Opinión / Columna
 
Derecho Familiar 
Julián Güitrón Fuentevilla 
El divorcio en México, Distrito Federal
Organización Editorial Mexicana
16 de agosto de 2009

  * El divorcio en México, Distrito Federal

A casi un año de haberse reformado la regulación del divorcio en el Código Civil del Distrito Federal, debemos hacer un resumen que incluya los antecedentes históricos, para saber que fue el 20 de septiembre de 1792, cuando en plena Revolución Francesa, quienes eran los responsables de ella dictaron leyes, especialmente el divorcio, que permitían éste por tres causales: demencia y locura; consentimiento mutuo e incompatibilidad de humor o caracteres. De éstas, hoy, en el año 2009 sobrevive la última, es decir el divorcio unilateral sin causa, en el que cualesquiera de los cónyuges, porque así lo decidan, pueden dar por terminado su vínculo matrimonial. Es conveniente recordar como precedente, que formalmente el Código Napoleón de 1804, recoge la norma del Derecho revolucionario francés y lo establece como lo hemos señalado.

* Leyes copiadas del Código Napoleón

Las normas anteriores se copiaron en los códigos civiles de México y durante años hubo una regulación igual a la europea, la cual varió en profundidad en el año 2008, cuando en la ciudad capital, de un día para otro desapareció la legislación que se refería a varias causales; al divorcio voluntario judicial, subsistiendo el administrativo, que se tramita ante el juez del Registro Civil. Como decíamos, el 3 de octubre del año pasado, la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó que el divorcio podía solicitarse de manera unilateral, sin causa, hubiere o no hijos menores o mayores, independientemente del régimen económico en el que se hubieran casado; en una palabra, un desastre jurídico que cada día se constata en los 42 juzgados familiares y las cuatro salas correspondientes, porque todavía no hay criterios definidos, verbigracia, al no haber apelación, así lo ordena el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; algunos jueces consideran que deben esperar cuando menos 15 días para emitir su sentencia, esperando en ese lapso, la otra parte se pueda amparar; otros decretan el divorcio en los plazos que la ley dispone y lo hacen en un lapso máximo de 30 días.

Por otro lado, los problemas que derivan de liquidar la sociedad conyugal o garantizar los alimentos de los menores se han convertido en un verdadero galimatías para la autoridad judicial, en la cual, como lo ordena la ley, debe admitir la vía incidental para tramitar la controversia de orden familiar en alimentos o el ordinario civil en liquidación de la sociedad conyugal, lo que resulta tedioso y requiere más tiempo que lo que había; en otras palabras, ha sido una reforma desastrosa, la cual ya no tiene manera de corregirse como no sea en la Quinta Legislatura del Distrito Federal, que empieza el 1 de septiembre del presente año, debiendo tomarse en cuenta, en este caso, que las fuerzas políticas están semiequilibradas; ya no existe el carro completo de un partido y las reformas, si es que se dan, tendrán un gran costo y, sobre todo, difícil será restaurar a la familia con leyes protectoras o que regulen adecuadamente la disolución del vínculo matrimonial.

* Violación de garantías constitucionales

El divorcio en México, con su nueva regulación, viola las garantías constitucionales establecidas en los artículos 4º, 14 y 16 de la Carta fundamental, porque el divorcio unilateral se consuma, sin darle al otro la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, ya que el mal llamado divorcio incausado o exprés, atenta contra los derechos humanos fundamentales; olvídense ustedes, distinguidos lectores de los cónyuges, los de los hijos, sobre todo menores de edad, que como lo hemos visto reiteradamente, a capricho y voluntad del legislador se establecen diferentes edades -esto ha oscilado entre 7 y 12- para darle la guarda y custodia a la madre, cuyo único mérito para que así se haga es el hecho de ser del sexo femenino, sin atender al interés superior de los menores y, sobre todo, a que el Derecho Familiar es de orden público y que no puede una voluntad, de manera autónoma, porque se violan los artículos 6, 7 y 8 del Código Civil, determinar que el vínculo jurídico matrimonial se disuelva porque ella lo quiere; porque así lo desea, porque le da su gana o simplemente porque está harta de vivir como lo ha hecho hasta ese momento.

* La IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue un desastre

Todas estas reflexiones son producto del conocimiento y, sobre todo, de saber lo que la historia ha determinado en cuanto al Derecho Familiar, y la constante en la Asamblea Legislativa que se va ha sido la ignorancia, como se puede constatar con las barbaridades que han hecho con el Código Civil del año 2000, del cual podemos citar, entre otras, la aberración jurídica llamada guarda y custodia compartida ilimitadamente; la ley de sociedades de convivencia, cuyo fundamento jurídico, equivocado por supuesto, es que los efectos jurídicos que produzca esa sociedad sean los mismos del concubinato; cuando en el Código Civil comentado no existe el concubinato de dos personas del mismo sexo; no se admite que sea entre parientes, que tuvieran un impedimento legal para casarse y mucho menos si cualesquiera de los que pretenden celebrar una sociedad de convivencia estuviera casado; también, como una calamidad jurídica debe ratificarse lo de la edad, que en menos de tres años ha variado de 7 a 12, como ya lo dijimos, para que los menores, sea cual fuere su sexo, se queden por regla general con la madre; con lo que se cubrió de gloria el legislador actual -IV Legislatura- fue haber agregado el artículo 685 Bis al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal para prohibir, para impedir, para que no fuera posible -leyó usted bien, distinguido lector- que si el otro cónyuge, hablando del divorcio exprés, no estuviera de acuerdo con disolver su divorcio así, no podrá apelar, porque así lo ordena el precepto citado; le quedaría el recurso de un amparo, el cual habría que considerar en cuanto a que si es directo o indirecto, porque el decreto del juez, que no es una sentencia, sólo ha disuelto el vínculo; pero no ha dado satisfacción al supuesto de los menores que requieren alimentos o a la liquidación del régimen de sociedad conyugal, que se debe acoger, porque de ahí surge, como una parte del Derecho Familiar patrimonial; es decir, hay sociedad conyugal porque hay matrimonio; cómo puede subsistir la sociedad conyugal si ya no hay matrimonio, e iríamos más allá: fiscalmente, si los bienes de la sociedad conyugal se reparten después de haber disuelto el vínculo matrimonial, estaremos en presencia de una liquidación de un patrimonio, de una traslación de dominio a cada uno de los excónyuges, que tendrá que pagar un impuesto porque, de la sociedad conyugal protegida por el matrimonio, ahora estamos en una hipótesis de que son dos extraños repartiéndose una masa patrimonial.

* Nueva responsabilidad de la V Legislatura del Distrito Federal

Ojalá que esta clase de divorcio desaparezca o cuando menos ésta sería nuestra sugerencia a la Asamblea Legislativa próxima, la que empieza el 1 de septiembre del 2009, si dejan la causal como está, que le den la opción al otro cónyuge de decir, de expresar, de comparecer, para ejercer su garantía constitucional de ser oído y, si llegara a oponerse al divorcio unilateral de su cónyuge, que ofrezca pruebas, que diga por qué no se quiere divorciar, para que haya igualdad procesal, y entonces el juez familiar resuelva en justicia habiendo oído a ambos y, reiteramos, sin invocar causal alguna, pero atendiendo a la expresión de la voluntad de ambos, donde en atención al orden público, el juez emitirá una sentencia y por supuesto propondríamos la derogación del artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles, para que en su caso y como requisito de procedibilidad, antes de ejercer un juicio de garantías se hiciera lo propio con la apelación. Seguramente que nuestros distinguidos lectores, que nos honran leyendo estas líneas, podrán o no estar de acuerdo con nosotros; empero, debemos recordar que la ley ordena, no discute, y que el actual divorcio exprés, por decir lo menos, viola las garantías constitucionales establecidas en los artículos 4º, 14 y 16 de la Carta Magna.

* Proyección en el Canal Judicial ( aclaraciones); debaten Ronaldo Tamayo, Jorge Magallón y Julián Güitrón

Con el debido respeto que nos merecen nuestros lectores y la teleaudiencia del Programa Derecho Familiar, que como es del conocimiento de ustedes se proyecta los lunes de las 20:00 a las 21:00 horas en el Canal Judicial en Cablevisión 112, Sky 633 y por Internet: www.scjn.gob.mx con repetición los jueves de las 9:30 a las 10:30 horas, queremos disculparnos por este medio del artículo del la semana pasada y de la información que proporcionamos en él, porque equivocadamente nos referimos al programa La Filosofía del Código Napoleón y el Derecho Familiar, que será trasmitido mañana 17 de agosto, que por cierto es el día de mi cumpleaños, en el horario habitual, con la participación de dos distinguidos maestros eméritos y doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rolando Tamayo y Salmorán y Jorge Mario Magallón Ibarra, programa que como es del conocimiento de quienes leen estas líneas, es conducido por el suscrito, asumiendo además la responsabilidad de la temática tratada. Si usted distinguido lector tiene interés en leer lo que escribimos al respecto en este mismo espacio el día 9 de agosto del presente año, hágame el favor de consultar El Sol de México, que como usted lo constata día a día, es el mejor diario de la república mexicana, así como sus similares que se reproducen en las principales ciudades del país.

* Novedad del programa del Canal Judicial

Dentro de la equivocación, hay que subrayar que lo que se proyectó el día 10 de agosto como programa de Derecho Familiar, es la nueva modalidad que se establecerá una vez al mes, en la cual el que esto escribe, y así ocurrió en la fecha señalada, dedicará el programa completo a dar respuestas a quienes amablemente nos hacen llegar sus dudas al correo electrónico jguitron@derechofamiliar.net que mucho agradecemos y como lo hemos dicho antes, porque usted nos ve y escribe, este programa es una realidad. El pasado programa del 10 de agosto, que fue conducido por el suscrito, versó sobre diferentes tópicos de Derecho Familiar, respondiendo a ustedes, quienes nos preguntan y cuestionan, y ahí nos referimos a los supuestos de violación entre cónyuges; al robo entre los mismos, cuando estuvieren casados en sociedad conyugal; a las pruebas del ácido desoxirribonucleico para determinar la paternidad, la maternidad y fíjense bien ustedes, la filiación para que no sólo los padres sino en su caso los hijos, tengan la certeza de saber quiénes son sus verdaderos progenitores, ya que como lo dice la Convención Internacional de la Niñez, todos los niños tienen el derecho a conocer su identidad y quiénes son sus padres. Si usted vio el programa, escríbanos y díganos qué le pareció y si no, lo exhortamos a que lo haga en alguno de los jueves, de la repetición de los mismos, para mejorarlo y superarlo. Por lo pronto, acepte nuestras disculpas por la falla en lo escrito, en lo proyectado en el Canal Judicial, porque todo es imputable a nosotros.

* Consejería jurídica gratuita

El Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, A.C., fundado en el año 1973, sigue siendo la instancia que coadyuva para que el programa en Derecho Familiar siga conservando su hegemonía como el primero en la televisión mexicana de ayuda social; ya que como es de su conocimiento, en el domicilio social del mismo, ubicado en Nicolás San Juan 308, despacho 11 en el 6º piso, colonia Del Valle, C.P. 03100 del Distrito Federal, sigue dando consultas jurídicas gratuitas a todas las personas que lo solicitan al teléfono 56 39 22 35, en el horario de las 10;00 a las 14:00 horas de lunes a viernes, con el beneplácito de haber beneficiado ya a un buen número de familias, de madres y padres solteros, así como de casos de sucesiones legítimas y testamentarias y de investigación de la maternidad y paternidad. Recuerde que, en todos los supuestos, usted recibirá un diagnóstico verdadero, apegado a las leyes mexicanas, para que usted decida qué hacer con su persona, su familia o sus bienes.
 
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