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  Información a la población negada, pero en la clandestinidad disponible y comerciada. En la mercadotecnia del todo se compra o se vende, la irresponsabilidad y la impunidad gubernamental se fortalecen. Las noticias no dejan lugar a dudas.

"Bases de datos personales de millones de mexicanos, incluyendo información del padrón electoral, están a la venta en 12 mil dólares (aproximadamente 153 mil pesos), en Tepito en la ciudad de México... La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como un grupo de policías".

Ejemplo repetido, costumbre establecida. Paradójicamente, en privado, la información gubernamental es notoriamente, cada vez más utilizada y aprovechada por servidores públicos, para fines personales o de grupo, bajo el tan injustificado como simple y conocido principio, de ganar en los negocios, en la política y en lo que sea.

Como es de esperarse, crece el malestar de los mexicanos y sus gobiernos pierden credibilidad y confianza. En el uso y abuso del poder no hay lugar para el asombro, al tiempo que aumenta la indignación pública, en un mundo que exige transparencia y más transparencia, a todo tipo de gobierno. Ni el Estado Vaticano se salva.

El portavoz de su gobierno, el jesuita Federico Lombardi, dijo que ha llegado el tiempo de la "verdad, de la transparencia y la credibilidad" y subrayó que "el secreto y la discreción no son valores que están de moda". (Universal, 250410).

El resultado bien conocido es que, de una y mil formas, a la vez que se evita el deber de informar, de los servidores públicos; también se niega o conculca el derecho a saber de la población. Lamentablemente proliferan los creativos para no atender, posponer e incumplir; o para refugiarse en pretextos y dudosas justificaciones; o el colmo, para disponer y comerciar la información pública.

En todo caso, la experiencia y práctica de no cumplir con la ley, fortalece la generación de expertos en desinformación, simulación y comercialización ilegal. Total, no hay responsables ni culpables, por lo tanto no hay crimen ni castigo. Otra vez, impunidad en expansión.

En reciente entrevista, la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, informó una vez más, que exigirá la aplicación de sanciones a todos los que no cumplan y aseguro que, en particular, "ante la persistencia en su negativa por parte del SAT "la ley es muy clara, la Secretaría de la Función Pública deberá tomar cartas en el asunto y sancionar severamente a los funcionarios que se niegan a entregar datos que se refieren al manejo de recursos públicos, es decir, de todos los mexicanos" (OEM, 210410). Los mexicanos pueden esperar sentados, ni culpables ni sanciones. Imparables las preguntas que se hacen presente.

¿Cómo se puede ser competitivo sin información objetiva, periódica, accesible y confiable?

¿Cómo se pueden distinguir aciertos y errores, éxitos y fracasos, logros y pendientes?

¿Cómo evaluar el trabajo y los resultados de quienes gobiernan y son simples servidores públicos?

¿De que forma se puede hacer realidad la revocación de mandato y la evaluación del trabajo gubernamental?

Es más ¿Cómo combatir pobreza y marginación si se esconden o alteran cifras, estadísticas e información?

En fin ¿Cómo saber si vamos bien, regular, mal o peor?

Es aquí cuando es inevitable conocer el lenguaje de los hechos. Imprescindible conocer la real realidad, para tomar oportunamente las decisiones correctas. Desgraciadamente no se avanza en el cumplimiento de la norma, pero si en el manejo discrecional y hasta criminal de la información pública. Esto demuestra que cuando se quiere, se puede.

"Los datos personales de millones de mexicanos han sido extraídos de manera masiva, tanto de dependencias públicas como de empresas privadas, y puestos a la venta en Internet.

Ahí se consiguen pequeños listados en 500 pesos, algunas bases de datos en 10 mil pesos e información especializada y a detalle por 50 mil dólares...Todo se ofrece en la red, desde listas de clientes y números de las compañías telefónicas, hasta tarjetas de crédito nacionales en los movimientos realizados por los usuarios...Las bases de datos con nombres y direcciones tienen un precio; con números de cuenta, otro; los tres datos, más los estados de cuenta, cuestan más" (Universal, 210410).

La realidad tan implacable como inocultable, la falta de transparencia, la simulación y transmutación de la información afecta a casi todas las dependencias de los distintos ordenes de gobierno, tanto federal como estatal y municipal, fortaleciendo la cultura de la opacidad y del secretismo, de la discrecionalidad y la ocurrencia, de la distorsión y la simulación. Y también la del uso y abuso, de la ilegal disposición y comercialización.

En fin, probado esté que sin información confiable se entorpece y limita la participación social; se evita o distorsiona la evaluación gubernamental; se impulsa el abuso, la delincuencia y la impunidad. Se hacen inevitables los errores, las pérdidas y los sacrificios. Pocas, muy pocas veces los responsables enfrentan las consecuencias de su ineficiencia, ineptitud y hasta de su conducta delictiva. Lo peor de los gobiernos es pretender exigir a los usuarios, convertirse en creyentes automáticos de los discursos y declaraciones; o transformarse en adivinos, ante la imposibilidad de conseguir la información básica para la toma de decisiones.

"Es "inaceptable" que mientras se enfrenta una lucha contra el narcotráfico y la deficiencia organizada, por otro lado los criminales pueden adquirir bases de datos de las corporaciones policíacas"... ¿Hasta qué grado de ingobernabilidad hemos llegado, cómo es posible que en el comercio informal se pueda adquirí por 12 mil dólares un combo de datos oficiales?"...Para expertos, la circulación ilegal de datos en el mercado negro y en Internet implica un riesgo de seguridad nacional, ya que la información puede utilizarse para inhabilitar o paralizar áreas de la seguridad pública o la administración de justicia...Gómez Mont consideró primordial que la indagatoria defina si el hurto "obedece a una operación que implique corrupción de servidores públicos, en cuyo caso lo fundamental sería sentar un precedente tajante y radical sobre la inadmisibilidad de ese tipo de cuestiones".(Universal, 22 y 240410). Palabras y más palabras. De buenas intenciones está lleno el infierno.

Por ahora, lo más lamentable es que se ha ocasionado o constituido un redituable mercado clandestino, basado en diversas formas o costumbres, para evadir la ley y evitar hacerla cumplir. Mientras tanto en una de las fábricas de leyes que no se cumplen, se prepara una nueva versión que de poco o nada servirá si queda en palabras. En efecto el Senado de la República avanza en la nueva "ley federal de acceso a la información y protección de datos personales". De antemano se espera más de lo mismo si el cumplir y hacer cumplir sólo son, buenas intenciones y contenido de discurso y boletines oficiales.