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  Respecto a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, se señalaba la semana pasada, en este mismo espacio, que uno de los retos más importantes para las autoridades consiste en pasar de la fase de destrucción a la de construcción de una política pública de gran alcance que resuelva el asunto en el largo plazo, y que el Presidente ahora tiene que demostrar que no sólo fue capaz de detener lo que amenazaba con constituirse en problema mayúsculo, sino de poder levantar una solución efectiva en el mismo sitio.

Cabría agregar ahora que para que la opinión pública le reconozca al titular del Ejecutivo, además de valentía por desafiar al Sindicato Mexicano de Electricistas, altura de miras y visión de estadista, tendría que demostrar que esa maniobra no fue simple expresión de fuerza, sino uso inteligente del poder político; que no fue una ofensiva contra un grupo aliado al sector del perredismo y de otros partidos políticos que se mantienen cercanos a Andrés Manuel López Obrador, sino una medida que busca beneficiar a millones de mexicanos y a la economía nacional en su conjunto; que no se trata nomás de recuperar puntos en la alicaída popularidad presidencial, sino de proveer eficientemente un servicio básico.

La duda es fundada pues, a una semana de la publicación del decreto y de la puesta en marcha del operativo, lejos de explicarla en el marco de una estrategia integral de reposicionamiento del poder institucional frente a los llamados "poderes fácticos", las autoridades se encerraron. El secretario del Trabajo canceló una comparecencia ante un grupo de diputados "por causa de fuerza mayor" y el Presidente no asistió a la 51 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, foro privilegiado en el que bien hubiera podido fijar su posición, esclarecer sus propósitos y contextualizar esa decisión particular entre los diversos desafíos de similar naturaleza que el país enfrenta.

Si la motivación del Presidente fue la filiación partidista de esa dirigencia sindical, las implicaciones para los mexicanos serían unas; pero si de lo que se trata es de enfrentar estructuras sindicales sobre la idea de que su ineficiencia representa un lastre que impide mejorar el servicio de un organismo público descentralizado, serían otras; incluso si el propósito subyacente fuera combatir las expresiones de poder que podrían poner en riesgo a las instituciones públicas, las consecuencias serían muy diversas, sobre todo si, como se asegura, algunas de esas fuerzas también se mantienen cerca de la Presidencia de la República.

En tanto el gobierno no logre convencer a la ciudadanía de que busca fomentar la eficiencia y persuadirla de que no fue una acción aislada sino parte de un proceso de modernización de áreas estratégicas de la economía, persistirá este tufillo revanchista y vengador, que si bien puede producir simpatía momentánea, nunca hará que la Presidencia merezca confianza. Aunque la decisión haya sido oportuna y hasta adecuada hay, en el manejo político de la misma, cierta dosis de uso caprichoso del poder que podría convertir, este acto de autoridad, en ejemplo de arbitrariedad. Para evitarlo, es preciso que las autoridades actúen conforme a la Ley; esto es, respetando los derechos de los trabajadores.

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