Opinión
Zamora Grant
Justicia a víctimas de los delitos y del abuso de poder

El Sol de Tlaxcala
19 de septiembre de 2008

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985, la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y del abuso de poder. Este instrumento jurídico internacional marcó la pauta que seguirían algunos estados en la incorporación de los derechos de las víctimas de los delitos, por un lado, y, por el otro, la inercia que reconocería derechos para quienes, aun teniendo la calidad de inculpado, resulten víctimas del abuso del poder.

La declaración, como es de deducirse, está dividida en dos apartados, el que se refiere a las víctimas de los delitos y el que atiende a las del abuso de poder. El primero, a su vez, prevé, además de la definición de víctimas de los delitos, esto es, quién debe considerarse tal, principios sobre el acceso a la justicia y trato justo, sobre el resarcimiento, la indemnización y la asistencia.

Para la declaración, víctimas de los delitos son las personas que en lo individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros. Asimismo, el instrumento considera que la expresión "víctima" debe incluir además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización; lo que la teoría llama victimización secundaria. Finalmente, en su primer apartado la declaración, como es lógico, sustenta un principio de no discriminación, ya que al tratarse de un grupo en condiciones de vulnerabilidad se suele, además, paradójicamente, discriminar y, con ese pretexto, no asistir ni médica ni jurídicamente o no atender en los términos en los que marca la ley ni con la diligencia y sensibilidad necesaria. Así, la declaración establece que sus disposiciones serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.

En el rubro del derecho a la justicia para las víctimas supone, por un lado, el derecho a tener acceso a los sistemas jurisdiccionales que no sólo sancione al responsable, sino que además le repare el daño causado y, por el otro, a recibir un trato justo por los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia. Así lo prevé la declaración, que además compromete a que se establezcan y refuercen los mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles; debiéndose informar a las víctimas de sus derechos para obtener la reparación mediante esos mecanismos.

Para el debido acceso a la justicia, la declaración sostiene algunos criterios indispensables para adecuar los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, como la obligación de informarle de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones; así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; la obligación, a su vez, de permitirle que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses; la de prestar asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial, la de adoptar medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, y la obligación de evitar demoras innecesarias en la resolución de sus causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

Para efectos de la reparación del daño, establece desde su adopción el compromiso de que se utilicen en los sistemas penales de los estados parte, cuando proceda, de los mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.

Del rubro de la indemnización, la declaración prevé que, cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los estados procurarán indemnizar financieramente, fomentando fondos nacionales para indemnizar a las víctimas; de lo que nuestra entidad federativa fue pionera al crear un fondo que opera desde hace mucho más de una década.

Finalmente, la declaración, además de prever mecanismos para garantizar la asistencia a las víctimas de los delitos, sobre todo médica y psicológica, establece el compromiso para los estados parte de incorporar a su legislación normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios deberán incluir el resarcimiento y la indemnización; así como la asistencia y el apoyo material, médicos, psicológicos y sociales necesarios.
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