Por Gustavo García Rivas

El Partido Nueva Alianza (PNA) presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo en donde se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión Intersecretarial para que a la brevedad posible concluyan y hagan público el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

La justificación del mismo es porque es casi nulo el avance que han tenido las autoridades en las investigaciones para combatir este ilícito, a pesar de que se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral en México, lo que les genera ganancias anuales estimadas en 9 mil 500 millones de pesos y trabajan en diversos estados, entre ellos Baja California.

La propuesta fue presentada por la senadora bajacaliforniana profesora Irma Martínez, del PNA, quien dijo que se calcula que más de 20 mil niños mexicanos son incorporados cada año a la explotación sexual, particularmente en las zonas fronterizas y turísticas.

La mayor parte de las víctimas son extranjeras y provienen de países de América Central, especialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras; México se encuentra entre los países que más personas envía a Estados Unidos por medio de este delito, que es considerado como el tercero más rentable para la delincuencia organizada, sólo detrás del tráfico de drogas y el de armas.

Por otro lado, indicó que fue en el 2007 cuando en nuestro país fue promulgada la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento fue publicado en febrero del 2009, en tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos instaló el Observatorio Nacional contra la Trata de Personas.

Esta ley en su artículo quinto señala que en esta figura delictiva se entiende la captación, el transporte, traslado, acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza y otras formas de coacción, rapto, fraude, al engaño, al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, o a la concesión, o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento con fines de explotación.

No obstante, la senadora dijo que estas disposiciones son letra muerta y que el gobierno federal ha incumplido con varias de las obligaciones que le establece, por lo que no existen avances en lo que respecta a la recopilación de datos estadísticos y criminológicos relativos a la incidencia delictiva en la materia.

Destacó que esto repercute negativamente en el desarrollo de la investigación sobre estos crímenes, en el manejo irresponsable de cifras, el limitado conocimiento de los perfiles criminales y de las víctimas, en el desconocimiento de patrones de demanda y en la ausencia de impacto en la toma de decisiones.