Opinión
Zamora Grant
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

El Sol de Tlaxcala
4 de julio de 2008

El 17 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adopta, en su resolución 34/169, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Dicho instrumento se dirige a aquellos servidores públicos, ya sean nombrados o elegidos que desempeñan funciones de policía, principalmente con facultades de arresto o detención; bajo el presupuesto del alto grado de responsabilidad que la función supone en el servicio a su comunidad y en protección de las personas contra actos ilegales.

Algunas razones de importancia mayor sirvieron de fundamento a la adopción del Código; una de ellas obedece a la inercia internacional de los derechos humanos que unos años atrás (1975) había dado origen a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; otra de ellas supone la consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos internacionales de Derechos Humanos que le siguieron; y otra de suma relevancia, obedece a la conciencia misma de que la naturaleza de las funciones públicas de aplicación de la ley en defensa del orden público y la forma en que dichas funciones se ejercen, esto es mediante el uso de la fuerza, repercuten de manera directa en la calidad de vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto; y, por supuesto, en conciencia de que el despliegue de tales funciones entraña de sí la posibilidad de abusos.

En el documento se reconoce la necesidad misma del despliegue de las funciones policiales para la consecución de fines de tipo social, principalmente de convivencia en sociedad y de protección de los derechos de las personas que en ella se desenvuelven. Tal necesidad sin embargo, debe suponer la imposición de límites que eviten afectaciones innecesarias a los derechos de las personas involucradas, y esos límites los imponen las leyes; por ello, el artículo primero del Código, establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben en todo momento cumplir con los deberes que la propia ley les impone. Ello supone que la ley se hace valer, en los términos y las formas que la propia ley establece para el efecto.

El Código obliga al respeto y protección de la dignidad humana como presupuesto del despliegue de su función; y limita el uso de la fuerza a la estricta necesidad de hacer cumplir la ley y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas.

En el derecho penal rige entre otros principios el de necesidad, que supone la unidad de medida del ejercicio de la potestad punitiva del Estado que es fuerza; para ello, se establecen reglas que justifican la intervención violenta en términos de proporcionalidad y racionalidad del medio empleado. Aplican principalmente para los funcionarios encargados de cumplir la ley, la legítima defensa y el cumplimiento de un deber. Si la intervención excede los límites impuestos para el uso de la fuerza, se estarán afectando derechos humanos y consecuentemente incurriendo en comisiones delictivas -todo abuso en el uso de la fuerza es delito-; pero si no se utiliza la fuerza suficiente para la protección de los derechos de las personas y del interés público, también se afectan los derechos humanos de quienes resulten víctimas de la agresión y de la falta de protección de quien debía protegerlos, esto es, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El instrumento que consta de ocho artículos, establece obligaciones y prohibiciones en el despliegue de la función pública de este tipo de funcionarios; así, les exige mantener en secreto las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento, a menos de que por ley se exija lo contrario; se les prohíbe infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se invoque el cumplimiento de una orden superior o un caso de urgencia como guerra o amenaza a la seguridad nacional; se les obliga a asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y a tomar medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se requiera; se les prohíbe cometer actos de corrupción, los que también combatirán; y, finalmente, en el artículo octavo, se les impone el respeto a la ley y al propio Código, hacer cuanto esté a su alcance para impedir toda violación de ellos e informar a sus superiores, o a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas, cuando tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del propio Código.

El Código aplica en todos los casos en que se haya incorporado a la legislación o a la práctica nacional; y, por supuesto, si en las legislaciones nacionales se contienen reglas más estrictas, se aplicarán estas últimas.
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