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  A una semana de que estemos viviendo la jornada electoral federal intermedia del 5 de julio de 2009 e inmersos en acontecimientos económicos, sociales, políticos y judiciales, ha pasado desapercibido para la mayor parte del círculo político y de los medios de comunicación un interesante y necesario anuncio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal con relación a la construcción de doce penales que el Gobierno federal realizará antes de que culmine la presente administración en diciembre del año 2012, concesionando a particulares la construcción de los mismos. Reitero que es fundamental, porque todos los días y a todas horas se nos entera de detenciones realizadas por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, pero fundamentalmente de carácter federal.

Actualmente la población penitenciaria en nuestro país es de 225 mil 600 cuarenta, de los cuales 51 mil son del fuero federal que en términos porcentuales será el 23 por ciento; y 174 mil son del fuero común, o sea el 77 por ciento; la capacidad del sistema carcelario es de 172 mil, por lo que el déficit de espacios es de más de 53 mil en la actualidad en los 338 centros de reclusión que hay en México, y cabe destacar que 90 mil de los internos están en prisión preventiva, sujetos a proceso. Con la construcción de esta docena de inmuebles se contará con 41 mil 400 doce espacios para alojar a nuevos internos, mismos que cuantificados estarían apenas atendiendo la sobrepoblación por hoy existente; la inversión estimada es cercana a los 3 mil millones de pesos más la del sector privado.

Actualmente los penales federales están al límite de su capacidad y, por ejemplo, el del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, tiene capacidad para 816 internos y en la actualidad hospeda a 805; el de occidente en Jalisco puede albergar a 836 presos y tiene una población de 817; las entidades con mayor sobrepoblación son el Distrito Federal, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, lo que ha derivado en una explicación consistente sobre los más recientes motines que se han dado en el presente año, y basta citar que el 4 de marzo internos del Cerezo de Ciudad Juárez, miembros del cártel de los Carrillo Fuentes asesinan a 20 reos y lesionan a 7; el 16 de mayo 53 internos se fugaron del Cerezo de Cieneguillas, Zacatecas, con la participación de un amplio comando; el 17 de mayo se dio un motín en la cárcel de Mexicali, Baja California dejando 12 internos hospitalizados; y el 19 de mayo la restricción de visitas a las cárceles del Distrito Federal por motivo de la influenza H1N1 generó un motín en el Reclusorio Sur con un saldo de 18 internos lesionados.

No se ha hecho esperar que varias entidades federativas y de manera puntual el Gobierno del Distrito Federal haya promovido la reubicación y la no canalización de reos del fuero federal en donde están contemplados aquellos delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico y portación de armas de uso exclusivo del Ejército ante la Procuraduría General de la República, a quien solicitan que los detenidos por estos motivos sean internados en penales federales debido a su grado de peligrosidad y fuerza económica, y en ocasiones política para organizar a los internos con base a su poder económico y de fuego en el interior y exterior de los centros "de readaptación social".

Pero no sólo es un asunto de espacio sino de corrupción en las cárceles que enfrentan adicionalmente la disyuntiva que les presentan los delincuentes bien conocida como "plata o plomo" y le sumamos la ausencia de personal de seguridad y custodia en las prisiones federales y locales, ya que los bajos salarios y estándares de contratación han hecho un círculo vicioso en el tema, la contratación de personal calificado con nivel medio superior concluido y exámenes de conocimientos y de control de confianza que tuvieran que verificar el entorno socioeconómico, la aptitud sicológica y médica y la aprobación de detector de mentiras o polígrafo.

Actualmente la convocatoria de la Secretaría de Seguridad Pública federal incluye una estatura mínima, no ser obesos, tener entre 24 y 30 años, no presentar tatuajes o perforaciones corporales a excepción de aretes en orejas de mujeres; la pregunta es por qué hasta ahora.

E-mail: danielacevesv@yahoo.com.mx