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  Uno de los logros más significativos, en la última década, en materia de derechos de las mujeres fue, sin duda, las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal, que aprobó el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 24 de abril de 2007, y con las cuales se despenaliza la interrupción del embarazo antes de la duodécima semana de gestación, reconociendo así el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente sobre su cuerpo y elegir sobre su maternidad.

Si bien esta lucha por garantizar los derechos de las mujeres no fue fácil, finalmente las reformas fueron reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el 24 de mayo de 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, en uso de sus atribuciones legales, promovieron por separado acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del decreto aprobado por los integrantes de la IV Legislatura de la ALDF.

No fue sino hasta agosto del 2008 cuando el Pleno de la Suprema Corte resolvió a favor de la constitucionalidad de las reformas al Código Penal y de las adiciones a la Ley de Salud, ambos para el Distrito Federal. Con esta decisión de la SCJN se dio garantía plena al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Cuando las condiciones estaban dadas para que dicho logro se reprodujera en otras entidades del país, vino el retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres a la vida y a su seguridad, al goce pleno de su sexualidad y a elegir en libertad y autonomía su reproducción. Ello porque en más de la mitad de los estados del país se están llevando a cabo contrarreformas a las Constituciones locales, que no sólo limitan sino que hasta extinguen los derechos de la mujer, al grado de criminalizarlas por tomar la decisión de interrumpir su embarazo.

Desafortunadamente estas reformas se basan en el desconocimiento de la voluntad ciudadana y hasta en preceptos religiosos. De acuerdo con una encuesta, realizada por el organismo no gubernamental Population Council y que contó con el apoyo de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Ipas, Equidad de Género y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se señala que el 90 por ciento de los sondeados apoyan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

El mismo estudio señala que a poco más de dos años de que se despenalizara el aborto en la Ciudad de México y luego de practicarse más de 30 mil procedimientos, la aceptación de la interrupción del embarazo entre los capitalinos aumentó de 38.4 por ciento en 2007, a 73 por ciento en 2009.

Si bien este derecho no fue ampliamente aceptado en su principio, el tiempo y los procesos han ayudado a comprender que gracias a las reformas se ha salvado la vida a miles de mujeres que ya no se exponen a un aborto clandestino. Por ello no es gratuito, como lo demuestra el estudio, que la sociedad de la Ciudad de México ha ido apoyando cada vez más la ley que permite la interrupción legal del embarazo. Ahora están de acuerdo con la ley el 73 por ciento, mientras que en 2008 era 62.9 por ciento, y en 2007 sólo contó con la aprobación del 38 por ciento.

Asimismo, en dicha encuesta, realizada entre personas de los 14 a los 92 años y de las cuales 53 por ciento eran mujeres, se señala que el 82 por ciento de los capitalinos está a favor de que en otros estados del país se aprueben leyes similares y 72 por ciento está de acuerdo en que mujeres de provincia viajen a la capital para realizarse un aborto legal.

La IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal siempre apostó a la defensa de los derechos de las mujeres. Su decisión fue ratificada y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La lucha y la defensa por instaurar este derecho se dio. Ahora toca el turno de defenderlo y luchar porque no sea exclusivo de la capital del país, sino que se extienda a todo el país para que cualquier mujer pueda ejercerlo si así lo decide.

Por esta razón, el 5º. Pleno del VII Consejo Nacional del PRD resolvió reprobar las contrarreformas, defender el Estado laico en el que está sustentado el Estado mexicano y mandatar a todos los integrantes del partido, para que desde sus respectivas trincheras no avalen las iniciativas que representan violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

No perdamos de vista que la interrupción legal del embarazo, antes de la duodécima semana de gestación, es una opción que ha permitido preservar la vida y la salud de muchas mujeres que, con anterioridad, se encontraban totalmente desprotegidas. Ya basta de que la mujer tenga que iniciar una lucha social por cada derecho que por ley le corresponde y que está garantizado en nuestra Carta Magna.