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  Liquidar es cancelar y pagar. Es dar por terminada una relación y asumir la responsabilidad por las obligaciones derivadas de la misma. Así, con inusual arrojo político y para sorpresa de casi todos, la Presidencia de la República ha decidido liquidar Luz y Fuerza del Centro, y ha anunciado su determinación de honrar -como debe ser- los compromisos asumidos por ese organismo público descentralizado, con sus decenas de miles de trabajadores jubilados y en activo, así como con los casi 20 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona centro del país. Con esa noticia que ha hecho más complejo el panorama político nacional nos encontramos este domingo los mexicanos.

El Poder Ejecutivo federal actuó en términos de lo establecido por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que en su artículo 15 precisa que "en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación".

Continúa esa disposición más adelante: "Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquel. Asimismo, podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad".

Con la información disponible hasta ahora y, sobre todo a partir de la experiencia cotidiana, es difícil, por decir lo menos, hablar a favor de la calidad en el servicio o la productividad del organismo descentralizado hoy en vías de extinción jurídica. De las muchas cifras que el Ejecutivo federal se ha encargado de difundir, vale la pena recuperar el hecho de que con más de 60 mil trabajadores, la LyFC ha venido atendiendo a 20 millones de personas, mientras que una institución de similar naturaleza, pero muy distinto desempeño, cuenta con mucho menos de la mitad del personal para atender al cuádruple de usuarios.

Aliada a fuerzas políticas paradójicamente reaccionarias, la dirigencia sindical de la polémica empresa del Estado mexicano colmó la paciencia de los usuarios y a punta de recurrentes ineficiencias, padece un rechazo popular que hace ver difícil cualquier recurso legal o político que intente para revertir la decisión anunciada.

Pero lo acontecido es el principio de un proceloso camino jurídico, político y administrativo que pondrá a prueba la inteligencia y capacidad ejecutiva de las autoridades; ahora el reto consiste en pasar de la fase de destrucción a la de construcción de una política pública de gran alcance que resuelva el asunto en el largo plazo. Antes de comenzar a mirar desafiante a los mexicanos con retadora pose de ¿a ver quién sigue?, el Presidente tiene que demostrar que no sólo es capaz de detener lo que amenazaba con constituirse en problema mayúsculo, sino de levantar una solución efectiva en el mismo sitio.

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