Opinión / Columna
 
Hazael Ruíz Ortega 
Reclusión Domiciliaria con uso de brazaletes
El Sol de México
21 de mayo de 2011

  La nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal y otras reformas relacionadas fueron aprobadas el 11 de mayo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se incorpora la figura "juez de ejecución de sanciones, que podrá modificar penas y otorgar beneficios de libertad anticipada, así como autorizar el uso de brazaletes para reclusión domiciliaria". Actualmente quien otorga los beneficios de libertad anticipada y tratamiento en externación, en el caso del Distrito Federal, es el Poder Ejecutivo y pasa la atribución al Poder Judicial. ¿Retos con la infraestructura necesaria?

En la misma tesitura, en reunión a nivel nacional de los responsables de los centros penitenciarios y el Secretario de Seguridad Pública federal aprobaron en lo general la operación de un sistema de "monitoreo telemático" mediante el uso de brazaletes, para reos de bajo riesgo.

¿Cuáles son los requisitos y quienes podrán gozar de los beneficios? Puntualizamos con base en los artículos 39 Ter. y 42 de esta ley:

El beneficio de Reclusión Domiciliaria mediante el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia se concederá al sentenciado que cumpla con los siguientes requisitos: sea primodelincuente; con una pena privativa de libertad que no sea menor de siete años ni mayor de diez años; a quien le falte por lo menos dos años para alcanzar el beneficio de tratamiento preliberacional; además, su sentencia no sea por los siguientes delitos: homicidio calificado, inseminación artificial, desaparición forzada de personas, violación, secuestro excepto de lo previsto en el último párrafo del articulo 164, pornografía infantil, robo agravado, asociación delictuosa y delincuencia organizada, tortura, todos tipificados en el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Aunado a que deberá cubrir o garantizar en su totalidad la reparación del daño o, de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación. Igualmente, acredite buen desarrollo institucional; cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la Autoridad Ejecutora el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el beneficiado. También, compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continúe estudiando; cuente con aval afianzador; acredite apoyo familiar; cubra el costo del dispositivo electrónico de monitoreo en las condiciones que para ello establezca el mencionado Reglamento. A la fecha, en proceso el Reglamento.

Las voces coinciden en que a nivel federal y concretamente en el Distrito Federal (se destaca por amplia participación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial) la nueva reforma es fruto de la continuidad, de años de trabajo con especialistas, y que no se trata de generación espontánea. Las reformas se dan en el marco del cumplimiento con los plazos constitucionales para armonizar las leyes locales con las federales en materia judicial.

Entre otros fines pretende despresurizar las cárceles. La perspectiva que realmente es importante destacar es que la prisión, la pena privativa de libertad en cárcel, comenzará a ser selectiva y se aplicará para aquellas personas que cometan delitos graves y representen un riesgo social alto. A contrario sensu, abre la posibilidad de que personas que cometieron un delito considerado como no grave lleven su proceso o incluso cumplan su sentencia en libertad. El espíritu focaliza el evitar la contaminación criminógena, la transmisión de habilidades delictivas en los centros de reclusión, siempre cuestionados y calificados como universidades del crimen... Se procura incidir en condiciones favorables para la reinserción social.

hazael.ruiz@hotmail.com
 
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