---

  En tiempos de coyuntura, las interpretaciones proliferan. Por eso, no hay que perder de vista los hechos.

En su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, el presidente Felipe Calderón anunció que se tomarían medidas importantes para un cambio que es técnicamente necesario y moralmente imprescindible: la transformación que nos haga sustituir lo obsoleto por lo moderno y lo eficiente. La viabilidad del país es la que está en juego. En muchos ámbitos de la vida nacional no hemos hecho la tarea. Sociedades como la India no se han confundido y, al tiempo que mantienen la riqueza de sus raíces culturales, se instalan con fuerza en la modernidad.

Nosotros tampoco debemos confundirnos. La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro era un imperativo, porque no se puede -no se debe- mantener una empresa pública que no es eficiente con recursos de todos, recursos que, en tiempos de austeridad y crisis, se necesitan para fines sociales, impulsar el desarrollo y la creación de empleos, combatir la pobreza, invertir en infraestructura, en suma, para crear las condiciones que nos permitan retomar la senda del crecimiento y de la justicia social.

Hay quien ha querido ver esta decisión como un ataque al sindicalismo. Nada más falso. No fue una decisión contra el Sindicato, ni contra los sindicatos. Alguien inclusive afirmó que se decretó la desaparición del sindicato. Lo que se decretó, en términos jurídicos, fue la liquidación de la empresa. Y, con respecto a los trabajadores, no sólo se ha garantizado el estricto cumplimiento de las obligaciones laborales, sino que se está ofreciendo una compensación económica por encima de la que marca la ley y la posibilidad de una reinserción laboral.

Vuelvo al inicio de este artículo. No perdamos de vista los hechos.

La sociedad entera ha clamado por cambios de fondo. Analistas de todas las tendencias han señalado que la velocidad del mundo va más rápido que nuestra a veces "tortuguesca" velocidad para cambiar. La crisis económica internacional, con el consiguiente descenso de nuestras manufacturas y de las divisas producto de las exportaciones petroleras nos han colocado frente a un escenario en el que el mayor pecado sería no tomar decisiones. El jefe del Ejecutivo propuso a todos los mexicanos una agenda de cambios y pidió apoyo para las medidas que tomaría en el uso de sus atribuciones.

No nos confundamos: la decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro es por el bien de México. No nos confundamos ni defendamos lo indefendible.

En los años setenta, el Estado era dueño de empresas ineficaces e improductivas, que no tenían un fin social. Se comprendió entonces que había que concentrar los recursos del Estado no en sostener esas empresas, sino en programas sociales que ayudaran a las personas a desarrollar sus capacidades y en generar oportunidades de desarrollo en sus propias comunidades y regiones. Se comprendió también que los recursos del Estado debían invertirse en escuelas y centros de salud, en universidades, en seguridad pública, en hospitales de alta especialización. Así se ha hecho.

Hay también quienes argumentan que la desaparición de Luz y Fuerza del Centro es una privatización. ¿Cuál privatización? Comisión Federal de Electricidad, otra empresa pública del Estado mexicano, con altos niveles de eficiencia y competitividad, con muchísimos procesos certificados por ISO-9000 está operando el servicio de energía eléctrica en el centro del país.

No debemos regatear la decisión del presidente Calderón. Decisión anunciada desde hace muchos años, pero que no se había tomado. Ahora que se ha hecho, surgen agoreros del desastre que pretenden convertir esa decisión en un ataque a los trabajadores mexicanos. El verdadero ataque contra los trabajadores, que a fin de cuentas somos todos, es mantener un pozo sin fondo en el que se dilapidan los recursos que también son de todos.

Lo importante es que se están respetando escrupulosamente los derechos de los trabajadores establecidos en las leyes laborales. Y mucho más que eso: con absoluta conciencia de que es un momento difícil para quedarse sin trabajo, se les ha ofrecido una compensación equivalente a más de dos años de trabajo, así como oportunidades de reinserción laboral, como ya he dicho. No confundamos una decisión necesaria y racional destinada a evitar el dispendio de recursos indispensables para atender las necesidades de todos los trabajadores con un ataque a los trabajadores. No es tiempo de demagogia. No perdamos de vista los hechos.

benjamingonzalezroaro@yahoo.com.mx