Judith García / El Sol de México

Ciudad de México.- Especialistas de México y organismos internacionales advierten que el Gobierno mexicano no tiene capacidad económica, estratégica ni tampoco el apoyo del Congreso de la Unión para hacer frente a la crisis alimentaria anunciada por la FAO.

Señalan que los incrementos entre el 30 y 50 por ciento del costo de bollitos, registrados en algunos establecimientos de la capital, son apenas la punta del iceberg de la escalada de precios que se esperan para los siguientes meses.

Economistas de la UNAM y de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) indican que la gran dependencia que se tienen en el consumo de maíz afectará principalmente a casi 14 millones de trabajadores que viven con uno y dos salarios mínimos en las ciudades, y en menor escala a los campesinos, ya que en este último sector se alentará el autoconsumo de lo que producen.

Estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señalan que en los últimos 40 años, las familias mexicanas han reducido las compras de los productos de la canasta básica por el encarecimiento de los productos: carne, huevo, leche, granos, frutas y verduras. Se indica que esto ha provocado que 40 por ciento de la población viva con desnutrición o algún grado de deterioro alimentario.

Integrantes del grupo Greenpeace y organizaciones campesinas coinciden en que con la desatención al campo mexicano a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el propio Gobierno se puso el pie para no garantizar la autosuficiencia alimentaria.

El economista Luis Enrique Zavala, de la EBC, señaló que la crisis alimentaria agarró en mal momento al país, ya que por un lado, la agenda legislativa se concentra en la discusión de la reforma energética, mientras que por el otro, el Estado mexicano se encuentra en medio de una lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, por lo que no dispone de los suficientes recursos para poder apoyar a reducir los precios de los productos agrícolas.

Explicó que esta crisis obedece al enorme crecimiento económico que se esté observando en las economías asiáticas. "Todo mundo ve con cierto pasmo las enormes tasas de crecimiento que tiene China, y no nos percatamos que ese impacto económico también está beneficiando a esa población al incrementarse el poder adquisitivo. Esto significa que tienen mayor capacidad de demanda y están demandando más alimentos más bienes y más insumos materiales".

Otra razón, agregó, es que los precios de los hidrocarburos siguen manteniéndose muy altos, porque estas economías están demandando una gran cantidad de productos del mundo y, por consiguiente, el abastecimiento no está satisfaciendo en la medida de la demanda.

A escala nacional, precisó, estos movimientos van a tener un impacto muy fuerte en la economía de las familias porque van a tener que disponer de más recursos para poder comprar menos alimentos, debido a que los precios de los productos se regirán por la oferta y la demanda.

En México, la vulnerabilidad alimentaria está en el maíz, pues no sólo se necesita para consumo humano, sino también para la producción de ganado avícola y vacuno. En la medida de que los precios de los granos se incrementan, obviamente va haber una gran repercusión en el precio de los cárnicos, y esto también va a ser sensible para la economía.

Sostuvo que para hacer menos severa la crisis, se debe buscar la manera de que haya canales de intermediación que permitan ampliar la capacidad de adquisición, es decir, en los mecanismos de adquisición, un país puede obtener mejores precios internacionales, para abaratar los precios, porque se está adquiriendo al presente y al futuro, y eso permite que empresas adquieran los productos que uno supondría ridículos de lo bajo que pueden ser.

Otra opción, dijo, es la creación de cooperativas de consumo, donde puede intervenirla Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de tal manera de que se pudieran buscar los mejores precios en el mercado, siempre adquiriendo volumen y calidad, obviamente, el abastecimiento local puede ser una solución.

Aleyra Lara, coordinadora de la Campaña de Agricultura Sustentable de Greenpeace, señaló que se necesita mucho la voluntad política para poder incrementar la producción de alimentos. En su opinión, el Gobierno federal debe aplicar los programas de subsidio a los pequeños productores que se vieron afectados con la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN en enero pasado.

"Los programas con los que cuenta Sagarpa no han logrado las metas prometidas de que se tendría un campo ganador y debe establecer programas que no beneficien sólo a los grandes productores en México".

Dijo que de no cambiar el rumbo, habrá más tierras cultivables abandonadas, mayores importaciones de granos, así como un aumento de migrantes, porque -remarcó- es imposible que los campesinos puedan seguir produciendo sin el apoyo del Gobierno.

Para José Luis González, coordinador del Consejo Agrario Permanente, el Gobierno federal debe vigilar de cerca de los comerciantes y a los intermediarios, ya que hay abasto suficiente en este año para que no se incrementos los precios en la producción de granos.

Indicó que el programa Promar, puesto en marcha por la administración federal, ha dado buenos resultados y estímulos a los productores de maíz. Anteriormente, este grano no era negocio y ahora eso ha cambiado. "Lo único que se necesita es aumentar más tierras al cultivo, ampliar las tierras de riego que es muy bajo, pues hace años se decía habían 100 millones de hectáreas y ahora sólo tenemos el cinco por ciento de esa extensión".

Sostuvo que nuestro país tiene un abasto suficiente al producir de 18 millones a 25 millones de toneladas anuales de maíz. Aunque reconoció que en el caso del arroz, se cayó el precio y la producción.

A este problema, señalan investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, se suma que el maíz se utiliza como fuente de energía alterna en el sector agropecuario para la obtención de biocombustibles.