Carlos Acosta / El Sol de México

Ciudad de México.- Senadores del PRI, PAN, PRD y PT denunciaron que los gobernadores del país se despachan "con la cuchara grande" a la hora de manejar los recursos públicos, debido a los limitados mecanismos que existen para obligarlos a respetar la transparencia y rendición de cuentas, así como por el contubernio que tienen con los congresos estatales en la fiscalización presupuestal, debido a que en la mayoría de los casos, los legisladores locales son "empleados" del mandatario en turno.

Senadores de la República establecieron el problema es todavía mayor cuando destinan recursos federales, toda vez que sólo se alcanza a fiscalizar el 5 por ciento, y se ha comprobado que la mayoría no se aplican para lo que deben ser canalizados.

En 2008, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, el Gobierno federal transferirá a los gobiernos estatales y municipales recursos por 369 mil 570 millones de pesos, de los cuales, sólo se auditarán 18 mil 478 millones de pesos, el resto de las participaciones federales serán usadas " a discreción" por los gobernadores y los presidentes municipales.

Hoy en día, de acuerdo con los legisladores entrevistados, de cada peso recaudado por la federación, 63 centavos son gastados directamente por autoridades municipales o estatales. Sin embargo, la lógica política detrás de la descentralización ha evitado que analicen dos asuntos vitales para el eficiente funcionamiento de la estructura fiscal: la rendición de cuentas y la efectividad del gasto gubernamental.

Por otra parte, en esos niveles de gobierno los mecanismos de rendición de cuentas son sumamente endebles y, por tanto, la mayor parte del gasto público del país no se audita; por esta práctica se explica que los grandes presupuestos que se destinan al desarrollo nacional tengan resultados tan magros o que se den situaciones como la del gobernador de Jalisco, Emilio González Guzmán, quien "donó" a la Iglesia Católica 90 millones de pesos, de los cuales ha entregado 30 millones.

El panista Alejandro Zapata, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, explicó el origen de la opacidad: "los congresos estatales tienen una dependencia política del Ejecutivo del estado y, por lo tanto, más que legisladores, son subordinados y no se atreven a hacer adecuadamente su función revisora".

Para el también panista Gustavo Madero, el decreto recién aprobado por el presidente Felipe Calderón representa un avance en la rendición de cuentas, ya que permitirá a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos del Ramo 33 que agrupa las transferencias federales a los gobiernos estatales y municipales.

Sin embargo, éste es apenas un esfuerzo limitado, dado que la ASF no alcanza a fiscalizar más del 5 por ciento de todo el gasto federal que se aplica en los estados.

En opinión del presidente de la Comisión de Hacienda en Xiconténcatl, la ASF y también la Función Pública pueden intervenir en la fiscalización de esos recursos para dar certidumbre al uso que se le da y para evitar que sean manejados en forma discrecional.

Explicó que los gobiernos de los estados aplican recursos federales, como los del Ramo 33 -combate a la pobreza y los excedentes petroleros- y los locales, pero en el caso de los primeros, la federación sólo interviene cuando hay convenios de colaboración, siempre y cuando lo pida y autorice el Congreso local.

Los senadores consideraron que existen mecanismos para exigir una mejor rendición de cuentas, pero todavía son muy limitados, y se tiene que ser más exigentes en la transparencia y esa es tarea de los congresos locales.

Madero Muñoz también considera que se debe aumentar la cultura de la transparencia en los gobiernos de los estados y pedir responsabilidad a las legislaturas locales; "lo que hemos logrado a nivel federal en transparencia y rendición de cuentas se pueda replicar en los congresos locales, para que lleguen a saber lo que cuestan las toallas del baño del gobernador, igual que supimos lo que costaban las toallas del presidente".

Fernando Elizondo, exgobernador de Nuevo León y presidente de la Comisión de Salud, consideró necesario regular el destino de los excedentes, las participaciones que reciben los estados, que ahora por definición son recursos libres que se gastan, de acuerdo con el interés local.

Recomendó que para superar los insuficientes mecanismos se deben crear fiscalías autónomas que se responsabilicen de corregir las prácticas de corrupción y malos manejos.

Zapata Perogordio recordó que si algo fue muy criticable en México era la opacidad en el manejo de los recursos públicos porque se hacía con criterios elitistas y selectivos, por lo que debe corregirse la falta de fiscalización de los recursos públicos en los gobiernos estatales.