Opinión / Columna
 
Luis Hernández Palacios 
Votar o no votar
Organización Editorial Mexicana
28 de junio de 2009

  A nadie escapa que, en uno de los peores escenarios que podrían tenerse, en las próximas elecciones en nuestro país se agudice la abstención. Este fenómeno está cruzado por una crisis socioeconómica sin salida pronta y por los problemas de inseguridad. Se ubica, de manera dramática, en los límites del ejercicio democrático, en cuyo centro se ha colocado el falso debate de la anulación del voto. Falso debate, pues es un hecho conocido que estas elecciones intermedias no generan una gran movilización hacia las urnas. Siendo una constante la abstención, cercana al 60 por ciento.

El llamado al voto nulo o voto en blanco al que han dado atención los medios masivos de comunicación tiene su fondo y raíz en la poca credibilidad de los partidos y en el desencanto que la sociedad, en general, tiene de la cosa pública. Porque igual da votar por unos candidatos que por otros, en razón que las ofertas y las propuestas de campaña (que de por sí han estado muy magras y llenas de descalificaciones), no llena las expectativas mínimas de los potenciales sufragantes.

Estamos, pues, ante una cuestión que no puede ni debe ser tratada con criterios simples. Nos interesa a todos, y todos debemos contribuir a darle su valor al sufragio. Y es que la democracia es participación; y la participación demanda la necesidad de sufragar. Si bien los tres grandes partidos PRD, PAN y PRI, no han estado a la altura de las expectativas programáticas que demanda un electorado ávido de propuestas concretas y de ofertas electorales razonables, es necesario repensar sobre los candidatos y votar por la propuesta que se acerque más a la contribución de la deliberación y acción para la búsqueda y concreción de acuerdos y consensos en bien de la nación.

Es preciso acotar que votar es, en efecto, la única manera pacífica y legal de influir en el diálogo del poder, pero ese diálogo es del poder; que la confrontación de la oposición y el poder y todas las demás confrontaciones dentro de las instituciones políticas suceden en efecto dentro de ellas, en el ámbito del poder y no en el de toda la sociedad. Dejar de ejercer ese derecho es, en principio, minar uno mismo toda posible justificación para reclamar o protestar. Porque a través del voto podemos influir en la estructura que tendrá el poder constituido, cosa ciertamente importante, y además sin duda mandarle algunos mensajes que él tendrá interés en descifrar, siempre y cuando podamos compartir nuestros intereses con otros y dentro de éstos algunos grupos que estén en vías de recoger y sumar fuerzas para alternativas de poder. De todos modos, hoy en día, en sus debates, confrontaciones y decisiones el poder ejercerá su exclusiva soberanía sin auscultar ya al resto de la sociedad.

Las elecciones son y serán un espacio de revisiones políticas, en donde existe la necesidad de releer atentamente los contenidos heredados frente a las propuestas nuevas para ver con claridad qué ha pasado y qué le puede deparar a nuestro país, y las posibles alternativas para el futuro.

No hay presente sin pasado y no hay futuro en el que no influya el presente y el futuro deberá tener nuevos valores que le den esencia y contenido social a la democracia, que podría ser tan vulnerable si es que no empezamos a construir nuevas mayorías con innovación en las propuestas. Por ende, hay que establecer una adecuada política democrática de la memoria y perspectiva colectiva y asistir a la urna para sufragar por una opción y no para negar a la democracia. Pues sin la acción de sufragar no podría construirse una transición democrática. Prolongarla es dilatar el debate nacional de los diversos temas que requiere el desarrollo nacional.

A menudo, la crónica de sucesos de un país puede ofrecer un fiel retrato de la situación de esa sociedad y de su nivel democrático a la hora de elegir a sus representantes. Sin embargo, para consolidar la transición democrática se debería optar por un replanteamiento de los diversos asuntos de la agenda nacional que promuevan un nuevo andamiaje institucional; que a su vez encaucen a la cosa pública por vías racionales que propicien un contexto para la cooperación entre los partidos políticos y entre los poderes, y entre éstos y la sociedad.
 
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