Por Gustavo García Rivas

La construcción de un acuerdo nacional para combatir la inseguridad y la impunidad en nuestro país será muy importante para resolver estos problemas, por lo que Baja California debe considerar dicha propuesta e invitar a los tres Poderes del Estado y la sociedad civil y el sector privado, además de todas las fuerzas políticas a suscribir una medida de esta naturaleza.

El presidente del Partido Estatal de Baja California (PEBC), Jorge Eugenio Núñez Lozano, señaló que la impunidad es uno de los factores que dañan la credibilidad de nuestras instituciones, y si realmente la autoridad está dispuesta a escuchar a la comunidad e ir juntos en un nuevo camino, debemos mostrar también nuestra situación como entidad y empujar hacia un acuerdo en conjunto.

"Debemos convocar a que los poderes del Estado, ayuntamientos y partidos, además de organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos, establezcamos nuestras prioridades para brindar la seguridad que reclaman los ciudadanos, mejorando nuestras instituciones encargadas de la prevención y procuración de justicia..."

El también fundador del partido, consideró que la sociedad reclama que la agenda en seguridad abarque desde modificaciones en el marco jurídico y que los presupuestos sean ejercidos con eficiencia, así como la importancia de fortalecer y transparentar el Poder Judicial, señaló la importancia de poder establecer este documento de compromisos y hace la notificación correspondiente al presidente de la república.

Indicó que hay temas pendientes que siguen abiertos y se tienen que resolver, así como Baja California no debe seguir siendo rehén de la delincuencia, el Estado tiene una compromiso conjunto para restituir la tranquilidad y paz que reclaman los bajacalifornianos.

Recordó que según lo establece el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y municipios en las respectivas competencias que la Constitución señala, la cual establece que debe haber coordinación para implementar un sistema nacional de seguridad pública.