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  Después del intenso debate que tuvo lugar en el Congreso de la Unión debido a la aprobación del paquete de ingresos para el año entrante, los señores diputados y senadores atenderán diversos pendientes que se encuentran en la agenda legislativa para lo que resta del actual periodo ordinario.

Entre esos pendientes se encuentra la aprobación del presupuesto de egresos para 2010, lo que originará otro debate que tendrá de todo menos concordia, ello en virtud de que los ingresos que se pretendían obtener a partir del 1 de enero próximo no llegarán debido a los ajustes realizados a la ley de ingresos.

La LX Legislatura del Congreso de la Unión, que concluyó su mandato el pasado 31 de agosto, tuvo, sin duda, avances encomiables en materia legislativa, más aún cuando se creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), la cual permitió crear en el seno del Poder Legislativo federal un espacio propositivo para la modernización del gobierno del Estado mexicano.

La CENCA dejó como resultado una serie de cambios al sistema jurídico, pero algunos no se lograron concretar por diferentes razones. Entre ellos se encuentra lo relativo a una nueva ley de amparo.

Como seguramente recuerda, amable lector, este instrumento de control de la constitucionalidad es una aportación que el sistema jurídico mexicano hizo al mundo del derecho; fue la lucidez jurídica de dos grandes mexicanos, don Crescencio Rejón y Mariano Otero, la que permitió que en el Acta de Reformas de 1847 se incorporara el derecho ciudadano para exigir el amparo de la justicia federal cuando la autoridad violara sus derechos.

Al respecto, vale la pena destacar que en México existen otras figuras de control de la constitucionalidad, puesto que de nada serviría que existiera una Constitución tan generosa como la nuestra y que no se contaran con los medios para exigir su cumplimiento.

El titulo tercero, capitulo IV, de nuestra Carta Magna, en su artículo 105, contempla dos instrumentos más para hacer que la norma emanada de la ley suprema invariablemente se cumpla. Ellos son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. La primera de ellas y figura añeja de nuestro sistema jurídico, faculta a todo ente público para demandar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la no violación de su competencia por parte de cualquier otro ente público.

El segundo instrumento se denomina acción de inconstitucionalidad y se contempla en nuestro sistema jurídico a partir de las reformas al Poder Judicial de diciembre de 1994. Surge cuando se plantea una posible contradicción de una norma secundaria respecto a una norma constitucional.

De tal forma, la controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y juicio de amparo, entre otros, son los instrumentos con los que contamos los mexicanos para que se cumpla la norma y espíritu de nuestra Carta Magna, ofreciéndonos con ello seguridad jurídica, pero resulta de vital importancia que permanentemente sean modernos y eficaces.

Sobre el juicio de amparo, institución fundamental que ha tenido una larga y rica historia en nuestro país, nadie podría negar que la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y que data del año 1936, requiere una seria y profunda actualización.

Por supuesto que se le han realizado un sinnúmero de reformas, pero existe una importante corriente de juristas muy destacados que propone realizar una nueva Ley de Amparo, en lo cual personalmente coincido. Por ello me han parecido muy valiosas las ideas vertidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, durante la realización del Séptimo Congreso Nacional de Amparo.

Como abogado de profesión, el gobernador Peña Nieto conoce de cerca las limitaciones y obstáculos a los que esta figura jurídica se enfrenta en su uso cotidiano y, sobre todo, las necesidades de modernizarla acorde a la nueva realidad de los mexicanos.

Para ello, Enrique Peña propone que se acuda a las legislaciones de otros países que posean una figura similar a la mexicana y que hayan logrado avanzar en su actualización. Dicho ejercicio, dijo Peña Nieto, tendría como objetivo central lograr que los mexicanos contemos con una justicia pronta y expedita, lo cual lamentablemente no hemos alcanzado.

"La institución jurídica de mayor trascendencia en el derecho mexicano, la que regula el actuar de las autoridades, la que restituye al quejoso en el goce de sus derechos y se convierte en regulador de la relación ciudadano-autoridad, no puede permanecer al margen de las nuevas exigencias sociales", dijo el mandatario estatal, ante lo cual coincidió el destacado grupo de juristas y académicos que se encontraba presente en ese evento.

¿Qué mejor forma de festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución que dotando a los mexicanos de mejores y más eficaces herramientas para hacer valer sus derechos? En eso también coincido con el gobernador Enrique Peña Nieto.

camachovargas@prodigy.net.mx