Por José de Jesús JIMÉNEZ VEGA

MEXICALI, B.C..-El sistema judicial en Baja California se encuentra en grave riesgo de colapsar, reveló ayer el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrado Jaime Rico Jiménez.

El nuevo titular del Poder Judicial fue electo por mayoría durante una sesión extraordinaria efectuada ayer poco después de las 12:00 horas. Durará en el cargo 3 años, de acuerdo con una reforma normativa reciente; su antecesor, Víctor Manuel Vázquez Fernández, concluyó su función de 2 años como titular de la institución, pero continuará trabajando como magistrado.

Tras tomar posesión de la presidencia, Rico Jiménez fue entrevistado por varios periodistas, ante los cuales consideró injusto que mientras a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado les incrementan sustancialmente sus presupuestos año con año, y que ésta última consigna miles de averiguaciones previas, los secretarios y los jueces de primera instancia tengan que llevarse expedientes a sus casas para continuar su trabajo, porque no les alcanza el tiempo en sus oficinas. Y no les pagan ninguna compensación.

"Estamos trabajando bajo una intensa presión", dijo.

Expuso que, por ejemplo, mientras en los demás estados del país el promedio de expedientes que ventila cada juez es de 400 al año, en Baja California rebasa los 900, por lo que urgió incrementar la infraestructura judicial de la entidad.

La alta presión por el trabajo en los juzgados está afectando la salud del personal, pero además se incumplen algunas disposiciones procesales que son imposibles de solventar debido a la falta de tiempo, expresó Rico Jiménez. (Él mismo sufrió hace algún tiempo un colapso en su salud, que lo mantuvo incapacitado considerable tiempo).

Por ejemplo, dijo, la Ley establece que los jueces deben conocer y tratar directamente a los procesados, cosa que es imposible en la gran mayoría de los casos. Muchos de los sentenciados jamás conocieron a quien los condenó; el juez tampoco tiene oportunidad de interrogar o conocer a los testigos, y tampoco es posible cumplir con los tiempos y características de los juicios.

El juicio más largo, el ordinario, no debe durar más de un año; sin embargo, reconoció, en los centros de readaptación social del estado hay muchas personas que tienen años bajo proceso, sin haber recibido sentencia alguna.

Hacen falta muchos juzgados de primera instancia, así como cuando menos dos salas de segunda, señaló, agregando que de hecho es necesario establecer en ley la fórmula para la apertura de nuevos juzgados, como sucede con las notarías, que se abra una por cada número de habitantes.

Recordó que en días recientes la Procuraduría reveló haber consignado 118 mil expedientes ante los juzgados, señalando que "es una cantidad exagerada" ante las posibilidades del Poder Judicial.

Recordó que en los juzgados no sólo se ventilan expedientes de procesados, sino también exhortos, órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y auxilio a la justicia federal.

De acuerdo con su predecesor, en estos momentos se está elaborando una propuesta de proyecto para solicitar un determinado presupuesto ante el Congreso del Estado, que sería de cuando menos 750 millones de pesos, por lo que exhortó a quienes disponen del dinero de los bajacalifornianos para que sean más sensibles con las necesidades de la impartición de justicia.

Uno de los retos más apremiantes, reiteró, es incrementar el número de juzgados y de salas de segunda instancia, todo en beneficio de los justiciables.

Al ser cuestionado sobre una reciente reforma judicial, dijo que no le era posible opinar al respecto, dado que no se ha publicado oficialmente y por lo tanto no ha entrado en vigor, por lo que puede haber cambios.

Por lo que hace a los juicios orales, indicó que vendrían a resolver de alguna manera la saturación del trabajo en los juzgados, pero no la resolverían.

Urgió a las instituciones encargadas de prevenir los delitos, a que trabajen más y con mayor creatividad, ya que de lo contrario la delincuencia irá en aumento.

Las autoridades, dijo, deben considerar toda una serie de medidas como educación, más espacios deportivos donde los jóvenes tengan lugar para el esparcimiento y no se sumen a la ola de drogadicción y alcoholismo y, por supuesto, a la de la delincuencia.

Al ser cuestionado sobre la corrupción en el Poder Judicial, dijo que ésta no existe. "Podrá haber ciertas deficiencias, pero nuestros jueces no caen en corrupción; no hay quien señale a un juez que haya tomado determinada resolución a cambio de una cantidad de dinero", señaló, aunque lamentó que se den eventualmente casos muy aislados de personal que comete irregularidades.

También se le preguntó en torno al hecho de que, recientemente, el empresario Sergio García Montaño haya señalado de manera pública que está acusado de difamación por parte del Poder Judicial, debido a que realizó una serie de acciones que, finalmente, llevaron a la destitución de un juez de primera instancia, a la condena y encarcelamiento de dos secuestradores que habían sido liberados por aquél.

Rico Jiménez negó que el Poder Judicial tenga alguna acusación contra García Montaño, comentando que posiblemente el juez destituido haya expuesto una denuncia en lo particular.

Sobre la reciente Marcha contra la Inseguridad, opinó que constituyen acciones que representan legítimas muestras de que la gente está ávida de terminar con la inseguridad para vivir con tranquilidad.

Destacó que la gran mayoría de los bajacalifornianos son gente honesta y trabajadora, que impulsan el desarrollo del estado desde el lugar en que están ubicados, y no se dedican a dañar los patrimonios y la integridad física de los demás.

No dudó en que el Poder Judicial salga adelante en beneficio de los justiciables, pero sí recalcó que se necesita mucha sensibilidad y comprensión por parte de los otros Poderes del Estado, para incrementar la infraestructura jurisdiccional y hacer más fluida y eficiente la justicia en Baja California.