Juan Cruz

Ciudad de México.- Para el subprocurador Jurídico y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, las condiciones planteadas por el Senado estadounidense para liberar los 350 millones de dólares que destinarán a la lucha contra el narcotráfico en México, es un retroceso a la etapa de la certificación unilateral, de tal forma que en su opinión el Gobierno federal debe evaluar si acepta o no la aplicación de la llamada Iniciativa Mérida.

Propuso que los recursos solicitados por el presidente de Estados Unidos George W. Bush para la Iniciativa Mérida en lugar de ser entregados a México sean utilizados por su gobierno para reforzar sus aduanas, la Patrulla Fronteriza e impedir el tráfico de armas a nuestro país.

Ello, porque el 97 por ciento de las armas de alto poder que utiliza el crimen organizado en México proviene de sus país.

"Estas condicionantes parecen un retroceso respecto de una etapa ya superada en las relaciones con Estados unidos en materia de tráfico ilícito de drogas, que es la certificación unilateral".

Explicó que inicialmente la Iniciativa Mérida estaba diseñada exclusivamente como un compromiso político, una declaración política de los estadunidenses, que derivó en implicaciones económicas.

Pero, "no hay que ver las cosas tremenditas, sino en su verdadera dimensión. Es un acto soberano del Congreso estadunidense que nosotros tenemos que respetar, totalmente, como el acto soberano", por lo que "el Estado Mexicano debe de definir, de decir sí acepto o no acepto".

En este contexto, Santiago Vasconcelos resaltó que el Senado de la República luchó por la cancelación de medidas unilaterales de certificación, "y finalmente se logró establecer estos mecanismos de evaluación multilateral, dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos, que son la respuesta a una actividad corresponsable, que son la respuesta a una actividad de esfuerzo compartido y que son también la respuesta a un fenómeno que no es exclusivo de una nación y por ende, tampoco puede ser solucionado por un solo país. "Es un fenómeno que globaliza totalmente al mundo, ese sí globaliza al mundo, no las cuestiones económicas como se ha hablado, creo que todos ingenuamente pensamos que el tema económico es el hablar de globalización pura, no, las drogas y los fenómenos del crimen organizado, son realmente las actividades de globalización.

"Entonces, bueno, tenemos ahí ahora ya con desilusión o una posición que parece no entender la problemática", advirtió.

En su perspectiva, el clima político en Estados Unidos motivó gran parte de esta reacción "y lamentablemente tanto para nosotros como para ellos en los momentos políticos de definiciones para las candidaturas presidenciales tenemos siempre al vecino como el candidato ideal para golpearlo, también a nosotros nos encanta cuando estamos en esos procesos, acusamos a los americanos de todos los problemas que tenemos en el país, ¿no? Es exactamente esto que tenemos que romper".

Pero, "el problema es tan grave, que no puede estar sujeto ya a cuestiones de definiciones o de intereses políticos, es un problema que debe de enfrentarse con mayor imparcialidad, es un problema que debe de enfrentarse con mayor contundencia y con mayor honestidad por parte de todos estos actores políticos.

"Esperemos qué es finalmente lo que México va a aceptar o no de esta iniciativa. Algunos platicábamos, bueno, son 305 millones de dólares, está muy bien, pero por qué no decimos a los americanos que esos 305 millones se los destinen a sus fuerzas de intervención o a sus fuerzas de aplicación de la ley o de intercepción en nuestra frontera para que paren el flujo de armas hacia México, dáselos a tus oficinas de patrulla fronteriza, de ATF, de Alcohol, Tabaco y Armas, fortalécelos y se va a ver muy reflejado en beneficio automático de este combate, deja de alimentar a las organizaciones criminales con las armas".