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  Suele repetirse en los discursos que la adecuada atención de los asuntos públicos exige la colaboración de las fuerzas políticas. Para el presidente Felipe Calderón esa forma de cooperación puede promoverse con reformas a las leyes, "tenemos que plantearnos si nuestro sistema político permite procesar conflictos y traducir en acciones públicas el mandato ciudadano", dijo con motivo de su más reciente informe de gobierno y remató: "Hay que pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva". Desde esa perspectiva, preceden las reformas a los cambios de actitud.

A partir de otro ángulo visual, habría quien sugeriría la ruta al revés; los políticos deberían mostrar capacidad para lograr la unidad a partir de la diversidad, para establecer acuerdos que brinden eficacia a los poderes y las instituciones públicas; lo que implicaría un cambio en las costumbres políticas que preludiara y provocara una transformación legal. ¿Cambio de instituciones o de actitudes? Esa pareciera ser la cuestión.

Cualquiera que fuera el punto de partida, antes de alcanzar la estación de llegada, habría que pasar por el establecimiento de una colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, que brinde flexibilidad y, sobre todo, un objetivo común, a las instituciones públicas.

El sentido común y las experiencias internacionales sugieren partir desde ambas rutas e impulsarlas hasta que se encuentre la reforma legal con la transformación política y continúen juntas hacia la creación de un régimen tan eficiente como democrático.

En cualquier caso, la responsabilidad del jefe del Estado mexicano, el Presidente de la República, es mayúscula. Y en ese sentido habría que reclamarle a Felipe Calderón que no ha emprendido el camino por ninguno de sus extremos.

Primero, lejos de establecer un gobierno de amplio espectro, que abarcara e incluyera a vastos sectores de la sociedad, integró su equipo con sus más cercanas y queridas amistades, con las que ni siquiera todos los integrantes de su partido político se sintieron identificadas y, por el contrario, representativos sectores del panismo se dijeron excluidos. ¡Y ni hablar de otras expresiones políticas!

Segundo, a tres años del inicio de su gestión y tres semanas del discurso citado, lejos de proponer reforma alguna que subsane el déficit institucional que diagnosticó, él y su secretario de Gobernación continúan expresándose acerca de lo que hay que hacer, no de lo que están haciendo. Ni siquiera la oportunidad que un diputado federal panista brindara al responsable de la política interior durante su comparecencia, al cuestionarle sobre los alcances de la convocatoria presidencial, mereció respuesta.

Presa del poder, la Presidencia de la República pareciera estar incurriendo en inmovilismo. La parálisis, al menos en lo tocante a la reforma política que en sus vertientes electoral e institucional fuera anunciada como parte de un decálogo presidencial, no aparece por ninguna parte y de continuar así, el Ejecutivo federal, lejos de ser motor de la reforma, corre peligro de convertirse en lastre.

ccq@cesarcamacho.org