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Metrópoli
Ordena la SCJN liberar a otros 9 implicados en la matanza de Acteal
La Prensa
5 de noviembre de 2009
Alfredo Magaña
Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinaron ayer que otros nueve indígenas acusados de participar en la matanza de la comunidad de Las Abejas, en el municipio de Acteal, Chiapas, deben ser puestos en libertad ya que se les fabricaron pruebas y se utilizaron declaraciones de testigos falsos de parte de la Procuraduría General de la República (PGR). De esa manera, el máximo tribunal judicial del país concluyó su revisión al juicio por la matanza de Acteal, y ordenó la liberación de esos nueve acusados que estuvieron casi 12 años en prisión por los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997. Así, los liberados por los mismos motivos suman 29, luego que en la sesión del 12 de agosto pasado se determinó que todo el proceso por la masacre de 47 indígenas chiapanecos estuvo viciado de origen, con pruebas obtenidas ilegalmente, y esa vez se ordenó la liberación de 20 presos. Asimismo, ayer la primera sala de la corte concedió amparo a otros 16 acusados, para que se les reponga el procedimiento penal en su contra y sean los tribunales respectivos que dicten una nueva sentencia, decisión que fue tomada por cuatro votos a favor de los ministros, contra uno en contra. El máximo tribunal revisó los amparos de 51 personas, de las que 29 recuperaron totalmente su libertad, pero otros 22 seguirán internados en el penal del Amate, a la espera de una nueva sentencia sin tomar en cuenta las pruebas ilegales que pesaban en su contra. Cabe destacar que el ministro ponente de este proyecto, José Ramón Cossío, consideró que esa decisión no significa que se haya decretado la inocencia de los indígenas, pero dijo que "no existe material probatorio para comprobar su culpa", puesto que desde la averiguación previa se violó la garantía del debido proceso y existieron diversas irregularidades. Apuntó que "los quejosos fueron juzgados sin el respeto a su garantía de un debido proceso y defensa adecuada. Reconocido esto, procede preguntarnos si la Suprema Corte estaría en lo correcto en desestimar tales violaciones y que, ante todo, debería prevalecer la necesidad de castigar". |
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