Carmen Flores / Corresponsal

Washington, DC.- El Senado del Congreso federal de Estados Unidos aprobó un paquete por 350 millones de dólares para financiar en su primer año de instrumentación el plan bilateral de combate al narcotráfico contemplado en la llamada Iniciativa Mérida, pero acunó a este paquete una serie de condiciones que someterían al ejército mexicano y a las agencias policiales a un escrutinio estadunidense para depurar el combate al crimen organizado de personal con antecedentes de violación a los derechos humanos.

Con 75 votos a favor y 22 en contra, la Cámara de Senadores aprobó la enmienda del programa bilateral antinarcóticos contemplado en la Iniciativa Mérida, como parte del presupuesto adicional para las operaciones militares en Irak por 165 mil millones de dólares. El paquete aprobado por el Senado para financiar la instrumentación de la Iniciativa Mérida durante el año fiscal en curso, que comenzó el 1 de octubre de 2007, tendrá que ser unificado o negociado con la Cámara de Representantes, la cual aprobó la semana pasada un paquete por 400 millones de dólares para financiar el programa bilateral contra el narcotráfico.

La sesión bicameral para consolidar un sólo paquete de asistencia a México en la lucha contra el narcotráfico, se llevará a cabo en los próximos días, varios asesores legislativos.

Consideran que no habrá muchos problemas para unificar las dos versiones; considerando a su vez que el resultado final podría terminar en un paquete por unos 400 millones de dólares que irán acompañado de varios condicionamientos que debiera cumplir el Gobierno de Felipe Calderón, para poder recibir la asistencia antinarcóticos.

Originalmente el presidente George W. Bush, pidió al Congreso federal de su país la aprobación de un paquete por 500 millones de dólares para financiar a la Iniciativa Mérida en su primer año, fondos que el gobierno mexicano percibiría en equipo militar, entrenamiento, asesoría en materia de inteligencia y equipo tecnológico.

A diferencia de la posición de la Cámara de Representantes, el Senado estadunidense considera que un primer "enganche" en el programa de apoyo al gobierno de Calderón para combatir al narcotráfico, debe estar sujeto a condiciones e invertir más dinero en el proceso de las reformas judiciales, más que dar equipo militar a las fuerzas armadas y agencias policiales mexicanas, que a nombre de la lucha contra el narcotráfico, podrían incurrir a violaciones de los derechos humanos. La versión de la Cámara de Representantes no incluye condicionamientos, pero si reduce en 100 millones de dólares la petición original de Bush para apoyar con equipo militar al gobierno calderonista.

Patrick Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont, presidente del Comité Judicial de la Cámara Alta, quien es el autor de los condicionamientos para el apoyo a Calderón dentro de la Iniciativa Mérida, explicó en un comunicado de prensa que la fiscalización que se haría el uso de los fondos para apoyar la guerra mexicana contra el narcotráfico, no es por un interés de injerencia en los asuntos nacionales de México, sino porque están obligados a rendirle cuentas a los contribuyentes estadunidenses sobre el buen manejo del dinero que se destina para la asistencia a otros países.

"Esto es fundamental, por años hemos entrenado a las fuerzas policiales de México y Centroamérica y es bien sabido que algunos de ellos han terminado trabajando para los Carteles de la droga. Es del conocimiento de todos que la corrupción no se ha podido contener dentro de las instituciones de la aplicación de la ley, las entidades que precisamente vamos a respaldar", apuntó el senador Leahy.

Las condiciones aprobadas por el Senado para apoyar a México en la guerra contra el tráfico de narcóticos, obligan al Departamento de Estado a entregar al Capitolio un reporte cada 90 días respecto al personal militar y policial mexicano que este involucrado con el uso del paquete financiado por Estados Unidos, esto con el fin de evitar que algún soldado o policía que tenga antecedentes de violaciones a los derechos humanos este al mismo tiempo utilizando equipo o recibiendo entrenamiento pagado con el dinero de los contribuyentes de la Unión Americana.

"Por encima de cualquier disputa, es un hecho que las fuerzas militares y policiales de México y Centroamérica tienen un largo historial de violación a los derechos humanos, que van desde arrestos arbitrarios, tortura, violación y ejecuciones extrajudiciales, delitos por los cuales raramente son castigados", acotó el senador Leahy.