Opinión
Eduardo Pabello
Leyes especiales

Diario de Xalapa
28 de noviembre de 2007

Legislar, con la finalidad de incrementar la penalidad en delitos que atenten en contra de la dignidad de las personas y tutelen los derechos de la mujer, con el objeto de lograr el bienestar de las familias veracruzanas, desde luego, es positivo.

Suponer que leyes más severas resolverán un asunto tan complejo, como lo es la violencia en contra de la mujer, por ser de origen multifactorial, con toda honestidad, se antoja casi imposible

Los relatos de violencia, perpetrados en contra de mujeres, son casos similares pero con particularidades que los diferencian completamente.

La cultura, la miseria, la frustración, la ignorancia, los complejos, los traumas, las adicciones, el resentimiento social o con la vida; desórdenes psicológicos, el abuso de poder, el terrorismo laboral, el acoso sexual, en fin, son causa o detonantes de la violencia en contra no sólo de la mujer, sino que de cualquier persona.

¿Cómo incorporar en una ley, en unos cuantos párrafos, cada tipo de conducta delictiva? ¿Quiénes y cómo van a integrar las averiguaciones previas? ¿Cómo van a valorar los jueces las pruebas cuando la violencia sea psicológica, subjetiva?

Es bueno que la bandera de equidad y género ondee al lado del lábaro de la Justicia, en lo más alto de los mástiles del derecho y respeto a la vida y dignidad humana, pero debe entenderse que la violencia (en cualquiera de sus expresiones y modalidades) en contra de la mujer y la familia es el síntoma más alarmante de la descomposición social, consecuencia del caos e impunidad que privan en el país.

Caer en cursilerías como aprobar una Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia es creer que un simple enunciado transformará la realidad. La tarea legislativa moderna demanda una mayor injerencia de ese poder en asuntos de control y vigilancia de las acciones que desarrollan en las dependencias de los poderes ejecutivos.

De leyes y reglamentos están construidos los caminos de una justicia social que sólo se plasma en los discursos, que se contabiliza y evalúa en términos de pobreza extrema, de capacidades y patrimonial; cuando en México la extrema pobreza se manifiesta en raquítica voluntad política, en el mezquino espíritu de la clase hegemónica que hoy permite alardear a la Secretaría de Hacienda con resultados dignos de lástima, oprobiosos, que pretenden hacernos creer que en diez años la pobreza ha sido revertida en más de un treinta por ciento.

En nuestro Estado, como en nuestro país, las leyes especiales exhiben incapacidad en la aplicación y observancia del derecho y sólo sirven para señalar la inoperancia y deficiencia, la impunidad, con la que actúan los órganos responsables de la persecución de los delitos y de la administración de justicia.
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