadores, aparece la intención de investigar a la empresa y a los exfuncionarios que de una u otra manera, quedaron involucrados en todo el proceso.

No puede perderse de vista que, una vez iniciado el nuevo gobierno, el problema fue analizado en Los Pinos, con la molestia lógica de la nueva administración. Y no puede dejarse de lado el hecho de que el senador Jorge Mendoza, pieza clave en la televisora del Ajusco, se confrontó de fea manera con la actual Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones, con la que intercambió no sólo frases fuertes, sino a la que prometió demostrarle su fuerza.

Este es un hecho interesante. Los senadores podrían no sólo concluir una investigación con exfuncionarios puestos en apuros, sino con la idea de cancelar una licitación que de salida, presenta serias irregularidades.

Pero el hecho es claro. La soberbia de las televisoras que suponen que con su poder, pueden llegar a donde mejor les convenga. Y, por supuesto, que en el largo plazo, serán capaces de poner de rodillas a la Presidencia de la República de Felipe Calderón.

Por ello, la batalla en torno a Unefon se ha convertido en un tema prioritario en el terreno no sólo legal, sino político. El resultado final de este tema marcará, a querer o no, la forma en que toda la confrontación de las televisoras con el Estado habrá de concluir.

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Y en tanto, esta batalla se libra de manera feroz, pero ciertamente alejada de los grandes reflectores, el asunto de Pasta de Conchos puso de relieve que las promesas del gobierno pueden con facilidad, no ser correspondidas por los hechos.

No se requiere de mucho para recordar que el inicio de la administración permitió al secretario del Trabajo, Javier Lozano, lanzar compromisos a diestra y siniestra.

Y a dos años del siniestro, la verdad es que no hay una actuación clara de las autoridades y sí en cambio, un abierto interés por proteger los intereses de la Minera México.

No requiere de mucho recordar cómo, desde la Cámara de Diputados, la comisión encargada de investigar los hechos, llegó a conclusiones por demás claras: en la tragedia existía una completa irresponsabilidad de los patrones y las autoridades. Se señala al titular de la Secretaría de Economía, Eduardo Sojo, como responsable de ocultar información sobre la explosión. Y se demandaba a la PGR una acción pronta sobre estos hechos.

Pero nada sucedió. Y los discursos de las autoridades laborales corren en sentido contrario no sólo a los compromisos, sino a las demandas de los deudos y la sociedad en general.

La Secretaría de la Función Pública ha declarado que no habrá carpetazo al asunto de la corrupción en el gobierno de Vicente Fox. Pero la lentitud con la que opera en sus investigaciones es en el mejor de los casos, desesperante.

En el asunto de Pasta de Conchos se castigó, o al menos así se informó, a los responsables por el robo de la documentación que permitió en su momento, el "derrocamiento" ilegal de la dirigencia sindical encabezada por Napoleón Gómez. Pero no se ha sancionado a las autoridades que elaboraron toda esa trama en la que la papelería falsificada es apenas el inicio de todas las ilegalidades.

Se sancionó a cuatro funcionarios menores de la Secretaría del Trabajo, pero se ha mantenido bajo protección absoluta a Francisco Javier Salazar y a Carlos Abascal, a pesar de que resulta obvia su intervención en todo el problema.

Y por supuesto, en el caso de los patrones, todo quedó en chivos expiatorios, a pesar de que la comisión de diputados que investigó el caso demandó la cancelación de las concesiones a la Minera responsable de las pésimas condiciones de trabajo de los mineros en Coahuila.

El segundo aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos ha permitido nuevos discursos de las autoridades, pero no por ello más claridad y por supuesto, no justicia.

Y para que se vea mejor el problema, bastaría con seguir de cerca el tema de los mineros con el caso de Sonora, en donde las autoridades han buscado todos los caminos para bloquear a los trabajadores, protegiendo los intereses de la Minera México.

El dato de que se declaró inexistente la huelga en Cananea por el hecho de que "no todos los trabajadores iniciaron el movimiento a la misma hora" es francamente ridículo. Pero suficientemente claro como para poner en evidencia el interés de la Secretaría del Trabajo en brindar impunidad a los dueños de las minas.

Este es un asunto que no quedará en el olvido como suponen las autoridades. Y por más que suponen que el tiempo servirá para enfriar las cosas, la realidad establece que la explosividad está en aumento. Y que esa tensión alcanzará, más tarde o más temprano, a muchas otras organizaciones sindicales que sienten como amenaza, las actitudes de la Secretaría del Trabajo.

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Finalmente, y siempre como parte de la frivolidad oficial para el tratamiento de los grandes problemas nacionales, queda el mensaje del presidente Felipe Calderón del miércoles pasado, al referirse a la confrontación del gobierno contra los cárteles de la droga.

De acuerdo a las palabras presidenciales, le hemos metido "muchos goles" al hampa.

Y la verdad, la forma parece en el mejor de los casos, fuera de lugar. Especialmente cuando se entiende que hemos utilizado el poder máximo del Estado para esta batalla, que hay bajas no sólo de las fuerzas armadas, sino de civiles y que al país le cuesta mucho dinero esta confrontación.

Por ello, resulta interesante la forma en que desde el sector político, Manlio Fabio Beltrones senador del PRI, estableció algunas líneas a seguir durante un evento con la asistencia del Secretario de la Defensa Nacional.

Las palabras del priísta fueron breves, pero cargadas de mensaje.

Ante el hombre que tiene la responsabilidad del combate al narcotráfico, Beltrones habló de la preocupación que causa el que "no sea en las mejores condiciones materiales y estratégicas", en las que tiene lugar el despliegue extraordinario de las fuerzas armadas.

En otras palabras, más que "golizas" lo que se requiere es de una seriedad total en el tema y de claridad en la estrategia que no es otra que marcar los objetivos que se quiere que el ejército alcance, los tiempos para ello y claro está, los plazos en los que el mismo ejército deberá retornar a sus cuarteles.

El problema del combate a las drogas ha sido tratado con poco tacto por el gobierno.

No hace más que unos cuantos días, el secretario de Marina señaló, ante el bombazo en la Ciudad de México, que "a todo se acostumbra uno" y recordó que hay lugares en el mundo en los que ya nadie se preocupa por este tipo de acciones.

El anterior titular de Gobernación, había señalado que se tendría que pagar un costo elevado por el combate, pero se negó a dar explicaciones sobre las causas del conflicto.

Y ahora, el propio Presidente de la República reduce el problema a un tema a nivel deportivo en una actitud que cuando menos, resulta ofensivo para los familiares de quienes han perdido a un familiar en esta lucha.

El problema no es menor. La frivolidad en los mensajes oficiales debe resultar alentadora para los narcotraficantes. Saben que el gobierno ve el tema como algo carente de seriedad. Y ello no puede ser más que una buena noticia para sus intereses.

Si la estrategia es buscar que la sociedad crea en una victoria aplastante, la realidad se encarga de poner en claro que ello no existe. Y si lo que se quiere es hacer pensar que si hay estrategia, la propia actitud del gobierno deja ver que como señala Manlio Fabio Beltrones, la carencia principal en todo este asunto, es precisamente, la ausencia de un plan debidamente elaborado.

Y como consecuencia de todo, es el Ejército el que se encarga de pagar las facturas correspondientes.

n_de_aquino@hotmail.com