Especial de Nidia Marín / El Sol de México

Ciudad de México.- México resultaría beneficiado si se produjera una eventual amnistía para el Ejército Popular Revolucionario, en la medida en que implique menos cargas patrimoniales a las instalaciones estratégicas del Estado y que no van a ponerse en juego de manera indiscriminada vidas de ciudadanos mexicanos.

El EPR busca operar política e institucionalmente, abandonar la vía armada y está construyendo una ruta de credibilidad, una ruta independiente. No se van a plegar a las agendas, a los intereses de la izquierda organizada, como son los del Frente Amplio Progresista.

El especialista en seguridad nacional Pedro Isnardo de la Cruz así lo explica, al considerar, además, que esta guerrilla, vía la negociación, está buscando vulnerar uno de los epicentros de la alianza PRI-Gobierno federal, en una entidad como Oaxaca en la que ha estado actuando desde hace más de dos décadas y media.

Entrevistado para El Sol de México, el maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señala que al solicitar la negociación, el EPR está proponiéndose como una alternativa real en contra de un gobierno de derecha, en contra un perfil como el de la actual administración presidencial.

Dividida en dos partes, la entrevista inicia sobre el tema de la posible negociación.

-El Gobierno aceptó un diálogo con la guerrilla. ¿Hasta qué punto esto beneficia la seguridad nacional de México?

-El contexto es, primero, que este diálogo es simplemente una propuesta. A mi juicio, es una jugada muy interesante de una de las guerrillas que ha acreditado que tiene capacidad de operación logística, de combate, de presencia y de manejo mediático a escala nacional. En ese sentido, me parece interesante porque habla de una especie de pragmatismo político en las guerrillas modernas, como la del EPR. Creo que quienes comandan el Ejército Popular Revolucionario tienen muy en claro las lecciones del EZLN en el proceso de amnistía y la relación que construyeron con la sociedad a nivel nacional, así como el despliegue que, incluso, el Gobierno federal dio para que pudiera proponer, en su momento, lo que son los acuerdos a favor de los derechos indígenas.

"Pero justo estas lecciones -dice- se derivan de la experiencia guerrillera del EZLN y al mismo tiempo del diagnóstico que ellos tienen del proceso electoral del 2006 y del deterioro de los partidos políticos como representantes de la izquierda, como representantes genuinos de los intereses de la sociedad".

Añade: "Creo que este grupo guerrillero está proponiéndose como una alternativa real en contra de un gobierno de derecha, en contra un perfil como el de la actual administración presidencial".

Considera también: "Estamos en un escenario interesante de pragmatismo político, que tiene dos problemas fundamentales. Uno, que el interlocutor, el secretario de Gobernación, no necesariamente tiene la credibilidad, la capacidad para poder generar una operación política de buen nivel, que permita construir un poco lo que está buscando el EPR: un escenario de negociación, que posteriormente tenga por desenlace su conversión en una modalidad de fuerza política institucionalizada.

"Segundo, tiene el problema de que, en buena medida, el EPR está al mismo tiempo en disputa con la alianza que está al interior de la clase política gobernante, que es la alianza del presidente Calderón con el PRI del Congreso y con el PRI de los gobernadores de los estados. Está apuntando sus baterías a la ecuación APPO-Gobierno del estado de Oaxaca-EPR, buscando que se responsabilice a las autoridades gubernamentales y policiales del estado de Oaxaca.

"En esa medida lo que está buscando es que se construya un escenario de responsabilidad, un escenario de aparición de sus integrantes, que fue su demanda original, y al mismo tiempo que por ese lado se diluya la alianza entre el Gobierno federal y uno de los gobiernos estatales que más han dañado la capacidad de operación logística y de estructuración social, como es el del estado de Oaxaca".

EN BUSCA DEL O2

El EPR, asegura Isnardo de la Cruz, "busca tener oxígeno en Oaxaca para poder restablecer su capacidad de operación, en la búsqueda de que se deslinden responsabilidades judiciales y políticas al Gobierno del estado de Oaxaca y a su gabinete más visceral. Al mismo tiempo, insisto, busca un escenario de negociación con el centro".

-¿Significa que la mirada del EPR, en cuanto al diálogo, es local, no es nacional?

-Es una ruta que pasa por una vena local, pero que tiene un despliegue nacional.

-¿En qué sentido?

-En sentido estratégico. Busca dañar uno de los epicentros de la alianza del PRI con el Gobierno federal y generar una ruta de negociación que permita la garantía del Gobierno federal de que el EPR puede operar política e institucionalmente.

-¿Hasta que punto sería benéfico para México, que al final de cuentas se llegara a una amnistía?

-En la medida en que esto implique menos cargas patrimoniales a las instalaciones estratégicas del Estado y que no van a ponerse en juego indiscriminadamente vidas de ciudadanos mexicanos, es una negociación importante. El EPR ha acreditado tener capacidad de daño, de operación, logística, mediática, de despliegue de sus objetivos y de sus ofensivas. Primero, el EPR está gradual y progresivamente demostrando que debe tomársele en serio, que debe colaborarse en su demanda de aparición de sus integrantes guerrilleros. Y segundo, que el Gobierno federal debe tener una disposición distinta, incluso a cuestionar algunos de los flancos de sus alianzas, en este caso con el PRI que representa uno de los gobiernos en uno de los estados donde el EPR opera hace más de dos décadas y media.

-Llama la atención que esta petición de negociación de parte del EPR se produzca precisamente cuando la izquierda está fracturada. ¿Ellos en algún momento podrían ser parte de uno de los grupos de esta izquierda dividida o cree usted que irían separados?

-Creo que van separados y, en todo caso, buscan construir una ruta de respetabilidad, en un camino independiente. Por eso están planteando y defendiendo que haya representantes sociales, con conocimiento de causa de los movimientos, con conocimiento de identificación con las demandas de la izquierda y con una visión genuina de lo que ha sido su historia, la biografía de los personajes y la naturaleza represiva del estado a sus demandas. Están construyendo una ruta de credibilidad, una ruta independiente y no se van a plegar a las agendas, a los intereses de la izquierda organizada, como es la que se da al interior del Frente Amplio Progresista.

LUCHAR DESDE LAS INSTITUCIONES

(El EPR propuso el diálogo al Gobierno federal, mediante un grupo de personajes. La Secretaría de Gobernación lo aceptó, pero condicionó el mismo, a que la guerrilla se comprometa a suspender las acciones violentas y que no solamente sea sobre los militantes desaparecidos. La respuesta del EPR no se hizo esperar: "...rechazamos categóricamente la respuesta del gobierno calderonista en todos y en cada uno de sus puntos por alevosa, grosera y tramposa, que reflejan nula voluntad política para resolver los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país por su gobierno y gobiernos pasados. Simplemente es una propuesta inaceptable". Hace unas horas, la Secretaría de Gobernación ratificó su interés por dialogar.)

-Hasta ahora las posibles negociaciones entre guerrilla y Gobierno federal han dado tumbos. El EPR rechazó la respuesta de la Secretaría de Gobernación y al tiempo los intermediarios dijeron que ello no significaba ruptura. ¿Cómo observa usted los escenarios para el diálogo?

-Lo veo complicado, porque en el fondo lo que quiere evitar el presidente Calderón es que se fracture la ecuación, la alianza, el productivo nexo y capital político, que implica su estrecha relación con el PRI, con sus gobernadores, con las cúpulas en las fracciones legislativas del Congreso federal. Lo veo muy complicado para el EPR, aunque sería justo el escenario ideal. Creo que esto implicará mucho tiempo, por lo menos unos tres cuatro meses, para que el EPR pueda tener la certeza de que se pueda presentar una circunstancia que implique que el Gobierno federal sí podría plegarse a lo que quiere.

Sin embargo, precisa: "Tengo la impresión de que hay dos obstáculos, uno, la reforma energética que se está procesando en el legislativo, y dos, qué va a pasar realmente con Juan Camilo Mouriño después del escándalo en el que lo puso el excandidato a la Presidencia López Obrador.

(Después de realizada la entrevista se sabría que la comisión legislativa encargada de investigar los contratos de transportación de hidrocarburos adjudicados por Pemex-Refinación a la empresa Ivancar había exonerado al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de las acusaciones por tráfico de influencias.)

Al entrevistado se le comenta que el Ejército Popular Revolucionario, al parecer, busca luchar desde las instituciones y abandonar la vía armada.

-Creo que sí -señala el especialista- o como una organización sociopolítica que logra un espacio en los medios de comunicación, que logra sentar al Gobierno federal a la mesa, que impone una agenda, que tiene una iniciativa, que puede identificarse con las demandas y las causas de la izquierda. Si logra eso, es una cuestión de tiempo, pero de un tiempo político que no depende del EPR. Por eso, planteó, no estamos de acuerdo con la posición de Gobernación, en el fondo no quieren negociar, pero nosotros mantenemos las puertas abiertas. Por eso, el EPR no ha cancelado la ruta, que es producto de una iniciativa de diálogo.

-Un impedimento para el mismo es que ellos se adjudicaron algunos de los bombazos a instalaciones de Pemex y que se pudiera argumentar la aplicación de la ley. ¿Tendría que producirse una amnistía para que la norma no fuera aplicada?

-Lo que puede ocurrir es que en el proceso detengan a algunos de los comandos del EPR. Si el Gobierno federal logra realizar una operación de inteligencia y quitarles algunos de los comandos más beligerantes, más de línea dura, e incluso sus comandos más moderados que postulen esta ruta de negociación política, podría destrabarse un poco la situación crítica que para el gobierno federal está siendo este llamado al diálogo por parte del EPR.

-¿Se podría destrabar, pero también podría llegar el rompimiento?

-A eso me refiero, en términos de que el gobierno federal cancelaría la ruta del diálogo, porque ya no sería necesario. Mientras les impida operar, los detenga y los tenga realmente en la cárcel, en esa medida se podría cancelar y sin necesidad de asumir la agenda que está planteando en la mesa el EPR.

-El asunto es, maestro, que en los dos casos que ellos mencionan fueron aprehendidos, pero fueron desaparecidos.

-Así es. Ese es el problema que está en la mesa, que ellos quieren garantías de parte del gobierno federal de que, primero, el gobierno local tiene o no responsabilidad en estas desapariciones y dos, de que responsabilidad y desapariciones impliquen algún tipo de enjuiciamiento, una muestra significativa de que el gobierno federal no está respaldando a gobernadores que actúan con esta dinámica, con esta visceralidad.

-¿A estas alturas del siglo XXI es válida otra vez una especie de guerra sucia?

-Lo que pasa es que la guerra sucia tenía componentes militares, así como una decisión masiva de incursionar en las comunidades y de doblar a las guerrillas a cualquier precio, a costa de la existencia de líderes sociales, muchas veces responsabilizados de que estaban protegiendo a grupos guerrilleros y a costa, incluso, de arbitrariedades que llegaban a constituir lo que hoy llamamos delitos de lesa humanidad. No necesariamente estamos en ese punto, porque al gobierno federal no le conviene ser señalado internacionalmente como un gobierno que propicia una ruptura del orden constitucional y una violación masiva de los derechos humanos.

(Continuará)