Espectáculos
Se las ve negras
La Prensa
23 de enero de 2011

Todo parece indicar que la situación legal que enfrenta el cantante Kalimba Marichal Ibar, así como el empresario chetumaleño Gerard Michel Manel Aguilar, se complica cada vez más ya que ambos enfrentan acusaciones de delitos considerados graves en Quintana Roo.

Y es que recientemente el Congreso del Estado de Quintana Roo endureció las penas contra este delito. Hace dos meses atrás, el Congreso del Estado de Quintana Roo reformó el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para agravar la penalidad de 25 a 50 años de cárcel o prisión vitalicia contra aquellos que cometan el delito de violación contra un menor de edad.

La pena máxima antes de noviembre del 2010 era de tan sólo 30 años de cárcel, además que los legisladores quintanarroenses también determinaron que todos los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, no prescribirán en la entidad.

Estos cambios perjudican del todo al cantante Kalimba, quien fue acusado de violar a una menor de 17 años de edad en Chetumal, Quintana Roo, en diciembre pasado, después de su presentación como DJ en el Buda Bar.

A un mes de los hechos, el juez segundo de lo penal liberó la orden de aprehensión en su contra el pasado 19 de enero, siendo liberado 30 horas después en El Paso, Texas, y entregado de inmediato a las autoridades mexicanas. Kalimba se encuentra recluido en el Cereso de Chetumal y ayer a las 9:00 horas fue presentado para que realizara su declaración preparatoria ante el ministro.

Por su parte, Manel Aguilar, quién hasta ayer no fue ubicado por parte de la Policía Judicial del Estado y está en calidad de prófugo, fue acusado por la Procuraduría de Justicia del delito de trata de personas, porque es señalado por una de las dos menores involucradas en el caso Kalimba, de ser quien las invitó a "trabajar" de edecanes, sin un pago de por medio, porque la gratificación sería el poder estar al lado del artista.

Sin embargo, el juez Daniel Esteban Farah Godoy decidió reclasificar el delito por corrupción de menores, al momento de girar la orden de aprehensión contra el joven empresario, el pasado 19 de enero. Cabe señalar que el pasado 1o. de diciembre del 2010, el congreso local aprobó la creación de la Ley Contra la Trata de Personas, en la que incluye penas de hasta 45 años de prisión cuando el delito es agravado, si la víctima es menor de edad, adulto mayor o indígena; además de una pena pecuniaria de hasta 2,250 días de salario mínimo.

Esta nueva legislación entró en vigor el 10 de diciembre. Sin embargo, el empresario chetumaleño no será procesado por este delito, sino por el de corrupción de menores, el cual es considerado grave y sin derecho a fianza. Las leyes en el Estado sancionan este ilícito con una pena de 4 a 11 años de prisión y de 50 a 200 días de salario de multa.