Opinión / Columna
 
Las Leyes de Reforma: su actualidad 
Ministro Sergio A. Valls Hernández  
Algo más sobre la jurisdicción militar
Organización Editorial Mexicana
23 de agosto de 2012

  El martes pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 133/2012, cuya discusión se prolongó varias sesiones, no sólo por ser el primero de los amparos sobre restricción de la jurisdicción militar que se analizaría, sino también por las particularidades que reviste, pues se trata del único amparo promovido por los familiares de la víctima civil y no por militares, en el que se demandó la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar y su aplicación en la declinatoria de competencia por parte del Ministerio Público del Fuero Común para investigar los hechos y la asunción de competencia por parte del Ministerio Público Militar, con todas sus consecuencias, entre ellas, el conocimiento de la causa penal por un Juez Militar.

La legitimación de los familiares de la víctima civil para promover el amparo fue un punto ampliamente discutido, pues, en opinión de algunos Ministros -que cuestionaron, incluso, el carácter de ofendidos de los amparistas (padre e hijo del occiso)-, la víctima o el ofendido de un delito no tienen interés jurídico, dado que el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, en el que se establecen sus derechos en el proceso penal, no es aplicable, al no encontrarse aún en vigor, además de que, en todo caso, de tenerse en cuenta lo dispuesto en este artículo, en ninguna de las fracciones del citado apartado, se contempla la posibilidad de que puedan controvertir la competencia del juez de la causa, sin que pueda entenderse esto comprendido en su derecho a la reparación del daño.

No obstante, una mayoría de Ministros consideramos que los familiares de la víctima en este caso sí se encuentran legitimados para promover el amparo, demandando la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, como fundamento para que la jurisdicción militar conozca de delitos del orden común o federal cometidos por militares al momento de estar en servicio o con motivo de actos del mismo.

En lo particular, considero que lo que, en el fondo, se busca con la aplicación de los criterios interpretativos sobre restricción de la jurisdicción militar, es que los asuntos en los que se advierta que indebidamente está conociendo esta jurisdicción, sean reencauzados a la vía ordinaria -federal o local, según sea el caso-, independientemente del medio por el que se tenga conocimiento de tal situación, el estado procesal en que se encuentren los asuntos y las alegaciones de las partes respecto de una determinada actuación de las autoridades involucradas. Además, en este amparo, estimo, la legitimación de los familiares de la víctima para plantear la incompetencia de la jurisdicción militar, encuentra sustento en lo determinado por la propia Corte en el Expediente Varios 912/2010, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla, así como en lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Federal, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a garantizar los derechos humanos y, en casos como éste, en el que la víctima ha perdido la vida, no pueden ser sino sus familiares directos quienes promuevan los medios de defensa tendientes a reparar violaciones a tales derechos, siendo el juicio de amparo la vía por excelencia para lograrlo.

Superado el punto de legitimación, se analizaron agravios de estudio preferente, declarándose todos infundados o inoperantes, y se estuvo entonces en posibilidad de examinar la constitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar. Al respecto, es relevante tener en cuenta que la fracción II de este artículo había sido ya declarada incompatible con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Federal, en la sentencia dictada por la Corte en el referido Expediente Varios 912/2010 (párrafos 38, 39, 42 y 43); sin embargo, con la resolución de éste y los demás asuntos relacionados con el tema de restricción de la jurisdicción militar que fueron atraídos, la Corte pretende emitir criterios que orienten las subsecuentes interpretaciones constitucionales y legales sobre la competencia material y personal de la jurisdicción militar, en casos presentes y futuros que se hagan del conocimiento de las autoridades.

En este sentido, siguiendo la misma línea de mi publicación anterior, considero que, aun cuando el control de constitucionalidad ejercido por la Suprema Corte en el Expediente Varios respecto del citado artículo 57, fracción II, se enfocó en la parte relativa a la vulneración de derechos humanos de civiles, por ser ésta la problemática involucrada en el Caso Radilla, no debe pasarse por alto que la sentencia emitida por la Corte Interamericana en este caso, obliga también, en su párrafo 340, a que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de dicha Corte, los cuales se reiteran en el caso mencionado y se refieren, de modo más amplio, a que "en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar" y a que "si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios", lo cual, además, es acorde con el artículo 13 de la Constitución Federal, en cuanto dispone que "Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército"; criterios, estos últimos, que, desde mi punto de vista y, al margen de la actualización o no de violaciones a derechos humanos de civiles, debieran regir en la delimitación de la competencia de la jurisdicción militar.

*savallsh@mail.scjn.gob.mx
 
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