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Metrópoli
Gobiernos rebasados
La Prensa
20 de agosto de 2008
La conmoción desatada por el artero crimen del niño Fernando Martí, no baja de nivel y permanece en el ánimo de la opinión pública con una creciente presión moral sobre las autoridades, que no alcanzan a salir de su desconcertante pasmo.
El "ya basta", cobra cada día mayor fuerza, mientras las balbuceantes respuestas del gobierno federal y del gobierno de la ciudad, no pasan de lo obvio y de la retórica de buenas intenciones. Es evidente la nula capacidad de acción y de reacción, existe azoro y parálisis, que no sólo sorprenden, sino que irritan a enormes sectores de la sociedad. El gobierno federal vive su peor crisis de credibilidad en lo que va de la gestión de Felipe Calderón, y por ello recibe andanadas de críticas aun de aquellos opinadores tradicionalmente afines a la administración panista. Quizá el círculo cercano al Presidente lo mantiene alejado de las malas noticias y de las opiniones negativas, lo cual explica que el Primer Mandatario no se percate del nocivo debilitamiento de su gobierno. Para algunos se ha iniciado un peligroso proceso de agotamiento de las principales autoridades del país. De acuerdo a la encuesta más reciente, elaborada por Ulises Beltrán, exhibe resultados que deberían ser aquilatados por el equipo de Los Pinos y también por las autoridades locales, principalmente por el jefe de gobierno del Distrito Federal. El sondeo de opinión (realizado el 6 y 7 de agosto) revela, entre otros resultados, que el 58 por ciento de la población considera que el problema de los secuestros ha aumentado, contra el 56 por ciento que pensaba lo mismo en 2004, cuando se organizó la gran marcha en contra de la inseguridad en el Distrito Federal. En la misma encuesta se dio a conocer que la aprobación a la gestión presidencial descendió de 66 a 61 por ciento, con respecto al pasado mes de julio; es decir, 5 puntos menos. En el tema específico del combate a la delincuencia, la aprobación a la gestión presidencial bajó de 76 al 68 por ciento, a consecuencia del caso del crimen del joven Fernando Martí. El sondeo da cuenta que un 55 por ciento de los encuestados considera que el gobierno de Felipe Calderón ha sido rebasado por el crimen organizado. Los datos anteriores son sólo una muestra del estado de ánimo social ante la inseguridad. Por ello resultan inaceptables los argumentos de las autoridades, tanto del gobierno federal, como del gobierno de la ciudad y en especial las veinte medidas anunciadas por Marcelo Ebrard, que han recibido críticas severas por ser insuficientes y sólo representa un gesto publicitario. Las declaraciones presidenciales y de su secretario de Gobernación, en el sentido que se "elabora un borrador de convenio contra la inseguridad" que será puesto a consideración de todas las autoridades estatales, son reflejo de ineficacia y de ineficiencia. El aumento de los secuestros y la parálisis de las autoridades federales, de la ciudad de México y de algunos estados, originó que la Organización de las Naciones Unidas recomendara -desde 2003- aprender de las experiencias de naciones como Alemania, España, Italia, Israel, Francia, Brasil y Colombia, cuya prioridad es detener a los secuestradores y no pagar rescates. Hoy se sabe que las autoridades mexicanas menospreciaron las recomendaciones y privilegiaron una política que prefirió pagar los rescates, con la idea de que "abarataría" los plagios, ahuyentaría a los criminales y bajaría la incidencia del delito. Los resultados están a la vista. En cinco años los secuestros se han multiplicado. Ante estos hechos resulta pésima la intención del gobierno federal de responsabilizar a los gobiernos locales o al Congreso de la Unión, tanto a senadores como a diputados, de lo que se ha dejado de hacer en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia. Bajo el argumento de que ante el éxito de la lucha contra el narcotráfico las bandas criminales han buscado nuevos giros, como el secuestro, se deriva una conclusión perversa: como se está ganando la lucha contra el narcotráfico, que es delito federal, y los criminales se han transformado en secuestradores, delito del fuero común, entonces la responsabilidad mayor es de las autoridades locales. Es una manera demasiado fácil de eludir la responsabilidad principal, que obliga al gobierno federal a ponerse al frente de un acuerdo eficaz y no retórico, capaz de enfrentar la amenaza del crimen sobre un Estado debilitado, en vez de eludir responsabilidades y buscar únicamente medidas cosméticas o mediáticas. ¿Encabezarán el Presidente y el jefe de gobierno la marcha en contra de la inseguridad? ¿Calderón se sumará a las exigencias de que las autoridades combatan al crimen organizado? ¿El llamado Gabinete de Seguridad podrá formar un frente común -con todas las autoridades policiacas del país- para enfrentar la inseguridad? ¿Podrán las autoridades federales y locales abatir los altos índices de delitos cometidos por la delincuencia organizada y por la delincuencia improvisada? |
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