---

  * Se mezclaron reclamos sociales en la manifestación del SME

* Los grandes empresarios aportan menos del 2 por ciento a Hacienda

* El Gobierno se apoya en las encuestas cuando le favorecen

La tumultuaria marcha del jueves pasado fue una clara muestra del aumento del encono popular que consolidó la unión de diversos sectores sociales con diferentes reclamos en contra de las determinaciones presidenciales, que ponen en peligro la cada vez más frágil paz social.

Electricistas, burócratas de las secretarías de la Reforma Agraria y Turismo, sobrecargos, trabajadores de la extinta Ruta 100, los macheteros de Atenco, integrantes del Consejo General de Huelga, trabajadores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, del IMSS, afiliados al ISSSTE, parientes e hijos de secuestrados y hasta defensores de causas ilegales, como invasores de predios, taxistas tolerados y comerciantes informales, colapsaron la Ciudad de México.

Como se ha vuelto costumbre, la plancha del Zócalo capitalino fue invadida por miles de mexicanos que reclamaban su legítimo derecho a un trabajo digno, una mejor educación, vivienda propia, a caminar por calles seguras y en demanda de que la autoridad cumpla con su obligación de cuidar las vidas y bienes de los ciudadanos.

Aunque los electricistas convocaron a la marcha, cada una de las organizaciones participantes aprovechó la manifestación tratando de encontrar un espacio para hacerse escuchar.

Las puertas de Palacio Nacional permanecieron cerradas, custodiadas por elementos del Estado Mayor Presidencial, francotiradores, soldados y policías de la Federal Preventiva. Como suele ocurrir, no hubo quien recibiera a un grupo del Sindicato de Trabajadores de Electricistas para dialogar.

Durante su discurso en el Zócalo, Martín Esparza, líder de los electricistas, anunció que la Secretaría de Gobernación había abierto una mesa de diálogo en el exPalacio de Cobián. Gómez Mont lo confirmó horas más tarde, pero aclaró que sólo sería para negociar las condiciones de contratación en la Comisión Federal de Electricidad, no para restituir a los 44 mil trabajadores despedidos de CLyFC.

Después del mitin, los manifestantes regresaron a sus hogares sin lograr nada en absoluto. En cambio, los dirigentes que participaron en la movilización consiguieron demostrar al presidente Calderón su poder de convocatoria y lanzaron a las calles a miles de trabajadores dispuestos a lo que fuera con tal de defender lo poco que aún les queda.

* EL PRESIDENTE PONE Y EL PRESIDENTE QUITA

Entre el hambre, la miseria y la desigualdad, las autoridades pretenden hacer creer que la crisis económica mundial fue superada sin causar graves problemas a México; que se generaron, por lo menos, 250 mil empleos en lo que va del año y que hoy se vive en un país de leyes con igualdad de oportunidades para todos.

Durante y posterior a las tumultuarias marchas, el gobierno hizo oídos sordos a los reclamos y culpan a los medios de comunicación de difundir noticias de problemas inexistentes y los responsabilizan de acrecentar el encono social.

En la publicidad, los gobernantes sostienen que en México prevalece el Estado de Derecho, lo cual resulta una falacia a la vista de los hechos.

Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social de la capital de la República, señaló que: "Estado de Derecho es un concepto con dos componentes: por un lado el Estado como poder político concentrado, y por otro el derecho como conjunto de normas. Es decir, se trata de un poder limitado por el derecho..."

Empero, las más recientes determinaciones tomadas unilateralmente por el gobierno de la República confirman que México está muy lejos de ser una nación democrática y respetuosa de sus leyes, que fueron redactadas para garantizar el presidencialismo y conceder discrecionalidad a los mandatarios priístas y que los panistas no desean acotar.

De acuerdo con diversos jurisconsultos, los legisladores en San Lázaro aún no acuerdan no presentar una controversia constitucional en contra del decreto presidencial para la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que motivó la protesta del sindicato de electricistas el jueves pasado, porque es improcedente.

Según la Constitución, si por decreto presidencial se crea una dependencia, de la misma manera puede desaparecer. A esa acción, los sociólogos la llaman Estado absolutista porque, de acuerdo con Batres Guadarrama, en esa forma de gobierno "el poder se instituye desde arriba. El soberano es el rey y unifica todas las funciones del poder político..."

Los gobiernos panistas se han caracterizado por citar las encuestas de opinión sólo cuando conviene a sus intereses. Si el pueblo apoya la propuesta o reforma constitucional, entonces las empresas consultoras son fidedignas. De lo contrario, desde Los Pinos, las desacredita.

En el caso de la extinción del sindicato de electricistas, el pueblo aprobó el decreto presidencial, creyendo que al desaparecer tantos beneficios laborales de que gozaban los empleados de la compañía de luz, disminuirán las tarifas por el servicio. Es otra mentira más. Será el gobierno de la República el único beneficiado con el supuesto ahorro, porque los excesivos costos prevalecerán y nadie sabrá el destino que tendrán los recursos públicos ahorrados.

En cambio, poco importa en Los Pinos que el pueblo rechace la privatización de Pemex y se empecinan en que los legisladores aprueben lo que han dado en llamar "reformas de segunda generación", donde se incluye la apertura al cien por ciento del sector energético a empresas privadas.

Tampoco interesa a los asesores de la Secretaría de Hacienda que las encuestas den cuenta del rechazo popular a la implementación del dos por ciento generalizado a bienes y servicios, incluidos medicamentos y alimentos.

* GRANDES EMPRESARIOS, PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Si, como afirman los gobernantes, en México existe un Estado de Derecho, las autoridades hacendarias jamás habrían permitido que, amparados en el régimen de consolidación fiscal, los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país acumularan ingresos por cuatro billones 96 mil millones de pesos y sólo aportaran, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, 85 mil millones, como lo informó el Servicio de Administración Tributaria a la Cámara de Diputados.

El año pasado, los pequeños contribuyentes entregaron a la hacienda pública 42 mil millones de pesos, equivalente a la mitad de las aportaciones de las grandes trasnacionales, aunque los ingresos de las pequeñas y medianas industrias están muy por debajo de lo que perciben los propietarios de los grandes consorcios.

En su artículo primero, la Carta Magna establece que: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas..."

En los hechos las autoridades sólo protegen y procuran el desarrollo de los grandes inversionistas y castigan a los pequeños contribuyentes. Lo mismo ocurre con la obligación del Estado de garantizar a los gobernados la gratuidad en la educación, un trabajo bien remunerado, una vivienda digna o del libre tránsito.

Los reclamos populares se acrecentan en la misma medida que aumenta la violencia en las protestas contra las autoridades de todos los niveles de gobierno. Durante los últimos nueve años, el número de participantes a las marchas convocadas por organismos gremiales o por la sociedad civil ha crecido, lo cual significa que cada vez hay más inconformes con sus gobernantes.

La participación ciudadana en la marcha del jueves pasado superó, en mucho, a la ocurrida en junio de 2004 contra la inseguridad. Es hora de que quiénes gobiernan escuchen el clamor popular. No se puede gobernar sin ver ni oír.

* DE MALAS Y PEORES

Anteanoche fue presentado el libro "Voto de libertad", investigado y escrito por los abogados Antonio Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara, con el sello de Miguel Ángel Porrúa, en el lujoso salón Rufino Tamayo, de un hotel ubicado en el Bosque de Chapultepec. *** Se trata de una obra que pone al alcance de la comprensión ciudadana todas las reuniones, públicas y secretísimas, que hubieron a partir del fraude de 1988 en perjuicio de Cuauhtémoc Cárdenas, para darle una ley electoral que evitara los abusos del poder, que no se volviera a callar el sistema y todas las triquiñuelas que se acostumbraron durante años. *** La consolidación de la ley electoral que hoy rige en el país, aunque con reformas y adecuaciones, se plasmó en 1990, gracias a las acciones del PAN que era el único partido fuerte, después del PRI, y la participación del entonces naciente PRD. *** Los autores reconocen la participación decisiva de Diego Fernández de Cevallos, Abel Vivanco, Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Alcocer en la elaboración de la ley *** Durante la presentación del libro, se leyó un larguísimo mensaje de Jorge Carpizo en apoyo al trabajo de Lozano Gracia y Alcántara, pero dándole un toque especialísimo al mencionar que gracias a la nueva ley electoral Vicente Fox hizo una campaña con lo que querían escuchar los mexicanos y luego, una vez que ganó las elecciones, hizo la peor presidencia que haya conocido la Nación. *** Jorge Alcocer, un hombre de izquierda que inclusive militó en el Partido Comunista durante los 30 años que fue prohibido por el gobierno, en la presentación del libro de Lozano Gracia y Alcántara, expresó su apoyo a la obra, aunque no exentó a los autores de algunas críticas. Lo cierto es que anteanoche, los expertos mexicanos que investigaron y escribieron el libro "Voto de libertad" han puesto al alcance del ciudadano común, los trabajos intensísimos de negociación que hubo entre los partidos políticos y la revelación de que sin Fernando Gutiérrez Barrios, priísta y secretario de Gobernación en ese momento, no se hubiera logrado la ley que dio origen al IFE, organismo aún bajo sospecha, como se demostró en la elección presidencial de 2006, y que debe todavía recorrer un largo camino para perfeccionarse y no ser el andamiaje más caro del mundo, que tienen que costear con su pobreza los mexicanos.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

mejido@elsoldemexico.com.mx