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  A 40 meses del cambio de administración federal, el escenario político-social de México se ha complicado sin paralelo con experiencias recientes. Cualquier análisis que hagamos de nuestra situación, por fuerza debe considerar el complejo entorno que vivimos; los crecientes retos y necesidades sociales, y las cada vez más evidentes contradicciones y debilidades de nuestra estructura institucional.

Del entorno mucho se ha escrito y mayor ha sido la percepción de la sociedad. Abruma la crisis económica propiciada por la recesión con el consecuente desempleo y retroceso en el desarrollo; la creciente presión y desazón generada por la violencia del crimen organizado; las finanzas públicas debilitadas por la baja recaudación de IVA e ISR y la pronunciada caída de la producción petrolera, y la amenaza presente y factible de volver a padecer una alerta de salubridad pública con el virus AH1N1.

Cada una de estas circunstancias exigen del gobierno atención y políticas definidas para cuyos efectos requiere, entre otras cosas, recursos, sinergias políticas y sociales así como competencia legal para actuar con las herramientas y la dirección necesarias. No parece encontrarse de manera abundante; vaya, ni medianamente, los elementos que necesita.

Los crecientes retos y necesidades sociales cada vez se están haciendo más evidentes. Sin pretender erigirnos en agoreros del infortunio, pues la fortaleza de México ha sido más grande que sus problemas, no puede desestimarse el eventual peligro que conllevan los índices de marginación y pobreza que recientemente el INEGI desnudó sin tanto rubor.

Íntimamente vinculada a esta lacerante realidad, se suma el desempleo de la población económicamente activa y la cada vez más gruesa actividad informal que de manera silenciosa y paulatina acerca sus fronteras a la ilegalidad. Esta asignatura pendiente, bajo ciertas circunstancias, podría calificarse como superable, salvo por el apabullante y geométrico aumento de la demanda de empleo que presenciaremos, cuando la franja de la población que se encuentra entre los 12 y los 16 años, esté en posibilidad de exigir su ingreso al mercado laboral.

En efecto, la base de nuestra pirámide poblacional está integrada por casi 13 millones de mexicanos, que en los primeros años de la próxima administración federal, estarán ansiosos de convertirse en sujetos económicamente activos en una cantidad mayor a los 2 millones anuales. Hasta donde recuerdo, en las estadísticas mexicanas, nuestros mejores promedios anuales de creación de empleos rondan los 800 mil. La sola diferencia, es motivo para preocuparse y ocuparse desde ahora.

En este contexto y frente a las presiones enunciadas, las instituciones y estructuras institucionales deben estar diseñadas para atenderlas y superarlas. Mientras vivimos el presidencialismo exacerbado combinado con una suerte de corporativismo incipiente, los equilibrios entre los poderes fácticos, grupos políticas y poderes públicos se mantuvieron aún frente a disposiciones jurídicas formalmente vigentes que no eran observadas del todo.

Hoy, cuando ha cesado el poder omnímodo de la presidencia, el sistema vigente no funciona para asegurar los mínimos equilibrios que requerimos. Estamos a la mitad de una transición que parece estancarse y cuyo término sólo podrá lograrse con voluntad política, inteligencia y profunda pasión por México.

Hagamos votos porque este sea el principal eje de las acciones, y no el debate estéril para intentar controlar el futuro a través del presupuesto y la imposición de adecuaciones que responden a intereses coyunturales, pero a ningún tema de fondo.

Esas podrán ser victorias pírricas que nada aportarán a las reformas estructurales y de fondo. De concretarse éstas, todavía podríamos prever condiciones diferentes para enfrentar de mejor manera los reclamos sociales, lo cual agradecerá no sólo México, sino también la persona, grupo y partido que triunfen en las próximas elecciones.

fjzentenob@hotmail.com