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  El pasado Jueves 10, el Partido Revolucionario Institucional presentó al pleno de la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, cuyo antecedente más cercano data de 1970. Esta iniciativa será analizada junto con otras por la Comisiones Legislativas correspondientes para, en su caso, ser aprobada por la Cámara de origen.

Con esa propuesta el PRI impulsa un nuevo ciclo de reformas estructurales indispensables para la conformación de un nuevo modelo de desarrollo que abra cauces para la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleos formales dignamente remunerados, únicas vías para combatir la desigualdad, la pobreza y la marginación.

De esta manera, el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la conformación de nuevas bases para recuperar la rectoría del Estado en la política y en la economía, permitir el redespliegue de las fuerzas productivas con las nuevas relaciones de los factores de la producción y superar los efectos de las crisis económicas de los últimos lustros.

La propuesta responde también a la nueva realidad del libre comercio en el mundo que incide en las economías nacionales porque cambia las condiciones de la productividad y competitividad, tanto por la innovación y el cambio tecnológico, como por las presiones sobre los niveles de salarios y las condiciones de contratación, influidas especialmente por las políticas económicas de China e India.

La iniciativa mantiene los derechos laborales de los trabajadores mexicanos consagrados en la Constitución de 1917 y en sus leyes secundarias, pero abre espacios para resolver los problemas fundamentales de la economía mexicana como la baja productividad y la falta de competitividad, trazando un rumbo correcto para que nuestro país tenga una mejor inserción en la globalidad.

Los gobiernos de la alternancia han privilegiado la estabilidad macroeconómica en demérito de la productividad. Esas políticas son la principal causa de que se hayan exacerbado los rezagos e inequidades en el país. La Reforma Laboral crea condiciones para que las empresas tengan oportunidades para la innovación, el financiamiento, la capacitación de sus trabajadores y el aumento de la productividad.

Para ese objeto, se incluye en la Reforma un régimen de productividad integral, que comprende la capacitación obligatoria, el apoyo a los trabajadores para que concluyan ciclos escolares, programas tripartitos, certificación laboral, cumplimiento estricto del escalafón y promociones salariales, todo ello vinculado con mejoras en la productividad y avances tangibles en la competitividad.

La Reforma Laboral también permite saldar una deuda histórica con millones de trabajadores que han estado al margen de los beneficios del desarrollo. A los jornaleros se les reconocen derechos a prestaciones y antigüedad, contrato por escrito y seguridad social; se tutelan los derechos de quienes realizan trabajos domésticos, como días y horarios de descanso, atención médica y condiciones dignas de trabajo y se fortalece la legislación en la lucha contra el trabajo infantil.

Asimismo, la iniciativa hace aportaciones fundamentales para la consolidación del Estado Social y de Derecho y de una sociedad plural y democrática, al incluir disposiciones que fortalecen la protección de los derechos humanos como la prohibición de las diversas formas de discriminación laboral por motivos de género, discapacidad, diversidad sexual, religión y embarazo.

La propuesta regula nuevas formas de relaciones laborales implantadas en el país y que afectan a los trabajadores, como el outsourcing, en el que se reconocen nuevos sujetos de derecho con obligaciones contractuales y se garantiza que sea complementario y no evasivo de los salarios y prestaciones legítimas, evitando que tal figura se use como pretexto para el fraude laboral.

Por otra parte y para combatir las actitudes antisindicalistas de la alternancia, la propuesta moderniza las instancias de justicia laboral, precisando las actuaciones de los procesos laborales y estableciendo normas para profesionalizar sus recursos humanos, mediante el servicio civil de carrera que permita un desempeño institucional apegado a valores éticos.

En este ámbito se incluyen medidas para fortalecer la mediación y la conciliación en los procesos laborales con objeto de evitar juicios prolongados que tienen altos costos para empresas y trabajadores. Asimismo se obliga al uso de tecnologías de la información en los procesos laborales para facilitar el control y la transparencia y lograr una justicia expedita y certera.

La instrumentación de este cambio laboral requerirá de nuevas actitudes de los agentes económicos. Es posible que haya resistencias al cambio, tanto de sectores del capital como del trabajo, pero tenemos la seguridad de que se desvanecerán al conocerse los beneficios tangibles de la propuesta que tiene como propósito esencial mantener la viabilidad y fortaleza del Estado mexicano.

La iniciativa del Partido Revolucionario Institucional es producto de una ardua y larga labor de negociaciones en busca de consensos para garantizar su aprobación; como en toda negociación, las partes involucradas ganan y ceden posiciones; pero en eso consiste el arte de la política: obtener lo mejor de los involucrados con objeto de alcanzar el fin último, que en este caso es modernizar la Ley Federal del Trabajo.