Por Gustavo García Rivas

En el caso de las dependencias responsables de la procuración, como la aplicación de la justicia, hablando de la PGJE del TSJE, de las diversas corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, y otras dependencias garantes de la seguridad de los ciudadanos, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no puede quedar exento de la observación y de los cuestionamientos, tomando en cuenta que lo integran personas con las debilidades naturales de todo ser humano.

Manifestó lo anterior el delegado en Baja California de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México AC, (CONCAM), licenciado Carlos Rubio Alonso, al ser entrevistado éste miércoles en una visita de trabajo que hizo a esta capital, sobre la denuncia que presentó la semana anterior, el Colegio de Abogados de Mexicali, haciendo señalamientos de presunta corrupción, el manejo de tráfico de influencia y "coyotaje" en los tribunales colegiados del décimo quinto circuito del PJF.

El profesionista dijo que el criterio de la CONCAM, es que dicha denuncia no se quede en el señalamiento estéril, la cual fue presentada a finales del mes de octubre, ante el Consejo de la Judicatura Federal, y la cual "es congruente con la convocatoria que han hecho diversos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que cualquier ciudadano, o profesional del derecho pueda presentar quejas o críticas cuando así lo crean pertinente..."

Indicó que los tribunales federales no pueden quedar exentos de las exigencias de transparencia que hace la ciudadanía a otras instancias, "ya que esto sirve para darle más confianza y credibilidad a nuestra sociedad y ayuda a darle más fortaleza al PJF entre los justiciables..."

Rubio Alonso precisó que dicha confederación de agrupaciones de profesionales del derecho que agrupa a alrededor de 350 organismos en todo el país, acompañan a los miembros del Colegio de Abogados de Mexicali. En esta empresa, siempre en la tesitura de la institucionalidad, y en espera de la respuesta a un reclamo, el cual debe ser escuchado y darle seguimiento de parte del Consejo de la Judicatura.

"Situaciones como ésta, ayudan a reconstruir el estado de derecho cuando está lastimado, o bien con la aplicación de los conceptos más elementales de la justicia, lo fortalecen, por eso es que debe investigarse de parte de los organismos de control y vigilancia, y que se logre un resultado justo, y tenemos la confianza de que el consejo habrá de resolver conforme a derecho una vez revisados y analizados los elementos que la investigación le otorgue..."

En torno a algunos desplegados de defensa de los tribunales cuestionados, Carlos Rubio dijo que son opiniones y conceptos muy respetables, y que, precisamente por esos motivos, resalta la importancia de que el organismo encargado de atender la queja, la investigue, poniendo por delante la ética en la búsqueda de justicia, y más porque es la instancia última de un proceso legal que debe garantizar la transparencia.