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  El proceso de selección para el nombramiento del nuevo ombudsman nacional inició en el Senado de la República. De acuerdo a lo que marca la ley, dicho proceso se tiene que desarrollar, de acuerdo con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad con el fin de obtener un procedimiento transparente y democrático, que brinde certidumbre jurídica para la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si se hace hincapié en dichos principios es porque esta elección tiene una singularidad: se da en medio de la peor crisis que atraviesa la institución, tanto en su vocación como en su autonomía.

Muchos son los sustantivos y adjetivos negativos que los especialistas utilizan para hablar de la Comisión. Ello no es gratuito si recordamos casos en los que privó más el asunto ideológico o político que la autonomía de la institución, mermando con ello no sólo la confianza en la CNDH sino hasta el desprestigio internacional en la defensa de los derechos humanos.

Si bien es cierto que la defensa de los derechos humanos en nuestro país tiene una corta historia, el organismo llega apenas a sus 20 años de vida, desafortunadamente se encuentra en un contexto de deterioro que es lamentable en una institución tan joven y con una labor tan loable.

Si de por sí es grave el deterioro que padece la Comisión en estos momentos, el problema se acrecienta más por la relación intrínseca que tiene con los problemas coyunturales del país, como son la inseguridad, la pobreza, la crisis económica, los abusos de la fuerza pública, la discriminación, etc.; si bien los problemas nacionales no son nuevos, por el momento histórico que vivimos, el país y todos los mexicanos necesitan una defensa de sus derechos humanos que brinde todas las garantías y que dé confianza. No se debe olvidar que esta labor es vista por ojos propios y extraños, pero sobre todo que su cumplimiento se enmarca en el Estado democrático que se dice tener en México.

Es mucho lo que hay que desechar en la CNDH, lo cual se gestó o proliferó durante este tiempo. En el Senado está la decisión de elegir a un nuevo titular que regrese a la Comisión su objetivo de ser, que deje atrás la banalidad con la que se desempeñó en estos años, que le regrese la fortaleza en su gestión, que destierre esa tendencia que había a pactar con la autoridad en demérito de las víctimas, que devuelva al consejo asesor su nivel para que contribuya en la regulación de los criterios de la Comisión; en fin, que se busque el mejor perfil para el cumplimiento irrestricto del ser y deber de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Senado de la República ha dado todas las garantías para realizar un proceso transparente y democrático. Las diferentes bancadas en el Senado acordaron que el proceso será llevado a cabo por las comisiones de Justicia, de Estudios Legislativos y Derechos Humanos. De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes que cubran todos los requisitos serán auscultados en estos días por los senadores integrantes de dichas comisiones.

En la elección del ombudsman nacional hay plazos. De todos los postulantes a ocupar la presidencia de la CNDH, las comisiones encargadas formarán una terna para subirla a votación del pleno a más tardar el 29 de octubre. El nuevo ombudsman nacional tendrá que reunir al menos dos terceras partes de votos del total de presentes. El nuevo titular de la Comisión tiene que rendir protesta ante el pleno del Senado el 16 de noviembre, pues su gestión abarcará a partir de esa fecha y hasta el 15 de noviembre de 2014.

Con esta transición está sobre la mesa el resurgimiento o la sepultura de la CNDH. No es poco lo que está en juego, pues no se trata de desaparecer o crear una dependencia de gobierno, se trata de la defensoría del pueblo, de nuestro avance en el proceso democrático, de la madurez de la sociedad y de la calidad y seguridad de nuestra condición humana. En el Senado se tiene la responsabilidad de hacer una elección del nuevo ombudsman nacional escrupulosa porque de esa decisión dependerá la confianza y la legitimidad de este organismo autónomo constitucional, el cual es una palanca de apoyo inestimable en las actuales circunstancias por las que atraviesa México.